El Ministerio de Educación y las comunidades autónomas mantienen abierto el pulso por el reparto curricular que fijó la LOMLOE. La disputa se concentra en dos frentes: el porcentaje de horario que corresponde al Estado y el peso de las lenguas cooficiales en el aula.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha cambiado? El texto legal no se ha modificado: la LOMLOE sigue vigente desde el 19 de enero de 2021. Lo que se reabre en el primer trimestre de 2027 es el desarrollo curricular que concreta cuántas horas recibe cada lengua en las comunidades con idioma cooficial.
- ¿Quién lo decide? El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte fija los aspectos básicos y las comunidades completan el diseño, con la Conferencia Sectorial de Educación como foro de negociación.
- ¿A quién afecta? A los más de 3 millones de alumnos escolarizados en Cataluña, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Galicia, País Vasco y Navarra, las seis comunidades con lengua cooficial.
Qué fija la LOMLOE sobre el currículo y las lenguas cooficiales
La norma de referencia es la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en vigor desde el 19 de enero de 2021. Su artículo 6 mantiene el reparto clásico: el Gobierno determina los aspectos básicos del currículo y las administraciones educativas completan el diseño.
Ese reparto se traduce en porcentajes concretos. El Estado fija el 55% del horario en las comunidades con lengua cooficial y el 65% en el resto. Las comunidades deciden sobre el porcentaje restante, que en el primer caso alcanza el 45% de la carga lectiva.
El preámbulo de la ley, recogido en el texto consolidado del BOE, sostiene que la LOMCE, aprobada en 2013, rompió con el equilibrio de las leyes anteriores al limitar la capacidad autonómica sobre materias, metodologías y evaluaciones. La LOMLOE se presenta como la reversión de ese modelo.
En materia lingüística, la reforma suprimió la garantía expresa del castellano como lengua vehicular que había introducido la LOMCE y devolvió a las comunidades la potestad de organizar la enseñanza en las lenguas cooficiales. El castellano se mantiene como materia obligatoria en todas las etapas y cursos.
A eso se suma un cambio de arquitectura curricular: desaparece la jerarquía de materias troncales, específicas y de libre configuración. El marco fija porcentajes, pero no horarios por lengua, y ese vacío es el origen del conflicto.
La LOMLOE reserva al Estado el 55% del horario en las comunidades con lengua cooficial, pero deja en manos autonómicas la decisión sobre la lengua vehicular.
A quién afecta el pulso: alumnado, familias y profesorado
El conflicto tiene un alcance medible. En las seis comunidades con lengua cooficial están escolarizados más de 3 millones de alumnos no universitarios, de acuerdo con los datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte. Cualquier ajuste de horario llega directamente a sus aulas y a sus libros de texto.
Las posiciones están definidas. El Ministerio sostiene que la norma garantiza la enseñanza del castellano y de las lenguas cooficiales y que el reparto competencial reproduce el vigente entre 2006 y 2013. Varias comunidades gobernadas por el Partido Popular han defendido que el texto deja sin suelo mínimo el uso del castellano como lengua vehicular. Los gobiernos de Cataluña, País Vasco y Navarra reivindican su competencia plena en materia lingüística.
Las asociaciones de familias y los sindicatos docentes han centrado sus demandas en los horarios y en la carga burocrática de los centros, más que en el modelo lingüístico. El Consejo Escolar del Estado ha reclamado criterios homogéneos para evaluar las competencias en las dos lenguas.
El Marco Educativo
El encaje constitucional es la clave jurídica. El artículo 149.1.30 de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las normas básicas para el desarrollo del derecho a la educación, sin perjuicio de las facultades autonómicas de desarrollo legislativo y ejecución. El Estado fija el mínimo y las comunidades lo completan, pero la frontera entre ambos no está cerrada.
Quienes intervienen son el Ministerio, las consejerías autonómicas, los sindicatos docentes, las federaciones de familias y el Consejo Escolar del Estado, órgano consultivo. Ninguna de las partes cuestiona la vigencia de la LOMLOE: el desacuerdo se sitúa en el desarrollo reglamentario y en la interpretación del artículo 6. Los conflictos de competencia que no se resuelven por vía política acaban en el Tribunal Constitucional, según el artículo 161 de la Constitución.
La proyección inmediata pasa por la negociación técnica del primer trimestre de 2027, cuando el Ministerio prevé cerrar la revisión del desarrollo curricular con las consejerías. El calendario estadístico añade presión: los resultados del informe PISA 2025 está previsto que se publiquen en diciembre de 2026, según el calendario de la OCDE, y las comunidades con lengua cooficial llegan a esa cita con modelos muy distintos.
Claves de la Noticia
- Qué importa: La LOMLOE fija un reparto del 55% y el 65% del horario entre Estado y comunidades, pero no determina cuántas horas recibe cada lengua.
- Por qué importa: Ese desarrollo curricular concreta el peso del castellano y de las lenguas cooficiales y define el margen real de intervención de cada administración.
- A quién le importa: A las familias con hijos escolarizados en Cataluña, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Galicia, País Vasco y Navarra, y al profesorado que aplica el currículo en esas seis comunidades.
