La Policía Nacional solo ha localizado a 150 de los 450 inmigrantes con asilo denegado en Ceuta; 300 siguen en paradero desconocido.
Los agentes sospechan que buena parte de los no localizados permanece escondida en pisos patera e infraviviendas de la ciudad autónoma para evitar la devolución a Marruecos, según la información publicada por La Gaceta a partir de fuentes policiales recogidas por La Razón. Dos tercios de los afectados han desaparecido del radar administrativo.
La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado la proliferación de viviendas usadas para alojar clandestinamente a inmigrantes, con especial incidencia en la barriada del Príncipe. Algunos propietarios han convertido habitaciones, garajes y trasteros en alojamientos improvisados para obtener ingresos aprovechando la crisis migratoria. En varias de las últimas intervenciones se han detectado alquileres de entre 400 y 500 euros mensuales por espacios sin condiciones de habitabilidad, con hacinamiento y deficiencias higiénicas graves.
Las fuentes policiales consultadas no descartan que parte de los 300 haya logrado trasladarse a la Península a través de redes de inmigración irregular, aunque consideran más probable que permanezcan ocultos en distintos barrios de Ceuta. La propia CEP recuerda que el favorecimiento de la inmigración ilegal puede constituir un delito conforme al artículo 318 bis del Código Penal cuando concurren los requisitos legalmente establecidos.
El argumentario de Vox: sin control de fronteras no hay devolución que se ejecute
Para Vox, el dato no es una anécdota operativa sino la demostración de su tesis central sobre inmigración. La dirección del partido sostiene que un sistema que tarda meses en resolver un expediente y que deja al solicitante rechazado en libertad de movimientos antes de ejecutar la salida condena cualquier dispositivo policial al fracaso. Su receta pasa por la remigración —la expulsión efectiva de quienes permanecen de forma irregular—, por el desmantelamiento de los pisos patera y por perseguir a las redes que lucran con la entrada clandestina.
Dos tercios de los expedientes rechazados se diluyen en pisos patera: un procedimiento que llega tarde y una frontera que no se controla.
En el discurso que la formación ha desplegado en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo, la agilización de los expedientes de asilo no es un problema administrativo sino de voluntad política. El partido vincula la falta de ejecuciones a la laxitud del marco vigente y reclama que la denegación de protección internacional active de forma automática el procedimiento de salida. Sin esa pieza, sostiene, cada expediente rechazado se convierte en un residente de hecho.
Por qué el operativo se queda a medio camino
La dificultad es doble. Los agentes que participan en el dispositivo advierten de que la demora en resolver los expedientes facilita que los solicitantes rechazados abandonen los centros de acogida y eludan los trámites de devolución, sobretodo cuando la resolución llega meses después de la entrada. A eso se suma el coste: el Gobierno de Ceuta cifra en 45 millones de euros el gasto extraordinario de atender los servicios básicos de la ciudad.
De la respuesta del Ejecutivo central no hay novedad. No consta que el Ministerio del Interior haya anunciado un refuerzo del dispositivo ni un calendario para acelerar los expedientes, y la única cifra que ha trascendido es la de los 150 identificados y expulsados. La incertidumbre sobre cuántos de los 300 siguen en Ceuta y cuántos han salido hacia la Península continúa abierta.
El flanco del PP vuelve a quedar expuesto. La lectura es que los populares afrontan un dilema conocido: acompañar la exigencia de expulsiones efectivas o mantener el perfil templado con el que tratan de retener el voto de centro, mientras el coste de la inacción lo asume una ciudad autónoma que ya ha cuantificado su factura.
La lectura estratégica: Ceuta como espejo de lo que no se ejecuta
Ceuta ya funcionó como espejo en mayo de 2021, cuando la entrada masiva de miles de personas por la frontera del Tarajal forzó un despliegue militar y una crisis diplomática con Marruecos. Cinco años después, el escenario se repite con otro formato: menos imagen, más dispersión. Los expedientes rechazados se diluyen en una red de alojamientos clandestinos que la propia policía señala como negocio.
La trayectoria de Vox en este asunto es constante. El partido hizo de la seguridad fronteriza uno de los ejes que justificaron la ruptura de los gobiernos de coalición con el PP en julio de 2024, y desde entonces ha utilizado cada episodio migratorio para marcar distancia. La diferencia ahora es que el dato no procede de un mitin, sino de un recuento policial: dos tercios de los expedientes rechazados sin ejecutar.
El balance oficial se limita a un tercio de los solicitantes rechazados, mientras la ciudad autónoma cuantifica en millones la factura de atender a quienes llegaron sin autorización. Ese desfase es el argumento que Vox piensa seguir explotando. El debate regresará al Congreso, y el partido tiene ahí una pieza que no caduca: sin expulsión efectiva, el asilo denegado no significa nada.
