Las fundaciones que los partidos declaran como vinculadas se presentan como espacios de formación e ideas, pero reciben millones de euros públicos y su actividad docente resulta difícil de medir. Esta lista examina esa distancia desde cinco ángulos: la relación entre dinero recibido y horas impartidas, la vía por la que llega el dinero —convocatoria pública hasta 2023, subvención nominativa después—, el censo que el Tribunal de Cuentas levanta cada año preguntando a las formaciones, los patronatos que fijan la vinculación legal y los documentos que faltan en los portales de transparencia.
El criterio es confrontar lo que las fundaciones declaran con lo que se puede comprobar. La Ley Orgánica 8/2007 no considera vinculada a una fundación por su nombre ni por su historia, sino por quién se sienta en su patronato, de modo que el rastro de cargos orgánicos en esos órganos pesa más que cualquier otra pista. Donde falta información —no existe un censo público y cerrado y escasean memorias y cuentas—, la lista lo indica en vez de estimarlo.
1Horas de formación por cada euro público: la ratio que mide el discurso con la práctica
Si se intenta dividir el dinero público que reciben las fundaciones de los partidos entre las horas de formación que imparten, la operación no sale. No porque el resultado sea escandalosamente bajo, sino porque nadie lo mide. La subvención se concede como «gasto de funcionamiento», se justifica con facturas y una memoria de actividades y no exige ni un mínimo de horas lectivas ni un número de alumnos. En 2024, el Ministerio de Cultura repartió 350.000 euros mediante el Real Decreto 963/2024 entre las fundaciones de los partidos con representación en el Congreso, en proporción a sus escaños y por concesión directa, sin concurrencia. El texto ampara cursos, seminarios, publicaciones, congresos o centros de documentación y fija un techo del 75% del presupuesto de ingresos de la entidad: no paga un servicio formativo concreto, sostiene una estructura. Con esos mimbres no hay denominador; la ratio mide, sobre todo, la falta de métricas.
La contabilidad disponible confirma que la formación es un residuo. El Tribunal de Cuentas cifró en 4,93 millones las subvenciones públicas a estas entidades en 2021 y 2022 y en 7,93 millones las donaciones y transferencias de los partidos. La Fundación Concordia y Libertad, del PP, acumuló 1.976.009,64 euros en ayudas; la Pablo Iglesias cerró 2022 con un patrimonio negativo de 2,25 millones. El informe detectó doce y once fundaciones sin actividad en esos ejercicios y pidió a sus patronatos que se disuelvan, con la advertencia de que no pueden quedar como meras tenedoras de inmuebles ni como vía para canalizar recursos del partido. El caso de Disenso es el más elocuente: de los 17.000 euros que generó por su cuenta en 2024, 10.000 fueron publicidad y unos 7.000, cursos de formación, frente a dos millones transferidos por Vox y 77.000 en ayudas de Exteriores y Cultura.
