Vox exige de nuevo a la Comisión Europea respuestas sobre los controles de antecedentes penales de la ley de nietos. El jefe de la delegación de la formación en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha firmado una nueva pregunta escrita para forzar un pronunciamiento expreso del Ejecutivo comunitario sobre los riesgos de seguridad que, según el partido, arrastra la aplicación de la norma en España.
Qué exige Buxadé a la Comisión Europea y con qué argumentos
La pregunta escrita llega después de que Bruselas dejara sin responder a dos cuestiones concretas, según la delegación de Vox. La primera afecta a los controles de antecedentes penales de quienes obtienen la nacionalidad por esta vía. La segunda, a la contratación de empresas públicas cubanas para gestionar el procedimiento.
Vox sostiene que el Gobierno de Pedro Sánchez recurrió a una instrucción administrativa para ampliar los supuestos de acceso a la nacionalidad y, con ello, alterar el censo electoral. De ahí su ofensiva en Bruselas: si el procedimiento se ensancha sin verificar la situación penal de los solicitantes, el asunto deja de ser un trámite y pasa a ser un problema de seguridad.
En su respuesta del 27 de agosto, el comisario Michael McGrath recordó que corresponde a los Estados miembros fijar los requisitos para adquirir la nacionalidad, siempre con respeto al Derecho de la Unión. Sostuvo además que las disposiciones españolas consultadas no parecen comparables con el programa de Malta, porque no aprecia una concesión de nacionalidad a cambio de inversiones o pagos.
Ninguna de esas consideraciones entra en el fondo del asunto que Vox plantea. La contestación no incluye valoración alguna sobre los riesgos de conceder la nacionalidad sin exigir antecedentes penales ni sobre la intervención de empresas públicas cubanas, un extremo que la delegación considera especialmente sensible.
La delegación de Vox no discute que la nacionalidad sea competencia nacional: discute que Bruselas esquivara las dos preguntas que sí tocan la seguridad europea.
La repregunta insiste en el caso maltés. Vox rechaza que el análisis se limite a la existencia de una contraprestación económica y sostiene que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe leerse también a la luz de la relación de solidaridad y lealtad entre un Estado y sus nacionales.
Vox reafirma que la concesión de la nacionalidad es competencia nacional y que corresponde al Gobierno de España responder por su actuación. En paralelo, pide a la Comisión que examine, dentro de sus atribuciones, las implicaciones del proceso para el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia.
Qué margen tiene Bruselas y qué papel juega el Tribunal Supremo
El margen de maniobra de la Comisión es limitado por diseño. No puede sustituir a un Estado miembro en una competencia que le es propia, pero sí puede pronunciarse cuando un procedimiento nacional proyecta efectos sobre la cooperación judicial y policial. Ese es el terreno que Vox le reclama, y el Ejecutivo comunitario afronta ahora un nuevo plazo para responder por escrito.
En España, el frente avanza por otra vía. El Tribunal Supremo ha acordado medidas cautelares sobre las inscripciones censales afectadas, un pronunciamiento que la formación lee como un respaldo a su tesis sobre el uso administrativo del procedimiento. La ofensiva europea y la judicial se alimentan entre sí.
La vía escrita permite a Vox colocar el asunto en el registro oficial de la Eurocámara sin depender de mayorías ni de la agenda de otros grupos. Cada pregunta obliga a la Comisión a fijar posición y deja rastro documental. Es un instrumento lento, pero difícil de esquivar de forma indefinida.
La estrategia de Vox: Bruselas como caja de resonancia del pulso con el Gobierno
La lectura política es otra. Vox sitúa el debate de la nacionalidad en el marco del espacio de libertad, seguridad y justicia, un terreno donde se mueve con mas soltura que en la aritmética del Congreso de los Diputados, donde sus 33 diputados no bastan para fijar la agenda legislativa. El marco que emplea es el de la seguridad interior, el mismo que utiliza en su agenda sobre inmigración.
Desde su integración en el grupo Patriotas por Europa, la delegación ha convertido la Eurocámara en una plataforma para trasladar conflictos españoles al terreno comunitario. El asunto de la nacionalidad encaja en ese patrón. También en un cálculo más inmediato: mientras el alto tribunal revisa las inscripciones censales, Bruselas queda retratada si mantiene silencio sobre los antecedentes penales.
El precedente que cita la propia delegación está en Madrid. Vox presume de haber forzado el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre las inscripciones censales, y ahora traslada la misma lógica a Bruselas: si un procedimiento administrativo altera el censo, el asunto trasciende el ámbito puramente interno. La comparación con el caso maltés sirve, precisamente, para instalar esa sospecha en el expediente europeo.
Queda por ver si la Comisión responde con una valoración específica o vuelve a refugiarse en la competencia nacional. Si no llega al fondo, la delegación de Vox tiene margen para registrar nuevas preguntas y mantener vivo un asunto que el Gobierno preferiría cerrar en Madrid. El expediente europeo seguirá abierto.
