El gobierno de Alicante acumula más de 3,6 millones en facturas con recargo, reclamaciones de contratistas e intereses de demora. Y Vox ha dejado de callar.
El alcalde, Luis Barcala, lleva tres años escuchando las mismas advertencias desde las bancadas del PSPV, Compromís y EU-Podem. La novedad no está en el diagnóstico, sino en quién lo firma. El grupo municipal de Vox, socio indispensable del PP para aprobar los presupuestos y sostener la mayoría en el Ayuntamiento de Alicante, ha roto esta semana su silencio con un comunicado que habla de “nuevo escándalo económico”.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Ayuntamiento de Alicante afronta pagos por más de 3,6 millones en facturas pendientes, reclamaciones de contratistas e intereses de demora.
- ¿Quién está detrás? El gobierno municipal del PP que preside Luis Barcala, sostenido en el pleno por Vox, que ahora critica su gestión económica.
- ¿Qué impacto tiene? La pérdida de 200.000 euros de la Conselleria de Cultura y el desgaste del pacto PP-Vox antes del ciclo electoral municipal de 2027.
Las facturas que Alicante pagará con recargo
Los números que sostienen la acusación están en los expedientes de la Junta de Gobierno. El consistorio tendrá que abonar más de 1,2 millones de euros a la concesionaria de la ORA, Vectalia, por facturas pendientes. A esa cantidad se suman otros 1,9 millones aprobados en las últimas semanas para atender reclamaciones de empresas del alumbrado público, las zonas verdes, y las obras municipales. El total supera los 3,1 millones sin contar los intereses.
Hay otra capa en la factura: los intereses de demora. La semana pasada, la Junta de Gobierno reconoció cerca de 580.000 euros por este concepto. De ellos, 378.627 corresponden a la empresa que gestiona el alumbrado y las instalaciones eléctricas, con facturas cuyo origen se remonta a 2020, y 201.181 a las obras de la avenida de Jijona. La portavoz socialista, Trini Amorós, ya había pedido explicaciones por escrito a Barcala. La cifra no era un secreto; lo nuevo es quién la repite ahora.
Hay además una subvención perdida. El Ayuntamiento se ha quedado sin 200.000 euros que la Conselleria de Cultura había asignado a la rehabilitación de las torres del edificio consistorial, por la demora en la contratación de los trabajos. El vicealcalde, Manuel Villar, aseguró este martes que las obras se harán igualmente, aunque no aclaró con qué dinero se cubrirá el hueco: “Lo iremos viendo”, dijo.
Un ayuntamiento no quiebra por una factura con recargo; pierde credibilidad cuando la suma de recargos, sanciones y subvenciones perdidas deja de ser una anécdota.
El comunicado de Vox no ahorra adjetivos. “No podemos permanecer callados ante el nuevo escándalo económico que afecta al Ayuntamiento de Alicante”, sostiene el texto remitido a los medios. Y añade una advertencia dirigida al socio: “El pacto entre PP y VOX no puede convertirse en un cheque en blanco”. La frase resume el nuevo terreno de juego.
El socio que fiscaliza: qué busca Vox con el desmarque
Hasta ahora, la relación entre ambos grupos funcionaba con una lógica sencilla. Vox exigía gestos —una oficina antiokupas, otra de apoyo a la familia— que el PP aceptaba sin que supusieran un esfuerzo presupuestario relevante. El anterior concejal de Hacienda, Toni Gallego, dimitió precisamente por una exigencia de sus socios. El desgaste no viene de las siglas, viene de los expedientes.
La oposición de izquierdas insiste en que el problema no es coyuntural. El portavoz de Compromís, Rafa Mas, recuerda que ya son varias las ocasiones en que el Ayuntamiento ha perdido fondos, ha sido sancionado o no ha podido ejecutar proyectos, y cita la rehabilitación de las viviendas de Virgen del Remedio. En el caso de las torres del consistorio, las obras se emprendieron después de que cayeran cascotes sobre la plaza, a punto de provocar una desgracia. El edil de EU-Podem, Manolo Copé, firma el mismo diagnóstico desde hace meses.
El Escenario Valenciano
La paradoja alicantina se entiende mejor mirando hacia arriba. El Consell de Juanfran Pérez Llorca —el gobierno autonómico que el PP comparte con Vox desde 2023— gestiona la Conselleria de Cultura cuya subvención para las torres se ha perdido por la demora municipal en contratar las obras. Un ayuntamiento del mismo partido se queda sin 200.000 euros que concede su propia administración. La factura política viaja en dos direcciones.
La dimensión nacional va más allá del caso. En 2023, el PP y Vox cerraron acuerdos de gobierno en la Generalitat Valenciana y en decenas de ayuntamientos de toda España. Desde entonces, cada desmarque municipal se lee en Madrid como un síntoma. Por ahora no hay ruptura: el escrito de Vox habla de fiscalización y de exigir rigor con cada euro público, no de retirar el apoyo a Barcala. El pacto aguanta, por ahora.
La proyección es clara. Las próximas elecciones municipales se celebran en mayo de 2027 y Alicante es uno de los laboratorios donde Vox quiere rentabilizar su papel de vigilante del gasto. El siguiente pleno y la negociación de los presupuestos medirán hasta dónde llega el desmarque. Si el pulso se mantiene, Barcala tendrá que explicar cada recargo o buscar una mayoría alternativa que hoy no existe.
Ficha del Caso
- El caso: El Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el PP de Luis Barcala con el apoyo externo de Vox, afronta pagos millonarios por retrasos y la pérdida de una subvención autonómica.
- Datos importantes: 1,2 millones a la concesionaria de la ORA; 1,9 millones en reclamaciones de contratistas; cerca de 580.000 euros en intereses de demora; 200.000 euros de la Conselleria de Cultura perdidos por la demora en la contratación de las torres del consistorio.
- Resumen: El desmarque de Vox debilita la estabilidad del gobierno municipal del PP en Alicante antes del ciclo electoral de 2027 y traslada la factura política de la gestión al terreno autonómico y nacional.
