El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha declarado este miércoles como testigo ante la jueza María Tardón en la causa que investiga la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos registrada en la ciudad autónoma. Según el relato trasladado a la magistrada, el Gobierno ceutí alertó al Ejecutivo central y reclamó refuerzos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado antes de que miles de personas cruzaran la frontera.
Vivas compareció ante la titular de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, el antiguo Juzgado Central de Instrucción 3, en la Audiencia Nacional. Su testimonio es el primero que se practica en esta causa, abierta a raíz de una denuncia de Iustitia Europa que después secundó Vox. La declaración dibuja una secuencia de llamadas, reuniones y advertencias que, según el presidente ceutí, buscaban poner sobre aviso al Gobierno central.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? El presidente de Ceuta ha declarado como testigo ante la jueza Tardón sobre las advertencias previas a la entrada masiva.
- ¿Dónde y cuándo? En la Audiencia Nacional, este miércoles 30 de septiembre.
- ¿Qué resultado? Vivas relató diez intentos de contacto con Moncloa, tres respuestas y la petición de refuerzos de las FCSE, emergencia nacional y mando único.
Diez llamadas, tres respuestas y una petición de refuerzos
Según fuentes jurídicas conocedoras de la comparecencia, Vivas explicó a la magistrada que el 25 de julio mantuvo una conversación con quien entonces era delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. Dos días después, el 27 de julio, ambos se reunieron. Fue en ese encuentro cuando, siempre según su testimonio, solicitó más efectivos policiales, la declaración de una emergencia nacional y el establecimiento de un mando único para afrontar una situación que el Ejecutivo autonómico consideraba cada vez más preocupante.
Ese mismo 27 de julio, añadió, intentó contactar directamente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin éxito. Fue atendido después por el jefe de Gabinete de la Presidencia, Diego Rubio, a quien trasladó la gravedad de la situación y la necesidad de adoptar medidas preventivas. En los días siguientes mantuvo contactos con varios miembros del Ejecutivo, entre ellos la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
La investigación sobre los días previos
Según las mismas fuentes, el presidente ceutí relató que llegó a realizar diez llamadas a Moncloa para trasladar su preocupación y que solo obtuvo respuesta en tres ocasiones, siempre a través de Diego Rubio. Tanto el jefe de Gabinete como los ministros con los que consiguió hablar le transmitieron, según su versión, que se trataba de una crisis migratoria más.
Vivas reclamó hasta diez veces el despliegue de más efectivos de las FCSE, la declaración de emergencia nacional y un mando único para la frontera.
Vivas situó ante Tardón la primera conversación directa con Pedro Sánchez en la tarde del 30 de julio, cuando miles de personas ya habían cruzado a territorio español. Según explicó, pidió al presidente del Gobierno que viajara a Ceuta para transmitir confianza a la población y reforzar la presencia institucional del Estado en plena crisis.
El presidente ceutí también manifestó que las comunicaciones con la Delegación del Gobierno fueron, en su opinión, unidireccionales, y aportó a la causa comunicados de prensa y transcripciones de ruedas de prensa de la Junta de Gobierno de aquellos días. A la salida de la Audiencia Nacional, evitó detallar su declaración y se limitó a pedir confianza en el trabajo de la Justicia. «Era una llamada de alerta», subrayó, en referencia al incremento de llegadas que el Gobierno ceutí había detectado.
El contexto institucional
La comparecencia sitúa el foco sobre la coordinación entre administraciones en la frontera de Ceuta, uno de los dos pasos terrestres de España con Marruecos y punto de vigilancia permanente de la Guardia Civil, el cuerpo competente en el control de fronteras. La investigación deberá esclarecer ahora qué información manejaba cada administración en los días previos y si existieron señales suficientes para anticipar la magnitud de lo ocurrido.
La Policía Nacional y la Guardia Civil mantienen en Ceuta un dispositivo conjunto para la vigilancia de la frontera y la atención a la presión migratoria, en coordinación con el Ministerio del Interior. A través del CITCO (el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el órgano del Ministerio del Interior que coordina la inteligencia policial), se analizan las redes de tráfico de personas que operan en el Estrecho, una de las rutas migratorias más vigiladas de Europa y seguida de cerca por los registros operativos que maneja Europol.
El refuerzo de efectivos en las fronteras es una de las demandas recurrentes de las ciudades autónomas y una de las prioridades operativas del Ministerio del Interior, que coordina el despliegue de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Ceuta y Melilla. La petición de Vivas se enmarca en la competencia exclusiva del Estado sobre el control de fronteras, ejercida por la Guardia Civil bajo la dirección del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. La causa sigue abierta y la magistrada deberá practicar nuevas diligencias para fijar la secuencia exacta de las comunicaciones entre el Gobierno ceutí y la Administración central.
