El Consell Executiu ha acordado personarse como acusación particular en los procesos por los disturbios del sábado en el centro de Barcelona. La decisión se tomó en la reunión de este martes y la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, se encargó de justificarla ante los medios con un argumento doble: hubo daños en el espacio público y hubo lesiones a personal de la administración de la Generalitat.
El balance provisional es contundente. 130 detenidos, de los cuales 76 son menores de edad. El lunes quedaron en libertad con medidas cautelares 51 de los mayores, mientras que dos jueces han ordenado el internamiento en un centro de régimen cerrado de Justicia Juvenil para tres menores, acusados de atentado contra la autoridad. No es un disturbio al uso: la noche del sábado combinó convocatoria digital, grupos cerrados de mensajería y una capacidad de respuesta que sorprendió a los propios dispositivos.
Paneque no ahorró épica. ‘Acabaremos sabiendo quién está detrás de todo esto. La investigación nos llevará a saberlo. Y actuaremos con toda la contundencia contra aquellos que han producido esta situación y los que han participado’, dijo. Traducido a lenguaje político: el Govern quiere transmitir que tiene el mando, aunque buena parte del relato lo estén escribiendo los grupos parlamentarios que le exigen explicaciones.
El Ejecutivo catalán ha activado además la vía de la fiscalía para reclamar la responsabilidad civil subsidiaria a los padres y tutores de los menores detenidos. Es la parte menos vistosa del acuerdo y, a la vez, la que más recorrido político tiene: convierte un debate sobre orden público en una discusión sobre autoridad familiar y responsabilidad parental, un terreno donde cualquier declaración se transforma en munición.
La letra pequeña de personarse como acusación particular
Personarse como acusación particular no es un gesto simbólico. Otorga a la Generalitat la condición de parte en el procedimiento, le permite proponer diligencias, acceder a las actuaciones y reclamar una indemnización por los perjuicios causados. El Govern tiene claro el encuadre: daños en el mobiliario urbano y funcionarios lesionados. La Generalitat se presenta como víctima, no como poder sancionador.
Eso sí, la portavoz marcó límites. Aseguró que el Govern no adoptará medidas que afecten a derechos básicos como la movilidad, porque solo cabría plantearlo ante ‘una situación muy excepcional’, y defendió que el Código Penal ofrece herramientas suficientes. En paralelo, confirmó contactos con Telegram para cerrar el grupo Blocus y evitar que se reabran canales similares. ‘Esperamos que haya esta colaboración y no quieran convertirse en un espacio de impunidad e informaciones no ciertas’, advirtió.
El Govern reclama ser parte en el caso para no quedar como espectador de un relato que la oposición ya está construyendo en el Parlament.
Parlon, en el disparadero del Parlament
La consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, comparece este miércoles 28 de octubre en la cámara catalana, según el orden del día publicado por el Parlament de Catalunya. La petición no viene de un solo grupo: Junts, ERC, PP y Vox han coincidido. En la práctica parlamentaria, que cuatro formaciones que no comparten casi nada se alineen para exigir la comparecencia de un conseller es, en sí mismo, un aviso.
Cada uno juega su carta. Junts y ERC quieren que Parlon explique el protocolo del dispositivo y responda a la acusación de haber criminalizado la protesta; los dos partidos sostienen posiciones ambiguas, porque gobiernan en ayuntamientos donde necesitan parecer firmes sin quedar pegados al Govern. PP y Vox buscarán el desgaste directo: menos agentes en la calle, más noches de disturbios. Y todos preguntarán por lo mismo, aunque con distinto destino: quién coordina el Blocus y por qué no se vio venir.
Los Mossos d’Esquadra trabajan ya en la adaptación de los dispositivos para el próximo fin de semana, 31 de octubre y 1 de noviembre, con convocatorias anunciadas por redes y canales de mensajería. El propio cuerpo ha insistido en que lo del sábado no encaja con una manifestación clásica ni con los disturbios posteriores que a veces siguen a una protesta. Es un patrón distinto, más rápido, más anónimo y más difícil de anticipar.
El precedente de 2019 y el riesgo de la vía judicial
El antecedente más cercano se remonta a octubre de 2019, cuando la Generalitat ya exploró personarse en causas por desórdenes públicos tras las protestas contra la sentencia del procés. Entonces la discusión fue la misma que ahora: si el Govern se presenta como acusación, ¿defiende el espacio público o cierra el paso a la protesta? La respuesta depende de quién la formule.
Lo que observamos es una operación de doble filo. Por un lado, personarse blinda al Govern frente a la crítica de inacción que llega desde la derecha y le da asiento en un procedimiento con 76 menores implicados, un dato que cualquier fiscalía mirará con lupa. Por otro, instala al Ejecutivo de Salvador Illa en la lógica de la respuesta penal justo cuando sus socios parlamentarios preferirían hablar de vivienda y de financiación.
A diferencia de lo que ocurre con la Abogacía del Estado, que dosifica sus personaciones para causas de especial gravedad institucional, la Generalitat entra aquí en un procedimiento con decenas de menores imputados. Es una decisión defendible jurídicamente y delicada políticamente, porque desplaza el foco desde la gestión policial hacia la respuesta punitiva del Ejecutivo autonómico.
La lectura de fondo es sencilla: la Generalitat tiene un problema de marco. Si los disturbios responden a una convocatoria difusa, sin interlocutores ni estructura visible, no hay mesa donde negociar y la política pierde sus herramientas habituales. Solo quedan el Código Penal, la coordinación digital y la gestión policial, un terreno incómodo para un partido que se define por la contención. Dejémoslo en un ‘ya veremos’.
Del otro lado, la oposición arrastra su propia contradicción: exigir comparecencias por escrito y, al mismo tiempo, alimentar la tesis de que el Govern no controla la calle. Este miércoles se verá qué versión pesa más en el hemiciclo y hasta dónde llega el desgaste de Parlon. Porque el relato de los disturbios de Barcelona ya no se libra en la calle, sino en el orden del día del Parlament.
