El juzgado de Sanlúcar de Barrameda imputa por primera vez en España piratería marítima a cinco ‘petaqueros’ y los envía a prisión.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Juzgado de Instrucción número 3 de Sanlúcar de Barrameda imputa a cinco tripulantes de una lancha de suministro de combustible los delitos de contrabando, atentado a la autoridad y piratería asociada al narcotráfico. Todos han ingresado en prisión.
- ¿Dónde y quién? Los hechos se produjeron el 22 de octubre en aguas del Guadalquivir, tras una persecución de una hora y cuarenta minutos iniciada frente a la costa gaditana por patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? Es el primer auto en España que califica como piratería un ataque a una patrullera en aguas territoriales: eleva las penas y permite sentar en el banquillo a los suministradores de gasolina del narco como coautores de la huida violenta.
Una persecución de cien minutos que acabó en el Guadalquivir
Alexandre Codes Trujillo, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sanlúcar de Barrameda, firmó el 24 de octubre un auto en el que acusa a los cinco detenidos de contrabando, atentado a agentes de la autoridad y piratería marítima asociada al narcotráfico en aguas territoriales españolas. La imputación llega a petición de la fiscalía especial antidroga de Jerez de la Frontera, que dirige Andrés Álvarez. La novedad es jurídica y también simbólica: hasta ahora, este tipo penal solo se había aplicado en España a hechos cometidos mar adentro, fuera de la jurisdicción nacional.
La persecución arrancó a las 13.25 horas del 22 de octubre. Una patrullera del Guardia Civil detectó una embarcación sospechosa y trató de abortar un trasvase de combustible en alta mar. Los presuntos contrabandistas aceleraron. La huida duró una hora y cuarenta minutos y terminó tierra adentro, en aguas del río Guadalquivir, donde la lancha fue finalmente interceptada.
Durante el cerco, según el atestado incorporado al procedimiento, la embarcación perseguida hizo bruscos virajes y embistió con su proa el costado de estribor de la patrullera. El resultado quedó registrado con precisión milimétrica: un agujero de 63 centímetros de ancho y 32 de alto en el casco. Cuatro agentes resultaron heridos leves; uno de ellos, con posible rotura de la décima costilla.
La doctrina del Supremo que extiende la culpa a toda la tripulación
El auto sostiene que esos hechos encajan en el delito de piratería y se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2026, que condenó a varios narcotraficantes por piratería marítima tras la muerte de un agente del Servicio de Vigilancia Aduanera. Aquel pronunciamiento se refería a hechos ocurridos en aguas internacionales. La diferencia aquí es sustancial: el ataque se produjo en aguas territoriales españolas, bajo jurisdicción plena.
Codes Trujillo no imputa solo al piloto, José Naim B. Extiende la acusación a los otros cuatro tripulantes con la doctrina de la comunicabilidad de la responsabilidad penal que fijó el Supremo: cuando uno de los coautores se excede del plan delictivo inicial, el exceso alcanza al resto si era previsible. En el contexto de una huida conjunta, razona el auto, es responsable «al menos el conductor por dolo directo, y cuando menos el resto, por dolo eventual».
El Guadalquivir es ya una de las principales puertas de entrada de cocaína en Europa, y sus orillas, la primera línea judicial contra el narco.
Dos de los acusados son de origen albanés y colombiano. Los tres restantes son españoles, gaditanos: dos vecinos de Algeciras y uno de La Línea de la Concepción. Todos han ingresado en prisión por orden del juzgado, que mantiene la investigación abierta para identificar la embarcación que iba a recibir el combustible y la red que la respalda.
La Lectura Andaluza
Desde inicios de esta década, el Guadalquivir se ha consolidado como una de las principales vías de entrada de cocaína en Europa y como punto de paso frecuente de las lanchas que avituallan a las embarcaciones que operan en alta mar. La presión del narco en el Campo de Gibraltar marca el ritmo de las fuerzas de seguridad: los recuentos que manejan los institutos armados hablan de hasta 30 lanchas a la semana en los momentos de mayor actividad. La comarca vive una tensión que ya es estructural y que no se explica solo por la geografía.
Para quien vive en Barbate, a pocos kilómetros de la desembocadura, la lectura es práctica antes que jurídica: qué significa que un tribunal califique de piratería lo que hasta ahora se despachaba como contrabando. La respuesta importa en términos de seguridad, pero también de empleo y de economía sumergida en municipios que llevan años conviviendo con la lancha rápida como paisaje cotidiano. Sobre el papel judicial, el refuerzo de los órganos de la comarca es una demanda recurrente de la carrera judicial; la Junta de Andalucía asume las competencias sobre medios materiales de la Administración de Justicia y el Ministerio las relativas a la creación de nuevas plazas. Ninguna de esas piezas funciona sola.
La instrucción continúa y el auto de prisión no es firme: las defensas pueden recurrir ante la Audiencia Provincial de Cádiz, que tendrá la última palabra sobre si la piratería se consolida como herramienta judicial contra el narco. Si los tribunales la respaldan, cada petaquero que embista una patrullera se sentará en el banquillo con una acusación mucho más grave que la del simple transporte de gasolina. Andalucía vuelve a ser el laboratorio donde se prueba el derecho del mar, y esta vez con un agujero de 63 centímetros como prueba de cargo.
