El Consejo de la UE cerró anoche un acuerdo parcial sobre la reforma de la PAC tras doce horas de reunión. Los Veintisiete salvaron el expediente y dejaron la factura en manos de los jefes de Estado y de Gobierno: la dotación de la política agrícola depende del Marco Financiero Plurianual 2028-2034, que sigue sin cerrarse.
Doce horas de negociación y un texto que todavía no es ley
El pacto se alcanzó pasadas las diez de la noche del lunes 26 de octubre, según la nota difundida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Es un acuerdo general parcial sobre el reglamento que fija las condiciones de ejecución de las ayudas, no la norma definitiva. Llega ahora la codecisión (el procedimiento por el que el Parlamento Europeo y el Consejo aprueban una ley europea a la par) y la negociación con la Eurocámara arrancará en enero de 2027.
Doce horas para eso. Luis Planas compareció con dos ideas: ‘hemos conseguido mantener la PAC como política europea’ y lo que en julio de 2025 aparecía desdibujado en la propuesta de la Comisión es hoy, a su juicio, ‘un reglamento sólido, europeo’. La lectura de Madrid es que Bruselas dejaba demasiado margen a los Estados en la letra pequeña del reparto y que el Consejo ha cerrado esa puerta. La renacionalización, en el idioma de la negociación, es justo lo que España quería evitar.
El texto consolida un reglamento propio para la PAC, con el apoyo a las rentas como columna vertebral, y refuerza el capítulo de jóvenes: relevo generacional, ayudas a la primera incorporación, y apoyo a las sustituciones. Mantiene los ecorregímenes —ahora con nuevas denominaciones—, que en España se han implantado en más de 19 millones de hectáreas, y añade instrumentos de gestión de riesgos y de crisis. Los subsectores ganaderos y agrícolas con dificultades competitivas conservan la ayuda asociada; hortofrutícola, vitivinícola y apícola mantienen sus intervenciones sectoriales. También hay hueco para LEADER, el sistema AKIS y los grupos operativos de EIP-Agri.
Lo que gana España y lo que queda en el aire
Dos detalles técnicos importan al campo español. El primero: se ha delimitado el límite máximo de las ayudas y la degresividad (la reducción de los pagos a partir de una cuantía determinada) para los socios de las cooperativas, un punto sensible para el cooperativismo agrario. El segundo: se fijan las bases de una transición suave entre los apoyos actuales y los que entren en vigor en 2028.
La propuesta que España llevó al Consejo en julio de 2025 tenía tres patas: una PAC fuerte y bien dotada, una política plenamente europea y flexible en su aplicación nacional, y el blindaje frente a la renacionalización. El acuerdo cubre las dos últimas. La primera, el dinero, sigue en el aire. UPA, una de las cuatro organizaciones que respaldaron esa propuesta, califica ahora el resultado de ‘impreciso y parcial’. Y las versiones no coinciden: mientras el Ministerio habla de unanimidad de los 27, otras fuentes consultadas rebajan el cierre a una mayoría amplia, sin confirmación oficial por escrito.
La reforma está cerrada en el papel y abierta en la caja: sin presupuesto, la flexibilidad que España celebra puede convertirse en la coartada de la renacionalización.
Queda el dinero. El Marco Financiero Plurianual se decidirá en las dos reuniones del Consejo Europeo previstas antes de que acabe el año, determinantes para la dotación futura de la PAC, y después en el trílogo (la negociación a tres entre Comisión, Consejo y Parlamento que fija la versión final de cada ley europea). El reglamento avanza; la caja, no.
El Eje del Poder Europeo
La geometría de esta reforma se entiende mejor mirando quién paga. Los frugales del norte —Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia y Finlandia— llegan al debate del Marco Financiero con la misma letanía de 2020: menos dinero para el primer pilar y más para competitividad, defensa e innovación. Francia, primer beneficiario histórico de la PAC, defiende la caja con uñas y dientes. Alemania hace equilibrios entre su lobby agrario y su condición de contribuyente neto. El eje franco-alemán, que sostuvo la política agrícola durante seis décadas, hace años que no funciona en agricultura.
España juega en el campo del sur, junto a Italia, Portugal y Grecia, donde la prioridad es la ayuda asociada a los sectores mediterráneos y los instrumentos contra la sequía. Varsovia y Budapest, por su parte, suelen combatir cualquier techo a las explotaciones grandes, y el texto pactado introduce límites y degresividad para los socios de cooperativas. Ahí está el pulso: unos leen la flexibilidad nacional como subsidiariedad y otros como el primer paso para que cada capital pague lo que quiera pagar.
El precedente útil es julio de 2020, cuando el club de los frugales, entonces liderado por La Haya, arrancó a Bruselas un recorte del primer pilar en el marco del fondo de recuperación. Aquella noche la PAC perdió dinero y ganó retórica sobre la autonomía estratégica. Seis años después, el guion se repite con distinto comisario. Si el Marco Financiero 2028-2034 aprieta, la flexibilidad que hoy aplaude Madrid se convierte en coartada para la cofinanciación nacional: la renacionalización que Planas quería evitar entraría por la puerta de atrás, y serían las comunidades autónomas quienes tendrían que poner el resto.
En esta redacción entendemos que el debate de la PAC ha dejado de ser agrario para volverse territorial y fiscal. Lo que se dirime a cinco o diez años es si la UE mantiene una política común de verdad o un marco de mínimos con cheques nacionales. Nada nuevo bajo el sol comunitario. El próximo examen llega en el Consejo Europeo de finales de este año; la Eurocámara tomará el relevo en enero de 2027, y ahí se verá si el reglamento ‘sólido, europeo’ sobrevive al primer envite presupuestario.
