El Gobierno ha admitido a Vox un gasto en Falcon y aeronaves oficiales de 71.061.478 euros desde septiembre de 2021. La cifra consta en una respuesta parlamentaria remitida a diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) y cubre el mantenimiento de la flota hasta el 11 de agosto de 2026.
El requerimiento forma parte de la batería de preguntas escritas con las que el GPVOX interroga al Ejecutivo sobre contratación y gasto corriente. Es un instrumento de control que no exige mayoría parlamentaria para prosperar: basta con registrar la pregunta para que el Gobierno quede obligado a responder y a dejar la cifra por escrito. El texto lo adelanta el diario La Gaceta.
La flota sobre la que se pregunta es la que el Ejecutivo denomina ‘flota específica de transporte de autoridades’. La integran los T.18 —cinco Falcon 900 con capacidad total para 70 pasajeros—, los T.22 —dos Airbus 310 para 134 pasajeros— y los T.20, tres Cessna Citation V del Centro Cartográfico y Fotográfico (CECAF) destinados a misiones de reconocimiento y fotografía aérea, con 15 plazas.
El objetivo declarado de la iniciativa es poner número a una partida que hasta ahora se movía en estimaciones. El acuerdo marco que ampara el sostenimiento se dotó con un valor estimado de 91.400.000 euros, según reconoce el propio Ejecutivo en su respuesta. La lectura que sostiene el partido no está tanto en el gasto acumulado como en la tendencia: cada renovación del contrato eleva el techo de licitación.
En paralelo, la formación subraya que el sostenimiento de la flota es una partida de difícil fiscalización para el contribuyente. Se licita por lotes, se ejecuta por anualidades y solo llega al detalle cuando un diputado lo reclama por escrito. La comparación entre los 91,4 millones previstos y los 118,6 millones comprometidos para los próximos cuatro años arroja un incremento cercano al 30 %: casi 27 millones más en el mismo concepto.
Setenta y un millones ya ejecutados no son una anécdota contable: son el suelo de un contrato que el Gobierno acaba de elevar a 118,6 millones.
La cifra adquiere peso político en una Cámara donde el GPVOX ocupa 33 escaños, tercera fuerza del Congreso de los Diputados. El grupo usa el escaño como ariete documental: pregunta, obtiene el papel y convierte la respuesta en material de oposición. Ahora el Ejecutivo le ha reconocido 71 millones con su firma.
Qué dice el Gobierno y qué recorrido tiene la cifra
El Ejecutivo rechaza la lectura del exceso. Sostiene que el valor estimado del acuerdo marco ascendía a 91.400.000 euros y que el gasto ejecutado, 71,06 millones, ‘no supera la estimación’. Lo presenta, por tanto, como un resultado por debajo de lo presupuestado y no como una desviación.
Ese margen, sin embargo, tiene fecha de caducidad. El 16 de junio de 2026 el Consejo de Ministros autorizó un nuevo acuerdo marco de sostenimiento con un valor estimado de 118,6 millones de euros, vigencia de cuatro años y posibilidad de prórroga por uno más. El contrato entró en vigor en septiembre, de modo que el techo presupuestario del mantenimiento ya está actualizado al alza.
La respuesta parlamentaria no altera el contrato ni obliga a renegociarlo: su valor es político. Fija una cifra oficial, la firma el Gobierno y la pone en circulación pública con el sello del Consejo de Ministros, lo que dificulta cualquier matización posterior sobre la magnitud del gasto.
La estrategia de Vox: control del gasto y perfil propio
La secuencia no es nueva. Vox lleva tiempo construyendo oposición sobre papel: preguntas escritas, una PNL (Proposición No de Ley, un instrumento para fijar la posición de la Cámara sin valor normativo directo) y solicitudes de documentación que llegan antes que el titular. Esa disciplina le ha permitido marcar agenda en fiscalidad, inmigración y gasto público sin depender del calendario mediático.
En el flanco de la derecha, la bandera del control del gasto fue terreno clásico del PP. Vox la ocupa ahora con datos propios, lo que complica al partido de Alberto Núñez Feijóo presentarse como alternativa en la materia sin aportar cifras equivalentes. La diferencia no es de discurso, sino de documentación.
El riesgo para el Ejecutivo no es la cifra pasada, sino la lógica que instala: un contrato que se renueva al alza y que solo se explica cuando la oposición lo exige por escrito. Queda por ver si el Gobierno amplía el desglose por aeronave y por anualidad. De momento, Vox ya tiene la cifra y el respaldo documental del Consejo de Ministros.
