La PAH denuncia que el Consell ha vaciado la unidad antidesahucios mientras la Comunitat lidera España con 8,2 desahucios al día.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de València sostiene que la Generalitat ha eliminado la asesoría jurídica de la Unidad de Ayuda ante Desahucios y ha renunciado al tanteo y retracto.
- ¿Quién está detrás? La Conselleria de Vivienda que dirige la vicepresidenta Susana Camarero niega el vaciamiento y defiende que la oficina conserva sus funciones de intermediación.
- ¿Qué impacto tiene? La Comunitat Valenciana sumó 741 lanzamientos en el primer trimestre, 13,7 por cada 100.000 habitantes, el dato más alto de España.
Ocho desahucios al día y una oficina que perdió a sus abogados
Los números no admiten discusión. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondientes al primer trimestre de este año, la Comunitat Valenciana es la autonomía española con más lanzamientos en relación con su población: 741 en total, 8,2 al día y 13,7 por cada 100.000 habitantes. La segunda, Murcia, se queda en 12,5 por cada 100.000, con 582 casos en términos absolutos.
La unidad de la que hablamos nació en 2021, con el anterior Consell de izquierdas, y su normativa se desarrolló por decreto en 2023. En 2022, todavía en rodaje, atendió a 1.372 familias, un 28,5% más que el año anterior. No todos los expedientes respondían a un riesgo inmediato de desalojo, pero los responsables de la oficina aseguraban entonces que los casos que llegaban se paralizaban o recibían una alternativa habitacional.
El portavoz de la PAH de València, José Luis González, entidad integrada en Junts per l’Habitatge, sostiene que el servicio no se ha suprimido formalmente pero carece de operatividad ejecutiva y judicial. El motivo: el contrato de la asesoría jurídica externalizada no se renovó. «La atención in situ es correcta y sensible por parte del personal», reconoce, «pero actualmente carece de capacidad ejecutiva y autonomía para actuar en caso de emergencia».
Lo que responde la Conselleria y lo que deja sin contestar
Desde la Conselleria de Vivienda, que dirige la vicepresidenta Susana Camarero, la versión es otra. El departamento asegura que «el servicio mantiene sus funciones de intermediación» y que puede trasladar al juzgado informes de vulnerabilidad que «pueden paralizar o aplazar los procedimientos de desahucios, como así ha ocurrido y sigue ocurriendo». También media entre inquilino y arrendador, sea empresa o particular, para buscar una salida al impago de las rentas.
Una unidad sin abogados puede acompañar a una familia hasta la puerta del juzgado, pero no tiene forma de evitar que la cruce.
A eso se suma la desaparición de otra herramienta. En junio de 2025, el Consell entonces presidido por Carlos Mazón derogó el decreto de tanteo y retracto, que obligaba a comunicar a la administración toda venta de vivienda por si la Generalitat consideraba necesario adquirir el inmueble. El doble objetivo era ampliar el parque público y frenar a los fondos de inversión que compran pisos alquilados para forzar la salida de los inquilinos, un patrón parecido al del caso de Mari Carmen, el desahucio que ha conmocionado al país y ha multiplicado las movilizaciones ciudadanas.
La conselleria defiende que el derecho de tanteo y retracto «se aplica en los casos que contempla la normativa y que son viables», y añade que «lo que no hace este Consell es comprar viviendas ocupadas, sin licencia de ocupación, destruidas o vandalizadas». Sobre el registro de grandes tenedores de vivienda vacía, González asegura que no les consta que se actualice y que no existe información completa de los fondos y bancos con pisos vacíos. El departamento responde que sí se actualiza y que cada año se realiza la autoliquidación del impuesto, aunque no aporta ninguna cifra concreta.
La conselleria traslada el foco a Madrid. Sostiene que el principal gran tenedor es el Gobierno de España, propietario del 74% de las viviendas vacías de la Comunitat a través de la Sareb, y le reprocha haber cedido 14.000 viviendas a Cataluña mientras negaba la compra a ayuntamientos valencianos que la habían reclamado. Cita el caso de Casa 47, con alquileres de hasta 1.036 euros para familias con rentas superiores a los 85.000 euros netos anuales. En paralelo, la PAH lamenta que tampoco se hayan resuelto las denuncias por acoso inmobiliario presentadas a la Generalitat.
El desmantelamiento, dicen desde la plataforma, no afecta solo a la Generalitat. También ha desaparecido la Oficina por el Derecho a la Vivienda del Ayuntamiento de Valencia, con más de 6.000 expedientes atendidos y una valoración muy positiva, mientras se habilitaba una oficina antiokupas con actividad residual. Ya en marzo de 2024, en una reunión con el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, González trasladó la necesidad de no suprimir la unidad de emergencia habitacional. Dos años después, el servicio sigue en pie sobre el papel.
El Escenario Valenciano
El choque entre la PAH y la Conselleria no es un episodio aislado, sino la fotografía de cómo el pacto PP-Vox ha reordenado las prioridades del Consell de Juanfran Pérez Llorca. La vicepresidenta Camarero acumula Vivienda en un ejecutivo que ha hecho del discurso de la seguridad y la propiedad su bandera, mientras PSPV y Compromís reclaman en las Corts que se recuperen las herramientas derogadas. La oposición pide datos, no relatos: cuántas familias han pasado por la unidad este año, cuántos informes de vulnerabilidad han llegado a los juzgados y con qué resultado.
La dimensión nacional es inseparable del caso. La Sareb, sociedad estatal, concentra el 74% de las viviendas vacías que la Generalitat pone sobre la mesa, y el reparto de esos inmuebles entre autonomías se ha convertido en un pulso político entre Madrid y Valencia que se libra también en el Congreso. La comparación con otras comunidades muestra que no hay un patrón único: el tanteo y retracto sigue operativo en algunas autonomías y ha sido desactivado en otras, sin que exista todavía una evaluación estatal del impacto real sobre los desahucios.
La proyección inmediata pasa por tres frentes abiertos. El primero, el registro de grandes tenedores: mientras no se publiquen sus datos, el recargo impositivo sobre la vivienda vacía seguirá siendo una promesa sin verificar. El segundo, las denuncias por acoso inmobiliario que continúan sin resolverse. El tercero, el calendario político: cada nuevo dato del CGPJ volverá a poner a la Comunitat frente a su propio espejo, con 8,2 desahucios al día como cifra incómoda. Y con un expresident, Carlos Mazón, todavía presente en las Corts, la política valenciana vive instalada en la contradicción.
Ficha del Caso
- El caso: La PAH de València denuncia que la Generalitat ha dejado sin asesoría jurídica la Unidad de Ayuda ante Desahucios y ha renunciado al tanteo y retracto frente a los fondos de inversión.
- Datos importantes: 741 lanzamientos en el primer trimestre, 8,2 al día y 13,7 por cada 100.000 habitantes. La unidad atendió a 1.372 familias en 2022, un 28,5% más que en 2021. El decreto de tanteo y retracto se derogó en junio de 2025.
- Resumen: El Consell niega el vaciamiento y traslada el foco a la Sareb y al Gobierno central; la PAH mantiene que la oficina carece de capacidad para paralizar desahucios.
