Vox ha respaldado este miércoles en el Senado la ley del PP para rechazar las llegadas a nado a Ceuta y Melilla. La iniciativa ha superado su primer trámite con el apoyo de 145 de los 253 senadores que han votado.
La Cámara Alta, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, ha dado luz verde a la tramitación de una reforma de la Ley de Extranjería destinada a impedir las entradas irregulares por mar. Vox se ha sumado a esa mayoría y el texto pasa ahora al Congreso, donde el PSOE y Sumar reúnen votos suficientes para paralizarlo.
La reforma toca un punto muy concreto del ordenamiento: el apartado 1 de la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, un redactado que data de 2015. El texto vigente permite rechazar a los extranjeros detectados en la línea fronteriza de Ceuta o Melilla ‘mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera’. La propuesta amplía esa posibilidad a quienes sean ‘detectados o interceptados en la línea fronteriza terrestre o marítima’.
El respaldo de Vox se apoya en un argumento que el partido repite desde el verano: la ley vigente deja sin cubrir un supuesto que ya se ha producido en la práctica. El Tribunal Supremo interpretó el pasado mes de junio que el rechazo ‘en caliente’ en frontera alcanza solo a los inmigrantes irregulares que superan la valla terrestre, y no a quienes llegan nadando.
La senadora de Vox María Pastor ha reclamado al Gobierno que devuelva ‘de inmediato’ a quienes entraron de forma masiva en Ceuta a finales de julio. ‘Si no, están favoreciendo ustedes el efecto llamada’, ha advertido durante el debate. Su intervención resume la tesis del partido: sin un mecanismo de rechazo también por mar, la frontera queda a medio cerrar.
La reforma no inventa una figura nueva: extiende a la línea marítima un rechazo en frontera que el Supremo había acotado a la valla terrestre.
Desde el PP, la portavoz Alicia García ha defendido que la finalidad de la reforma ‘es aprobar un mecanismo rápido, seguro y con todas las garantías para el rechazo de inmigrantes irregulares que intenten acceder ilegalmente a Ceuta y Melilla’. La senadora ha añadido que la norma busca ‘enviar al mundo un mensaje de fortaleza y de seguridad jurídica en nuestra frontera’. El PP ha convertido la frontera de las dos ciudades autónomas en uno de sus ejes de oposición al Gobierno desde la entrada masiva de finales de julio.
Qué recorrido tiene la iniciativa en el Congreso
Lo que el Senado ha aprobado con holgura no tiene el mismo reflejo en el Congreso de los Diputados. Los 145 votos de los 253 senadores que han participado en la votación se explican por el peso del PP en la Cámara Alta y por la suma de Vox; en la Cámara Baja, en cambio, el PSOE y Sumar disponen de mayoría suficiente para detener la tramitación.
El voto contrario de Junts ha añadido un matiz propio al debate. Su senador Joan Bagué ha justificado su posición en que la reforma no prevé cómo gestionar a los menores no acompañados ‘ni cómo financiar a los territorios que acogen a estos menores’, ni tampoco ‘la transparencia debida sobre la previsión sobre estas crisis’. Bagué ha reivindicado la ‘tradición humanista’ de su partido y ha rechazado compartir ‘posturas populistas y extremistas, por más de moda que puedan ponerse’.
En el PSOE conviven dos lecturas del mismo asunto. La senadora socialista Inmaculada Sánchez Roca ha defendido que la Ley de Extranjería es ‘suficiente’ y ‘eficaz’. El propio Pedro Sánchez, en cambio, adujo la sentencia del Supremo de junio como uno de los principales motivos de la entrada masiva de finales de julio, y el grupo socialista ha empezado a contemplar la reforma como acertada, según reconocen fuentes parlamentarias.
La estrategia de Vox: inmigración, seguridad jurídica y presión al PP
El movimiento encaja en la línea que Vox viene desplegando desde hace dos años: convertir la inmigración irregular en el eje de su oposición y en el marcador de distancias con el PP. El partido de Santiago Abascal sostiene que la política migratoria es la frontera que separa dos formas de entender la soberanía, y este miércoles no ha necesitado presentar una iniciativa propia para exhibirlo: le ha bastado con sumar sus votos a la del PP y reclamar después la devolución inmediata de quienes entraron en Ceuta.
Hay un precedente que la dirección tiene presente. En julio de 2024, Vox rompió los gobiernos de coalición que mantenía con el PP en varias comunidades autónomas a cuenta del reparto de menores no acompañados, y desde entonces condiciona cualquier acuerdo de investidura a un giro en materia migratoria. La ley Ceuta Melilla le permite fijar posición en el terreno que considera propio sin asumir el coste de gestionar una frontera que no gobierna.
El siguiente hito es la calificación del texto por la Mesa del Congreso, paso previo a un eventual debate en el Pleno. Ahí se medirá la relación de fuerzas real: el Senado ya ha cumplido su parte con el respaldo de Vox, y corresponde ahora al PSOE decidir si mantiene que la ley vigente basta o asume el cambio que el presidente del Gobierno justificó en junio. Vox, mientras tanto, ya ha colocado la discusión donde quería.
