Plenković advierte de que la ola euroescéptica en Francia puede descarrilar la ampliación de la UE en los Balcanes. Lo dijo este martes, 3 de noviembre, en el Euronews Enlargement Summit, y lo dijo con una frase que resume la paradoja del proyecto europeo: ‘los acontecimientos políticos pueden afectar a la ampliación de forma mucho más profunda de lo que nadie puede imaginar hoy’.
El primer ministro croata no hablaba de abstracciones. Hablaba de su vecino Montenegro, del calendario que Bruselas da por bueno y de un detalle constitucional francés capaz de convertir una ampliación técnica en un plebiscito sobre el Elíseo. La advertencia no es un gesto diplomático de relleno: llega desde un país que entró en la UE en 2013 tras una década de negociaciones y que hoy preside buena parte del debate sobre los Balcanes Occidentales.
Nueve candidatos, tres calendarios y un cuello de botella en París
La lista de países candidatos a la UE tiene hoy nueve nombres: Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía y Ucrania. Cada uno está en una fase distinta y ninguno comparte el mismo reloj. De todos ellos, solo tres tienen una meta razonablemente perfilada.
Los calendarios más avanzados son tres. Montenegro, el socio más maduro de la región, aspira a ingresar en 2028. Albania quiere cerrar las negociaciones a finales de 2027. Moldavia apunta a principios de 2028. Plenković calificó ese cuadro de ‘no muy inteligente’. Su argumento es de sentido común diplomático: ‘siempre ocurre algo imprevisible y las cosas se aplazan’.
Y no le falta razón técnica al reproche. La ampliación es el procedimiento más exigente del derecho comunitario. Cada capítulo de negociación se abre y se cierra por unanimidad de los Veintisiete, el tratado de adhesión se firma también por unanimidad y después cada parlamento nacional lo ratifica según lo que diga su propia Constitución. No hay mayoría cualificada que valga ni atajo institucional. Un solo Estado, por un solo motivo de política interna, puede parar la máquina durante años.
La ampliación no se decide en Bruselas ni en Podgorica: se decide en la Asamblea Nacional francesa, y ningún calendario oficial quiere mirarlo de frente.
El artículo 88-5 y el fantasma del referéndum de 2005
Francia es, precisamente, el Estado donde esa parada tiene precedente escrito. Desde la reforma constitucional de 2005, la adhesión de un nuevo miembro debe someterse a referéndum. Existe una vía alternativa: el Congreso —la reunión conjunta de la Asamblea Nacional y el Senado— puede autorizar la ratificación por mayoría de tres quintos de los votos emitidos. Sobre el papel es una puerta. En la práctica, con la Asamblea fragmentada en bloques irreconciliables y sin mayorías estables, es una puerta estrecha y con vigilante.
El jefe del Gobierno croata recurrió a la memoria. En 2005, el referéndum francés sobre la Constitución Europea se convirtió en un voto de castigo al Ejecutivo de turno y hundió el texto. Plenković recordó que los electores pueden ser ‘manipulados’ con ‘informaciones falsas’ y que votan en función de ‘la situación actual en Francia’ y no de la pregunta que se les plantea. Traducido al lenguaje de Bruselas: la papeleta dirá Europa y la respuesta hablará de París.
El calendario electoral tampoco invita al optimismo. Las presidenciales francesas de 2027 se perfilan, según las encuestas que se manejan en los pasillos del Berlaymont, con Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon en posiciones de fuerza. Son dos euroescepticismos de signo opuesto que coinciden en lo esencial: cualquier tratado que amplíe la Unión es un blanco fácil y barato. Un cambio de liderazgo en el Elíseo, avisa Zagreb, alteraría de raíz la geometría de la ampliación.
El Eje del Poder Europeo
El eje franco-alemán llega a esta discusión con dos relojes distintos. Berlín empuja la ampliación con convicción estratégica: la lee como política de seguridad antes que como política de cohesión, y le basta con que los candidatos cumplan los capítulos para no poner obstáculos. París la respalda en los discursos y la frena en el procedimiento. Los frugales del norte —Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia— añaden la factura: exigen condicionalidad estricta y advierten de que cada nuevo socio tensiona el presupuesto común. Visegrado mira el expediente con intereses cruzados: Polonia quiere a Ucrania dentro cuanto antes, mientras Hungría sigue poniendo condiciones a Kiev. En el sur, Italia y Grecia empujan por los Balcanes por razones de vecindad, energía y control migratorio.
España llega a este debate en una posición cómoda y, a la vez, incómoda. Cómoda porque Madrid no necesita referéndum: el artículo 93 de la Constitución permite ratificar una adhesión mediante ley orgánica en las Cortes, sin consulta popular obligatoria. Cómoda también porque la ampliación abre mercados para constructoras, bancos, energéticas y, hoteleras españolas en los Balcanes Occidentales, un terreno donde las empresas del Ibex llevan años posicionadas. Incómoda, en cambio, porque el respaldo español es barato mientras no haya que poner dinero encima de la mesa. Cada socio nuevo reabre el marco financiero plurianual (el MFP, el presupuesto de siete años de la UE) y España, receptora neta histórica de fondos de cohesión, se juega parte de su cheque en cada ronda.
Conviene mirar el precedente correcto, que no es 2005 sino 2013: Croacia entró tras una década de negociaciones, con reformas judiciales costosas y un escrutinio político que hoy pocos recuerdan. Aquel proceso funcionó porque existía un consenso franco-alemán sólido y porque ningún canciller necesitaba ganar unas elecciones contra Europa. Ese consenso ya no está garantizado. Lo que observamos es un patrón reconocible: Bruselas fija fechas para generar impulso negociador y las capitales que deben ratificar llegan después con sus problemas internos. El riesgo real no es que Montenegro entre en 2029 en lugar de 2028; el riesgo es que la ampliación quede atada al resultado electoral francés y que, a partir de ahí, cualquier capital con un electorado cansado descubra que también puede exigir su referéndum. La ampliación dejaría de ser doctrina y pasaría a ser rehén. El próximo examen verificable está en las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre, donde los Veintisiete deben validar el ritmo de los capítulos abiertos con Montenegro, y, sobre todo, en la campaña francesa de 2027, que empezará a moverse mucho antes de la primera vuelta.
