Ourense registró 152 desahucios en 2025, uno cada dos días y medio y la cifra más alta desde la pandemia.
Un lanzamiento cada dos días y medio en la provincia
El término judicial lanzamiento designa la ejecución efectiva del desalojo, y la serie que publica el Consejo General del Poder Judicial no admite matices: 152 en 2025, el registro más alto en la provincia desde los peores meses de la pandemia. En una década, Ourense ha acumulado 1.714 desalojos.
El motivo de fondo ha cambiado. El impago del alquiler concentró 128 de los 152 lanzamientos de 2025, ocho de cada diez. Entre 2013 y 2018 esa causa explicaba entre el 70% y el 75% de los casos; a partir de 2019 la proporción se disparó y quedó instalada entre el 81% y el 86%. La ejecución hipotecaria pierde peso relativo, pero no desaparece del paisaje.
Las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda subieron hasta las 40 el pasado ejercicio, la tercera cifra más alta desde 2016. No todas terminan en la calle: el año se cerró con 14 desalojos por impago del préstamo, porque el resto derivó en abandonos voluntarios o en reestructuraciones de deuda.
La calle se organiza: «una espiral que empieza a tragar»
La estadística dejó de ser un asunto de despachos. El martes, una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno en Ourense exigió soluciones urgentes y después se desplazó al Concello. Detrás de la convocatoria está Vivenda Xa, la plataforma que sostiene que el problema ya no distingue entre jóvenes precarios y familias asentadas.
En Ourense el desahucio ya no es un problema de jóvenes precarios: golpea también a familias con dos sueldos y a migrantes con empleo estable.
«La situación de la vivienda se convierte cada vez más en una espiral que empieza a tragar», resume Hadrián Alonso, de la plataforma Vivenda Xa. Su diagnóstico pasa por la falta de oferta y por una salida concreta: rehabilitar las viviendas que llevan años cerradas o en mal estado antes que tensar aún más el suelo disponible con obra nueva.
Su segundo argumento apunta a la escala: ciudades medianas, universitarias, y sin gran tejido industrial que arrastran alquileres muy elevados. Y una advertencia que rompe el tópico: a la plataforma se suma gente joven, pero también vecinos llegados de otros países que llevan toda la vida de alquiler, tienen dos trabajos estables y no llegan a fin de mes.
El Laboratorio Gallego
Ourense permite leer el problema de la vivienda en formato reducido. La provincia reúne dos realidades que rara vez coinciden: un parque residencial envejecido y diseminado, con mucha vivienda cerrada en el rural, y un mercado de alquiler tan estrecho que cualquier subida de precios expulsa a quien menos margen tiene. De ahí sale la paradoja que explica la escalada: no falta vivienda, falta vivienda disponible.
El PPdeG (el Partido Popular de Galicia, que gobierna la Xunta de Galicia con mayoría absoluta ininterrumpida desde 2009) gestiona la vivienda como competencia autonómica compartida con el Estado.
Frente a él, el BNG (el Bloque Nacionalista Galego, primera fuerza de la oposición en el Parlamento de Galicia) y el PSdeG (la federación gallega del PSOE) han situado el acceso a la vivienda entre sus ejes de confrontación con el Gobierno gallego.
El desahucio de una mujer de 87 años en el barrio madrileño del Retiro, con más de setenta años en la misma casa, colocó el debate en las portadas nacionales. Los números de Ourense demuestran que el mismo mecanismo opera en el interior, con otro parque y otra escala.
La incógnita es hacia dónde gira el debate. Si se concentra en los precios y no en el stock disponible, cualquier tope normativo llegará tarde a provincias como esta, donde el alquiler ha dejado de ser un puente hacia la compra para convertirse en una trampa. La próxima entrega de datos del Consejo General del Poder Judicial y la agenda de movilizaciones de Vivenda Xa marcarán si 2025 queda como techo o si la provincia sigue sumando lanzamientos. Galicia ofrece, una vez más, el experimento a escala pequeña de lo que después se discute en Madrid.
Ficha del Caso
- El caso: Ourense cierra 2025 con 152 desahucios, máximo desde la pandemia y uno cada dos días y medio; el impago del alquiler explica 128 de ellos.
- Datos importantes: 1.714 lanzamientos en una década; 40 ejecuciones hipotecarias en 2025, la tercera cifra más alta desde 2016, de las que solo 14 acabaron en desalojo. Fuente: Consejo General del Poder Judicial.
- Resumen: La crisis de la vivienda se ha trasladado del litoral a las provincias del interior, donde el alquiler impagado sostiene ocho de cada diez desalojos. La lectura gallega anticipa el debate nacional.
