La Comisión Europea ha presentado este martes una propuesta legislativa que obligará a los Estados a identificar qué administración responde ante cada riesgo climático. El texto, presentado en Bruselas el 27 de octubre, busca evitar disputas competenciales como las que rodearon la DANA de Valencia en octubre de 2024 y forma parte del nuevo Marco Europeo de Resiliencia Climática.
El paquete pretende que los países incorporen inundaciones, sequías, incendios forestales, y olas de calor a la planificación de sus economías, infraestructuras y servicios públicos. la propuesta no es todavía ley y deberá negociarse con el Parlamento Europeo y el Consejo antes de convertirse en directiva.
Qué obliga exactamente la propuesta: un responsable identificado para cada riesgo
El núcleo de la iniciativa es la obligación de identificar a los responsables de la gestión de los riesgos climáticos en cada ámbito de actuación. Es decir, que quede claro y transparente qué autoridad pública asume esas tareas en cada nivel de gobierno y en cada sector económico, desde la agricultura y el transporte hasta la energía o la sanidad.
El comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, ha resumido el objetivo en la rueda de prensa celebrada en Bruselas. “Lo que no queremos es ver en la tele a políticos señalándose con el dedo y diciendo que el otro es el responsable”, ha afirmado, según el material difundido por el servicio de prensa de la Comisión Europea.
El marco no crea una agencia nueva ni incluye dotación presupuestaria adicional. La obligación es de reparto explícito: cada Estado debe dejar por escrito quién asume cada eslabón de la cadena de actuación.
Por qué la DANA de Valencia está en el centro del debate
Preguntados expresamente por el caso de la DANA (depresión aislada en niveles altos) que devastó Valencia en octubre de 2024, los responsables comunitarios defendieron un reparto claro de responsabilidades, aunque admitieron que no existen garantías absolutas para evitar futuras catástrofes.
La vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, reclamó un enfoque “mucho más responsable” por parte de quienes ostentan responsabilidades institucionales e insistió en destinar recursos a los sistemas de alerta temprana y a preparar a la ciudadanía.
“En Valencia y en cualquier otro lugar de Europa y del mundo” hay que mejorar la capacidad de anticipación, comunicación y respuesta ante los fenómenos extremos, ha defendido la comisaria española.
Ninguna ley evita una catástrofe. Lo que sí puede hacer, según Bruselas, es que nadie alegue después que no sabía a quién correspondía actuar.
Ribera ha insistido en la necesidad de “identificar claramente quién es responsable de hacer qué”, porque “puede haber distintos elementos en la cadena de actuación política que deban tenerse en cuenta”. Cada responsable, ha añadido, debe estar “claramente identificado ante la opinión pública”, incluido “quién debe comunicar qué hay que hacer”.
Hoekstra ha admitido que “no hay ninguna garantía absoluta” de que las medidas eviten nuevas catástrofes. Sí confía en el efecto de la ley: “Cuando algo así queda por escrito en las leyes nacionales, resulta mucho más difícil, especialmente en nuestros sistemas democráticos, simplemente ignorarlo”.
Un plan nacional único y una trayectoria de referencia común
Más allá del reparto de responsabilidades, el marco prevé que cada Estado elabore un único plan estratégico nacional de resiliencia climática. El objetivo declarado es simplificar las obligaciones administrativas y mejorar la coherencia entre políticas nacionales.
Bruselas también propone reforzar las evaluaciones periódicas de riesgo para que los análisis nacionales y europeos sean comparables, estén sincronizados y sean coherentes, con atención a infraestructuras críticas, redes energéticas, transporte y cadenas de suministro que cruzan fronteras.
La norma fijará una trayectoria de referencia común basada en las previsiones científicas: 1,5 grados de calentamiento en 2030, 2 grados en 2050 y 3 grados a finales de siglo respecto a los niveles preindustriales. Servirá de hipótesis de trabajo, en lugar de seguir planificando sobre las condiciones del pasado.
El coste: 70.000 millones al año frente a 50.000 en pérdidas
Adaptar infraestructuras, edificios, ecosistemas y economía exigirá unas inversiones de 70.000 millones de euros anuales, según las estimaciones de la Comisión. El nuevo marco no contempla una partida presupuestaria adicional específica para cubrirlas.
El argumento del Ejecutivo comunitario es que ese gasto evita pérdidas mayores. Los fenómenos meteorológicos extremos provocaron pérdidas estimadas en 200.000 millones de euros en la Unión Europea entre 2022 y 2025, una media de 50.000 millones al año, según los datos que maneja Bruselas.
Ribera ha puesto cifra al escenario contrario: “el calor y la sequía del pasado verano podrían costar a Europa unos 180.000 millones de euros, un 1% de toda la economía europea”. Traducido al bolsillo, ha dicho, son “alrededor de 400 euros para cada europeo”.
Para movilizar recursos, la Comisión apuesta por los instrumentos de financiación existentes y por los previstos en el próximo presupuesto comunitario 2028-2034, además del compromiso del Banco Europeo de Inversiones de destinar al menos 30.000 millones a proyectos de adaptación entre 2026 y 2030.
El impacto para España y Europa
Bruselas no decide qué administración debe ser competente en cada país: exige que esa decisión esté escrita y sea pública. En el caso español, el reparto entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos en emergencias, agua o urbanismo tendrá que quedar reflejado en la norma nacional de transposición.
El seguimiento se hará a través del Semestre Europeo (el ciclo anual en el que la Comisión evalúa las políticas económicas y presupuestarias de los Veintisiete). España podrá recurrir además al Banco Europeo de Inversiones para financiar actuaciones de adaptación entre 2026 y 2030.
El calendario depende ahora del Parlamento Europeo y del Consejo, que deben negociar el texto en los próximos meses. Hasta que la directiva no esté aprobada y traspuesta, ninguna administración tendrá la obligación legal de declarar por escrito quién responde en una DANA.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? La Comisión Europea propone obligar a cada Estado a identificar qué administración gestiona cada riesgo climático.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? Los comisarios Hoekstra (Clima) y Ribera (Transición Limpia) defienden el texto; los Estados miembro deberán aplicarlo.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El texto deberá negociarse con el Parlamento Europeo y el Consejo antes de convertirse en directiva.
