El Ministerio de Juventud e Infancia ha pedido a la Fiscalía General del Estado que estudie la paralización de TikTok en España.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? El Ministerio de Juventud e Infancia remite a la Fiscalía General del Estado un escrito para que valore la suspensión de TikTok en España.
- ¿Dónde y cuándo? España, este lunes 9 de noviembre, a partir de una investigación periodística sobre material de abuso sexual infantil en la plataforma.
- ¿Qué cifras hay? 12.068 comentarios de 7.700 cuentas en español y más de 48 millones de visualizaciones de vídeos detectados.
El escrito a la Fiscalía y el alcance de la investigación
El departamento que dirige la ministra Sira Rego ha trasladado al Ministerio Público las informaciones publicadas por Maldita.es sobre presuntos casos de abuso sexual infantil en la plataforma y sobre «la falta de mecanismos eficaces en la red social para impedir la difusión de dicho material». El escrito solicita a la Fiscalía que, «en el ejercicio de sus competencias, adopte las medidas necesarias para garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes que puedan estar afectados».
El Ministerio plantea además «la posibilidad de paralizar los servicios de la plataforma en España, si así se considerase oportuno», según fuentes del equipo de la ministra. La suspensión de TikTok no se ha ejecutado nunca en España y requeriría, según los expertos consultados, de una resolución judicial. Juventud e Infancia califica los hechos de «extrema gravedad» y exige «una respuesta inmediata y coordinada de todas las administraciones competentes, tanto en el ámbito nacional como en el europeo».
Rego ha solicitado a los representantes de TikTok en España una reunión «con carácter urgente» para conocer sus explicaciones y las actuaciones previstas. El departamento sostiene que los hallazgos ponen de relieve «graves deficiencias en los mecanismos de detección y moderación de contenidos, así como en el papel de los sistemas de recomendación de TikTok en su difusión».
La investigación de Maldita.es, la tercera que este medio dedica a la supuesta inacción de la plataforma, registra 12.068 comentarios de 7.700 cuentas en español que intercambian este tipo de material. El rastreo ha localizado más de mil vídeos, con más de 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos, de los que más de 7.000 operan en español.
La persecución de estos delitos recae en las unidades tecnológicas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que trabajan sobre el material que la moderación de la plataforma no frena.
El análisis identifica además 780 cuentas que usan la red social para captar compradores de material de abuso sexual infantil, 91 emisiones en directo de menores en 17 países donde los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés. El Ministerio advierte de que estos hechos «podrían constituir una vulneración de los derechos de la infancia por parte de la propia plataforma».
El precedente italiano y los límites jurídicos de una suspensión
Tanto el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) como el Reglamento de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) contemplan la suspensión temporal de los servicios de una plataforma como medida cautelar cuando se acredita un riesgo para los menores. La vía existe, pero exige un procedimiento reglado y una autoridad competente que la active.
El cierre debería producirse a instancias de un juez, tras un fallo judicial, y sería la propia plataforma la que, en último extremo, tendría que ejecutarlo. TikTok está radicada fuera de España, lo que complica legalmente cualquier actuación directa contra la compañía. La ley que impulsaba el propio departamento de Rego, que planteaba prohibir el acceso a las redes sociales hasta los 16 años, ha decaído a la espera de la nueva composición del Parlamento y tampoco contemplaba el bloqueo genérico de plataformas: necesitaría una disposición adicional que sustentara la petición.
El precedente europeo es italiano. En 2021, la autoridad de protección de datos de Italia ordenó un bloqueo temporal de TikTok tras el fallecimiento de una niña de 10 años que participó en un reto viral. Después de aquella medida, la compañía acordó con el regulador impedir el acceso a quienes no pudieran verificar que tenían al menos 13 años y exigir una nueva comprobación de edad antes de permitir la entrada en las cuentas.
El Contexto Operativo
El material de abuso sexual infantil es una de las amenazas que Europol sitúa de forma recurrente entre las prioritarias en su evaluación anual del crimen organizado en internet. La escala que arroja este rastreo —más de 48 millones de visualizaciones y 20.000 perfiles señalados— explica por qué el asunto ha dejado de ser una cuestión de moderación privada para convertirse en un problema de seguridad pública.
En ese terreno operan la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) de la Policía Nacional y el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil, especializados en identificar víctimas y difusores de este tipo de archivos. Su trabajo parte de la trazabilidad del contenido: cada vídeo localizado exige análisis forense para situar al menor y al usuario que lo distribuye. El volumen potencial de esa tarea se mide con una cifra: TikTok suma 23,4 millones de usuarios en España según datos de 2025, y se calcula que aproximadamente un tercio son jóvenes.
La investigación periodística sigue abierta y el siguiente hito es la reunión urgente con los responsables de la plataforma en España, además de la decisión de la Fiscalía sobre si traslada el asunto a un juez. Cualquier suspensión cautelar tendría que sustentarse en el DSA y en una resolución firme, y el ordenamiento español carece por ahora de una disposición específica tras la caída de la norma que impulsaba Juventud e Infancia. Mientras se define ese marco, los contenidos pueden reportarse a través de los canales del INCIBE y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que mantienen abiertas sus vías de denuncia en la Policía Nacional y la Guardia Civil.
