2Qué pidieron exactamente y a quién: el contenido literal de las peticiones al Ministerio de Transportes
Lo que ha llegado al Ministerio de Transportes no es una petición de prohibir el bajo coste ni de vetar aerolíneas concretas, sino de dejar de crecer. La demanda que consta, planteadas en comparecencia pública y por escrito, es la del Govern balear —PP, con Antoni Costa como vicepresidente y portavoz—, que en mayo de 2025 reclamó al Gobierno central y a Aena que no ampliaran la capacidad de los aeropuertos de Palma, Ibiza y Menorca en los meses de mayor afluencia, tomando como techo la temporada anterior, y que se diera a la comunidad autónoma corresponsabilidad en la gestión de esas infraestructuras. El destinatario no es casual: los ayuntamientos no tienen competencia sobre los slots ni sobre las tarifas aeroportuarias, que dependen de Aena —controlada en un 51% por el Estado— y del departamento de Óscar Puente. Cualquier alcalde que quiera menos vuelos tiene que pedírselo a Madrid, y hacerlo sin papeleta ni foto forma parte del encargo.
El contenido no fija un cupo de pasajeros ni un recorte: fija un techo. Costa lo resumió en que «el límite está alcanzado» y en que no tiene sentido seguir aumentando capacidad en temporada alta; el marco es la contención, no el decrecimiento. La paradoja es que esas peticiones salen de administraciones que en público celebran cada récord de llegadas y que incluso financian promoción de rutas: Podemos reprochó al PP en mayo que exigiera a Madrid limitar vuelos mientras el alcalde de Palma viajaba a Nueva York a captar conexiones. Al otro lado, Puente defiende que las tarifas españolas están entre las más bajas de Europa —la subida de 2024 fue de 0,40 euros por pasajero— y rechazó las exigencias de Ryanair: descuentos del 50% y hasta el 100% durante siete años y entre 150.000 y 250.000 euros anuales por ruta a cargo de ayuntamientos y comunidades.
