PP y Vox han bloqueado en las Corts Valencianes las zonas tensionadas de alquiler que pedían trece municipios valencianos. Tres de esos ayuntamientos están gobernados por los propios populares. La votación llegó en el marco del debate de política general, donde la mayoría también rechazó retirar el escaño al expresident Carlos Mazón.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Las Corts rechazan declarar mercado tensionado en trece municipios que lo habían solicitado y tumban tres iniciativas de la oposición sobre el expresident Mazón.
- ¿Quién está detrás? Los votos de PP y Vox frente a PSPV y Compromís, en la comunidad que lidera el alza del alquiler en España.
- ¿Qué impacto tiene? Los inquilinos de esos municipios seguirán sin el tope del Índice de Referencia y sin la limitación de las actualizaciones de precio.
La votación que deja a trece municipios sin tope al alquiler
Hasta julio, trece ayuntamientos habían pedido al Consell que declarara sus cascos urbanos zona de mercado residencial tensionado, la figura que recoge la Ley estatal de Vivienda y que impide firmar contratos por encima del Índice de Referencia o actualizar precios de forma arbitraria. PSPV y Compromís llevaron esa demanda al pleno; PP y Vox la tumbaron.
En la lista figuran Dénia, Mislata, Sedaví, Pobla de Farnals, Sagunto, Almàssera Gandia, Burjassot, Aldaia, Bonrepòs i Mirambell, Petrer, Bunyol y Alginet. Tres de ellos —Bunyol, Alginet y Almàssera— están gobernados por el PP. El resto están en manos de la izquierda.
La negativa choca con los datos. El precio del alquiler subió en agosto un 5,6% en variación mensual y un 14,3% interanual, hasta los 15,63 euros por metro cuadrado al mes, según el Índice Inmobiliario de Fotocasa. En mayo de 2013 ese mismo indicador marcaba 11,17 euros. La Comunitat lidera también el aumento de los desahucios: 741 en el primer trimestre de 2026, 8,2 al día y 13,7 por cada 100.000 habitantes, la mayoría por impagos del arrendamiento.
Otras comunidades avanzan en la dirección contraria. Un total de 310 municipios de Galicia, País Vasco, Navarra y Catalunya están ya declarados zona tensionada. El caso gallego incomoda especialmente al PP, porque allí gobierna el propio partido. En esas localidades no se pueden firmar contratos por encima del Índice de Referencia ni actualizar los precios de forma arbitraria.
Catalunya fue la primera autonomía en acogerse al mecanismo, en 2024, después de 33 meses consecutivos de subidas. Sus datos oficiales son hoy el mejor laboratorio disponible: los precios han caído un 4,7% en la ciudad de Barcelona y un 1,3% en el conjunto de las zonas declaradas, mientras en las áreas no tensionadas subían un 9,5% en el mismo periodo.
Declarar una zona tensionada es una decisión política: el PP la aplica en Galicia y la vota en contra en la Comunitat Valenciana.
El escaño de Mazón, sus WhatsApp y el blindaje del grupo popular
El pleno votó también sobre el expresident. PSPV y Compromís plantearon que Mazón renuncie a su acta de diputado en las Corts, lo que le haría perder el aforamiento —la condición que reserva al tribunal superior el enjuiciamiento de los parlamentarios— y la protección que conlleva ante la instrucción judicial que se sigue en el juzgado de Catarroja por la gestión de la DANA (la Depresión Aislada en Niveles Altos que provocó las inundaciones de octubre y noviembre de 2024). La mayoría rechazó la propuesta.
Las iniciativas iban más lejos. La oposición reclamó que el expresident haga públicos los mensajes de WhatsApp del día de la catástrofe, una documentación que la jueza ha pedido de forma voluntaria y que Mazón ha declinado entregar hasta ahora. El PSPV sumó una tercera propuesta: que la Generalitat celebre un acto institucional de «homenaje, reparación y justicia en memoria de las víctimas de la dana». PP y Vox votaron en contra de las tres.
La diputada del PP Laura Chulià defendió que el debate sobre el aforamiento «carece de sentido» después de la resolución unánime del TSJCV (el Tribunal Superior de Justicia valenciano), que a su juicio constata la «ausencia de cualquier responsabilidad del expresidente». La instrucción sigue su curso en Catarroja con Mazón todavía aforado.
El Escenario Valenciano
El pacto entre PP y Vox aguanta sin fisuras aparentes. La mayoría que sostiene al president Juanfran Pérez Llorca ha votado en bloque dos asuntos de alto coste simbólico: el precio del alquiler y la figura del expresident. La oposición, con PSPV y Compromís alineados en esta carpeta, no tiene números para tumbar nada, pero sí para fijar el marco del debate hasta el próximo pleno. Pérez Llorca mantiene la estrategia de no abrir grietas con sus socios.
La dimensión nacional es evidente. La ley de vivienda es estatal y su aplicación depende de las comunidades: 310 municipios ya la usan, cuatro autonomías la han activado y entre ellas está Galicia, gobernada por el PP. Esa contradicción entre lo que el partido hace en Santiago y lo que rechaza en Valencia planea ya sobre el Congreso, donde el Gobierno de Pedro Sánchez reclama coordinación autonómica en vivienda y en fondos de la DANA.
Queda calendario: el Consell deberá tramitar los presupuestos autonómicos de 2027 en las próximas semanas, los trece municipios pueden insistir por vía administrativa y la instrucción de Catarroja tiene nuevas diligencias previstas. El escaño de Mazón volverá al orden del día más pronto que tarde.
Ficha del Caso
- El caso: Las Corts rechazan con los votos de PP y Vox la declaración de zonas tensionadas de alquiler en trece municipios y las tres iniciativas de la oposición sobre el escaño del expresident Mazón.
- Datos importantes: Alquiler un 14,3% más caro en tasa interanual y 15,63 euros por metro cuadrado; 741 desahucios entre enero y marzo de 2026; 310 municipios tensionados en cuatro autonomías, Galicia incluida.
- Resumen: La mayoría mantiene intacto el escaño de Mazón y deja a los municipios valencianos sin el mecanismo estatal de control de precios del alquiler.
