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Albert Rivera ha advertido este martes de que de ser posible para Ciudadanos, se encargaría de «quitar al señor Tezanos» como director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para elegir en su lugar a «un profesional como la copa de un pino» mediante concurso público.

El candidato a la Presidencia por Cs ha recalcado: «En lo que dependa de Ciudadanos, esta va a ser la última encuesta del CIS que hace un militante del Partido Socialista: Ya está bien«.

Rivera ha declarado que «hay que tener mucha cara para colocar a un militante del PSOE al frente» del CIS, y ha asegurado que si asume la Presidencia del Gobierno tras las próximas generales del 10-N «el que haga las encuestas del CIS no será de Cs, ni del PP ni del PSOE«, sino una persona seleccionada mediante concurso público.

El líder naranja ha dicho que «ya está bien de colocar a la gente en la tele pública, en el CIS y de colocar a los jueces a dedo», añadiendo que «España necesita renovar, sin duda, el panorama político».

Albert Rivera ha rehusado valorar los datos de la encuesta del CIS sobre la intención de voto, publicada este martes, porque «un CIS que está hecho en la sede del PSOE no es un CIS fiable para el resto de los españoles».

YA ESTÁ BIEN DE COLOCAR A LA GENTE EN LA TELE PÚBLICA, EN EL CIS Y DE COLOCAR A LOS JUECES A DEDO

Albert Rivera.

«Queremos gobernar, como ya gobernamos en Madrid, Andalucía, Castilla y León, en Murcia, en Zaragoza, en cientos de capitales de este país, incluidas la capital de España y la capital de Aragón», ha continuado Rivera, quien ha dado por seguro que «vamos a gobernar y vamos a decir a los españoles que sí se puede», recordando que «en Andalucía decían que no era posible un cambio y, después de 37 años, hubo un cambio gracias a Ciudadanos«.

RECUERDA HABER SUPERADO ANTES A LAS ENCUESTAS

También ha dicho que Cs fue el partido más votado en las últimas elecciones autonómicas de Cataluña «y en las últimas encuestas del CIS (sobre las generales) por cierto, nos daban 15 escaños menos y ganamos al CIS».

En este contexto, ha pedido a los votantes «que se movilicen, que no se queden en casa, que voten con ganas, a quien más les guste, sin miedo, lo que les apetezca, pero que vayan a votar, porque si no votas, deciden los que votan y tú no decides, deciden los demás por ti».

A juicio de Rivera, «hay que comprender el hartazgo de la gente, también de los ciudadanos comprometidos con este país, en un momento difícil», pero «aunque sea un sobre-esfuerzo, tienen que hacerlo, coger la papeleta e ir a las urnas».

La macroencuesta electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) con vistas a los comicios del próximo 10-N, da la victoria al PSOE con un respaldo estimado del 32,2%, lo que se traduciría en cerca de 133 y 150 escaños.

Ese 32,2% que el CIS otorga al PSOE supone un aumento de cuatro puntos respecto a las elecciones del 28A. Pese a esto, está por debajo de la encuesta de septiembre donde las perspectivas eran más favorables y se le otorgaba un 34,2%.

La subida respecto a las generales se traduce en una horquilla de entre 10 y 27 escaños más por lo cual los socialistas ya podrían gobernar con mayoría absoluta tanto con Unidas Podemos como con Ciudadanos, sin necesidad de recurrir a más socios.

UNA ENCUESTA PREVIA A LA SENTENCIA

La encuesta se basa en 17.650 entrevistas personales realizadas entre el 21 de septiembre y el 13 de octubre, es decir tras el visto bueno del Supremo a la exhumación de Franco y el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Por lo contrario, sin conocerse aún la sentencia sobre el procés y la reacción violenta de una parte del independentismo en Cataluña.

La segunda posición vuelve a ser para el PP, al que se calcula un apoyo del 18,1%, lo que supone una escasa subida de 1,4 puntos. Estos resultados compondrían un grupo parlamentario de entre 74 y 81 diputados, mejor que los 66 de abril, pero lejos de la cifra de cien escaños que le dan las encuestadoras privadas.

