La Fiscalía de Salamanca pide 2,5 años de cárcel al dueño del Bamio por entregar el complejo a la red de Aldama.
El escrito de acusación, adelantado por La Gaceta de Salamanca y al que ha tenido acceso La Región, sostiene que el matrimonio vació su sociedad para no devolver 443.000 euros. La pena solicitada es de dos años y seis meses para cada uno, más 18 meses de multa a 12 euros diarios. El juicio, señalado para los primeros días de noviembre en la Audiencia Provincial de Salamanca, se ha aplazado a febrero de 2027.
De dos préstamos de 2018 a una sociedad vaciada
La investigación sitúa el origen el 30 de octubre de 2018. Ese día, Félix Aparicio y su mujer lograron que un particular les prestara 237.000 y 206.000 euros a través de Serrán Center y Scola Deportiva Meridem. El dinero entró en Salalim XXL, la sociedad de los acusados, con un destino concreto: concurrir a la subasta del complejo deportivo del Bamio, en Ourense. Ganaron la puja y el recinto quedó como único activo patrimonial de la empresa.
Según la Fiscalía, la maniobra —conocida como frustración de la ejecución— llegó en octubre de 2021. Los acusados vendieron la mitad del recinto a Antromero Desarrollo Empresarial SL, una sociedad controlada por los socios de Víctor de Aldama, por 365.000 euros. El valor catastral del complejo era de 3,7 millones. El escrito subraya la trampa: ese dinero nunca entró en la sociedad propietaria, sino que se desvió a una cuenta personal de Aparicio.
La absorción se completó seis meses después, en abril de 2022. El matrimonio aportó la otra mitad que aún conservaba a Delorean Plus Dreams, la sociedad que la justicia sitúa en el epicentro del fraude del IVA de los hidrocarburos, y recibió a cambio participaciones sociales. El Bamio desapareció del mapa societario y quedó atrapado en la causa que instruye la Audiencia Nacional.
Ourense intentó comprar dos veces con dinero público un recinto que, mientras tanto, se estaba integrando en una red investigada por la Audiencia Nacional.
La Unidad Central Operativa sostiene que la operación del Bamio fue el primer contacto de Aparicio con la red de Aldama, que lo convirtió en su “testaferro cualificado”. Después llegó el cargo: administrador único de Salamanca Fuel Center, la pantalla con la que la trama presuntamente defraudó 34,6 millones en 2023.
El blindaje operaba también en los tribunales. Antromero, que había sido acusación particular, se retiró mediante un “acuerdo extrajudicial”. El abogado que retiraba los cargos era Iván Sánchez Arbaizar, que fue letrado de Aldama en el caso Koldo; a Aparicio lo defendía Vicente Sanmartín, abogado de Obaoil 3000, otra de las empresas de la trama. En julio de 2026, Aldama y Aparicio posaron juntos en Ibiza como invitados en la boda de Sanmartín.
Ourense, Jácome y los dos plenos que se quedaron sin mayoría
El Bamio no era un complejo cualquiera para la ciudad. El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, reconoció haber recibido en el Concello (el ayuntamiento) a los últimos dueños en una quincena de ocasiones, al menos diez de ellas con Aparicio en solitario, a quien llegó a calificar públicamente de “pesado”. La intención inicial del empresario era levantar una gran pista de karting para impulsar la carrera deportiva de su hijo.
Al no fructificar el proyecto privado, el gobierno local intentó comprar la parcela con dinero público. Lo hizo en el pleno (la sesión del ayuntamiento) de diciembre de 2020 por 750.000 euros y en el de junio de 2022 por 770.000. La oposición tumbó las dos operaciones, con el argumento de que el precio estaba inflado para unas instalaciones ruinosas y de que la transparencia del proceso dejaba dudas.
La cronología importa. El segundo intento municipal llegó cuando la telaraña societaria ya estaba tejida: la mitad del recinto había pasado a Antromero en octubre de 2021 y la otra mitad acabaría en Delorean Plus Dreams en abril de 2022. La Fiscalía no dirige ninguna acusación contra el Concello de Ourense. Pero la lectura política resulta difícil de esquivar: la operación habría inyectado cientos de miles de euros públicos en unas instalaciones que hoy investiga la Audiencia Nacional.
El Laboratorio Gallego
Ourense ocupa un lugar singular en el mapa político gallego. La ciudad la gobierna Gonzalo Pérez Jácome con Democracia Ourensana, una formación localista ajena al eje que componen el PPdeG, el BNG y el PSdeG. Ese detalle ayuda a entender por qué el Bamio se convirtió en un asunto municipal de alto voltaje: dos votaciones en el pleno, dos mayorías rotas y una parcela ruinosa que pasó de proyecto de karting a pieza de una causa nacional.
La dimensión nacional llega por otra vía. El Bamio es hoy una pieza más de la causa de los hidrocarburos que instruye la Audiencia Nacional, la misma que sitúa a Aldama en el centro del caso Koldo. Para un lector de Madrid o de Barcelona, la historia de Ourense explica algo sencillo: las redes de fraude no se construyen solo en la capital. Necesitan activos físicos en provincia, testaferros con nombre y apellidos y sociedades pantalla con domicilio social en ciudades medianas.
Queda por ver qué peso concede el juicio de Salamanca a todo esto. La vista, ya fijada para febrero de 2027, se centrará en la deuda de 443.000 euros y no en el conjunto de la trama. Eso sí, cada extremo que se confirme en Salamanca se leerá en Madrid como un capítulo más de la causa principal; y en Ourense, como la constatación de que un recinto tasado en 3,7 millones por el catastro acabó en manos de una red investigada por la Audiencia Nacional.
Ficha del Caso
- El caso: La Fiscalía Provincial de Salamanca acusa a Félix Aparicio y su esposa de vaciar su sociedad para no devolver 443.000 euros y de integrar el complejo deportivo del Bamio, en Ourense, en la red de hidrocarburos de Víctor de Aldama.
- Datos importantes: Pide 2 años y 6 meses de cárcel para cada cónyuge, 18 meses de multa a 12 euros diarios y la indemnización de 443.000 euros. La mitad del recinto se vendió en octubre de 2021 por 365.000 euros, frente a un valor catastral de 3,7 millones. El juicio se ha aplazado a febrero de 2027.
- Resumen: Ourense intentó comprar el Bamio con dinero público en 2020 y 2022 y la oposición lo frenó. La pieza judicial conecta un complejo municipal gallego con la causa que la Audiencia Nacional instruye contra la trama de Aldama.
