EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Los cuatro negociadores del Senado han anunciado un acuerdo bipartidista para fijar en 150 días el plazo máximo con el que se puede impugnar un permiso energético, frente a los hasta seis años que permite hoy la ley federal.
- ¿Quién está detrás? La republicana Shelley Moore Capito, el demócrata Martin Heinrich, el demócrata Sheldon Whitehouse y el republicano Mike Lee, con el respaldo de la Casa Blanca.
- ¿Qué impacto tiene? Acelera y abarata los proyectos de generación y de red en EE. UU., el mercado donde Iberdrola, Acciona y Repsol concentran buena parte de su crecimiento exterior. El texto aún debe pasar por la Cámara y ser firmado por Trump.
El Senado cierra el acuerdo bipartidista que reforma los permisos energéticos: de seis años a 150 días para impugnar un proyecto.
Qué ha acordado el Senado y por qué el calendario aprieta
Los cuatro negociadores principales anunciaron el pacto este lunes. La republicana de Virginia Occidental Shelley Moore Capito preside el comité de Medio Ambiente y Obras Públicas del Senado; el demócrata de Nuevo México Martin Heinrich es el demócrata de mayor rango en Energía y Recursos Naturales; el también demócrata Sheldon Whitehouse encabeza la minoría en el primero, y el republicano de Utah Mike Lee cierra la mesa. Capito quiere publicar el texto antes del viernes.
El borrador que los republicanos compartieron el viernes con los sectores afectados fija el límite de 150 días para demandar al amparo de dos leyes federales: la NEPA —la Ley de Política Ambiental Nacional, de 1970, que obliga a las agencias federales a evaluar el impacto ambiental de un proyecto— y la norma que protege el patrimonio histórico. Hoy el plazo por defecto permite litigar hasta seis años, según el Bipartisan Policy Center.
Va bastante más allá del plazo. Prohíbe al poder ejecutivo revocar permisos salvo en supuestos tasados, estrecha la capacidad de los estados de bloquear proyectos por la Ley de Agua Limpia y facilita el trazado de líneas eléctricas entre estados. El Departamento de Energía dejaría de actuar como planificador nacional de la red, y los clientes solo pagarían una línea nueva si se benefician de ella. La versión definitiva, eso sí, no está cerrada.
El reloj juega en contra. John Thune, líder de la mayoría republicana, aseguró el 24 de septiembre que los republicanos y la Casa Blanca habían ‘cerrado el acuerdo’, según recogió Roll Call, e incorporado ‘esencialmente todas’ las peticiones demócratas. La Cámara ya aprobó en diciembre de 2025 un límite idéntico dentro de la ley de permisos conocida como SPEED Act, impulsada por el republicano de Arkansas Bruce Westerman y el demócrata de Maine Jared Golden. El Caucus Progresista votó en contra y calificó el plazo de ‘irrazonablemente corto’.
Los números lo sostienen. Los litigios bajo la NEPA retrasaron proyectos energéticos una media de 3,9 años entre 2013 y 2022, aunque las agencias federales ganaron el 71% de los casos, según el análisis del Breakthrough Institute. Las ONG presentaron el 74% de las demandas energéticas y solo diez organizaciones concentraron el 48%.
Washington no discute si la transición energética debe ocurrir: discute quién conserva el poder de retrasarla.
Lo que cambia para Iberdrola, Acciona y Repsol
Aquí entra España. Iberdrola opera en el mercado estadounidense a través de Avangrid, con redes reguladas en el noreste del país y una cartera renovable que depende de autorizaciones federales. Acciona y Repsol tienen parques eólicos y solares repartidos por varios estados, y buena parte del componente eólico que instalan sale de fábricas con matriz española. Un plazo de 150 días no elimina el litigio: lo comprime.
Para los promotores que operan en en Estados Unidos, el cambio se mide en coste de capital. Cada año de litigio es un año de financiación parada, de avales comprometidos y de contratos de venta de energía sin firmar. En Europa, la directiva de renovables fija plazos de autorización que en la mayoría de los casos no superan los 18 meses, pero no hay un límite equivalente para la vía judicial. Ese es exactamente el tramo que Washington acaba de legislar.
La Lógica de Washington
El problema no es ideológico, es físico. La red estadounidense se diseñó para otra economía y ahora debe absorber centros de datos para inteligencia artificial, electrificación del transporte y nueva industria. Cada proyecto atascado cinco años en los tribunales es un cliente que espera, una planta que no arranca y un precio mayorista más alto. Ese diagnóstico lo comparten las dos coaliciones: los republicanos quieren gas, nuclear y minería; los demócratas, renovables y líneas de transporte. Ambos necesitan lo mismo: que el permiso llegue antes que la demanda.
Hay un precedente tan americano como la ley que ahora se reforma. La NEPA la firmó Richard Nixon en 1970, un presidente republicano que quiso anticipar el conflicto ambiental antes de que lo judicializaran los tribunales. Medio siglo después, el mecanismo se ha vuelto contra quien lo creó. El primer corte lo dio en 2023 el acuerdo de techo de deuda, que ya introdujo plazos de dos años para las evaluaciones ambientales. La reforma en curso es la segunda capa y toca el eslabón que quedaba suelto: la demanda posterior.
Queda una incógnita razonable. El Senado no vuelve a trabajar hasta después de las elecciones del 3 de noviembre, así que la votación se irá al tramo final del año, y el texto tendrá que pasar otra vez por la Cámara. Los demócratas, por boca de Whitehouse, reclaman ‘más claridad’ sobre la vuelta al ‘procedimiento ordinario’ en los permisos de eólica y solar. Trump ofreció desbloquear unos 30 de los cerca de 300 parques eólicos que esperan el visto bueno del Pentágono, según Bloomberg. La cifra no contenta a nadie, y por eso el pacto sigue siendo frágil.
Ficha del Caso
- El caso: Los cuatro negociadores del Senado cierran un pacto para reformar la Ley de Política Ambiental Nacional y comprimir a 150 días el plazo para impugnar permisos energéticos.
- Datos clave: 150 días frente a los seis años vigentes; los litigios retrasaron proyectos una media de 3,9 años entre 2013 y 2022; la Cámara ya aprobó el mismo límite en diciembre de 2025; el Senado no vota hasta después del 3 de noviembre.
- Para España: Iberdrola, a través de Avangrid, junto a Acciona y Repsol, gana previsibilidad en su cartera estadounidense, mientras el capital para renovables compite en un mercado que acaba de acelerar sus trámites.