La coalición Unidas Podemos se quedaría en una posición similar a la de los anteriores comicios sumando el 14,6% y entre 37 y 45 escaños. Esos datos incluyen a En Comú (2,6% y ocho o nueve diputados en Cataluña) y a Galicia En Común (0,9% y dos o tres diputados en Galicia).

CIUDADANOS EN CAÍDA LIBRE

Ciudadanos cae y pasa a ser cuarto con una estimación de voto del 10,6% (cinco puntos por debajo del 15,86% de abril) y entre 27 y 35 diputados, lo que supone perder hasta 30 escaños respecto a los 57 que logró en los anteriores comicios.

En ese contexto, el CIS entiende que el PSOE podría llegar a sumar mayoría absoluta (176 votos) tanto con Unidas Podemos, ya que juntos sumarían entre 160 y 183 diputados, como con Ciudadanos (entre 160 y 185 escaños).

La quinta plaza volvería a ser para Vox, en contra de lo que indican las encuestas privadas. El CIS pronostica a los de Santiago Abascal una caída respecto al mes de abril otorgándoles ahora un respaldo del 7,9% y entre 14 y 21 diputados frente al 10,26% y 24 diputados de las generales de abril.

Por bloques, la izquierda abre brecha respecto al equilibrio que hubo en las generales del abril y ahora en la macroencuesta del CIS la suma de PSOE, Unidas Podemos, Más País y Compromís se impone claramente con casi la mitad de los votos y entre 173 y 199 escaños. en el lado apuesto, tendríamos el 37% de los votos, y los entre 117 y 139 diputados que se adjudican a PP, Ciudadanos, Vox y Navarra Suma.

HEGEMONÍA DE ERC EN CATALUÑA

Entre los partidos de ámbito territorial, Esquerra Republicana (ERC) mantiene el liderazgo en Cataluña subiendo hasta el 4,4% y entre 16 y 18 diputados. Lejos se quedan sus socios de gobierno, Junts per Catalunya con el 1,8% y entre cuatro y seis escaños.

En Euskadi, el PNV se mantiene con el 1,5% y seis o siete diputados, mientras que a Bildu se le da el 1,2% y suben a cinco escaños. El CIS no da por seguro el escaño del PRC de Miguel Ángel Revilla y pone en riesgo los dos escaños actuales de Coalición Canaria.

El CIS explica que este barómetro es un diagnóstico de una «foto fija» de las dinámicas que experimenta el electorado y, por tanto, «no es en absoluto un modelo de pronóstico de los resultados de las elecciones«.

EL HARTAZGO DE LA POLÍTICA

Respecto a la valoración de líderes, la tabla la encabeza Pedro Sánchez, con una nota media de 4 puntos, mientras que Pablo Casado se encarama a la segunda plaza con un 3,1 y supera por primera vez a Albert Rivera y Alberto Garzón, que se quedan con 3 puntos. Detrás aparecen Pablo Iglesias e Íñigo Errejón con 2,9, y cierra Santiago Abascal, con 2,2.

Además, Sánchez es el candidato preferido para ser presidente del Gobierno, con un respaldo del 28,3% frente al 11,6% que cita a Pablo Casado, el 8,1% que menciona a Pablo Iglesias y el 7% que prefiere a Rivera.

Según se refleja en la macroencuesta, el 78,8% de los españoles anuncia que irá a votar, e incluso dos de cada tres ya tienen decidido el partido. Sólo un 15,8% reconoce que no tiene intención de acudir a la cita con las urnas: de ellos el 35% se declara harto de la política, un 22,5% no está de acuerdo con la repetición y un 22% dice que no le convence ningún líder.

Más de 800.000 personas solicitaron no recibir propaganda electoral tras conocerse la repetición de elecciones. Sin embargo, formaciones como Vox y Unidas Podemos han logrado esquivar esa barrera. Ambos partidos no personalizarán los envíos y enviarán un ‘mailing’ genérico a cada vivienda para asegurarse de que nadie se queda sin su papeleta.

Según datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), un total de 810.367 personas son las que pidieron no recibir propaganda electoral para estas elecciones, que suponen la repetición de las generales del pasado 28 de abril por la imposibilidad que ha habido de formar gobierno.

Fuentes del INE consultadas por Europa Press han explicado que la iniciativa que puso en marcha el organismo era para que los ciudadanos interesados solicitasen su «exclusión de la copia del censo electoral que se entrega a los partidos para el envío de su propaganda electoral».

LAS PAPELETAS DE VOX, A RESIDENTES

Sin embargo, muchas de estas personas se encontrarán con sobres de Unidas Podemos y de Vox en sus domicilios. Esto se debe a que estos partidos no hacen uso de los datos del censo para sus envíos, sino que remiten la propaganda de forma genérica a cada domicilio.

Vox ha decidido recurrir a esta fórmula para todo el territorio y envía un único sobre –adornado con los colores de la bandera de España– a cada vivienda, independientemente de sus ocupantes. «Electores residentes en…», reza en el membrete de las misivas de Vox.

Por su parte, Unidas Podemos sí que enviará propaganda personalizada utilizando el censo en algunas provincias, pero lo hará de forma genérica en otras circunscripciones, según han explicado fuentes de la coalición a Europa Press.

LA JUNTA ELECTORAL NO LO IMPIDE

Esta práctica es aceptada por la Junta Electoral, que en una reciente resolución –recogida por Europa Press– subraya que la difusión de propaganda electoral por las formaciones políticas mediante el sistema de ‘buzoneo’ no incurre en contradicción con la petición de los electores para que sus datos no sean cedidos a los partidos.

«Esta Junta considera que la previsión establecida en el apartado 3 del artículo 39 de la LOREG, en el sentido de que los electores pueden oponerse a su inclusión en las copias del censo electoral que se faciliten a los representantes de las candidaturas para realizar envíos postales de propaganda electoral, no resulta aplicable a la difusión de propaganda electoral por las formaciones políticas mediante el sistema de ‘buzoneo’, puesto que en este caso se deposita propaganda electoral sin ningún tipo de identificación del destinatario», justifica la Junta Electoral.

«En estos supuestos las formaciones políticas no utilizan los datos personales de los electores, por lo que no queda afectado el derecho de oposición que éstos puedan formular», continúa en su respuesta a una pregunta hecha al respecto por un representante de la coalición Más País-Chunta Aragonesista-Equo.

El juez belga de primera instancia que debe decidir sobre la orden de detención y entrega cursada por el Tribunal Supremo, es decir, la euroorden contra el expresidente Carles Puigdemont, ha decidido aplazar la audiencia al próximo 16 de diciembre por la tarde, para dar más tiempo a las partes para explicar sus alegaciones.

Así lo han explicado a los medios de comunicación el propio líder independentista y su equipo de abogados después la vista sobre la reactivación de la euroorden, en una audiencia a puerta cerrada en la Cámara del Consejo (tribunal de primera instancia) de Bruselas, que debía decidir sobre su entrega a las autoridades españolas.

La defensa de Puigdemont ha explicado que durante este tiempo prepararán sus argumentos, que serán los mismos que en la euroorden anterior y además defenderán que el expresidente catalán tiene inmunidad por haber sido elegido eurodiputado.

SOLICITUD DE APLAZAMIENTO

La Fiscalía belga pidió al Tribunal de primera instancia de Bruselas la ejecución de la orden europea de detención y entrega (OEDE) para que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fuera entregado a España por sedición y malversación, los dos delitos por los que le reclama la Justicia española.

«Piden la extradición por los dos delitos», ha informado Paul Bekaert, el abogado belga del político independentista, indicando así que la Fiscalía de Bruselas defiende la posición del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, aunque no aclare cuál sería la equivalencia de delitos en el sistema belga.

Los abogados de Puigdemont tenían previsto solicitar un aplazamiento de la vista para contar «con más tiempo para preparar» la defensa del expresidente catalán, con el argumento de que apenas habían tenido 24 horas para estudiar el dossier y aludiendo a la complejidad del caso.

Por ello, Bekaert ya anticipó que el juez no tomaría ninguna decisión sobre el fondo del asunto, sino que fijaría una nueva fecha, «probablemente a primeros de diciembre», para continuar la vista y que las partes puedan presentar sus alegatos.

REACTIVACIÓN DE LA EUROORDEN

Puigdemont se encuentra en libertad sin fianza, pero sujeto a condiciones como tener una residencia fija en Bélgica y no salir del país si no es con autorización del juez, a la espera de que se resuelva su caso.

Así lo dispuso el juez de instrucción ante el que Puigdemont tuvo que prestar declaración el pasado viernes, tras la reactivación de la euroorden de Llarena hace una semana. El político independentista se entregó a la Policía federal belga y quedó bajo arresto hasta que el juez le interrogó y dictó las medidas cautelares al día siguiente.

Para evitar la extradición, la defensa de Puigdemont esgrimió que tenía inmunidad como eurodiputado pero, tras consultar con el Parlamento europeo, el juez instructor concluyó que no gozaba de tal protección.

En 2017, cuando la Audiencia Nacional solicitó por primera vez a Bélgica la entrega de Puigdemont, el Ministerio Público belga abogó por cumplir la extradición por todos los delitos que se le imputaban en España -incluyendo los de rebelión y sedición- salvo el de prevaricación.

Entonces, la Fiscalía de Bruselas entendió que encajaban en el ordenamiento jurídico belga en las descripciones penales de «coalición de funcionarios» y «malversación por parte de funcionarios».

PLAZOS PARA RESOLVER LA EUROORDEN

En cualquier caso, cuando el juez tome su decisión sobre la entrega o no de Puigdemont a las autoridades españolas, las partes en el proceso -Fiscalía belga y defensa- dispondrán de un plazo de 24 horas para presentar un recurso y el caso pasaría entonces a la Corte de Apelación.

Quedaría aún una última instancia, el Tribunal de Casación (equivalente al Tribunal Supremo español), que puede pronunciase sobre la forma pero no sobre el fondo del proceso.

El reglamento europeo establece un plazo máximo de 60 días para resolver los procesos de extradición entre dos Estados miembros, un periodo que podría ser ampliado otros 30 días, hasta los 90, en casos excepcionales.

Con todo, estos plazos están previstos para personas sobre las que pesan órdenes de extradición y están detenidas a la espera de que se resuelva su asunto, por lo que en caso de que los reclamados se encuentren en libertad, como es el caso de Puigdemont, los plazos pueden ser mucho mayores.

De acuerdo al ordenamiento legal belga, Bélgica puede rechazar la extradición de una persona buscada por un país socio si existen «razones serias» para pensar que no se respetarán sus Derechos Fundamentales tras la entrega o si los delitos que se le imputan no son una infracción en el derecho belga o no están recogidos en un listado de 32 delitos acordados por la UE en su directiva.

El Valle de los Caídos abre de nuevo sus puertas este martes, en horario habitual, tras la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco el pasado jueves 24 de octubre, según fuentes de Patrimonio Nacional.

El Valle de los Caídos llevaba cerrado desde el pasado 11 de octubre, tal y como acordó el Consejo de Ministros, que puso fin de esta forma a un procedimiento iniciado hace un año y que se ha topado con múltiples obstáculos consecuencia de los numerosos recursos planteados por la familia de Franco y su entorno, que se opusieron desde el principio a la exhumación.

De momento, las entradas online para visitar el Valle de los Caídos no se pueden adquirir al menos hasta el mes de enero, tal y como recoge la web de la venta oficial de entradas de Patrimonio Nacional. En cuanto a la venta física en taquilla, sigue estando habilitada, según fuentes del monumento, que no obstante no pueden confirmar si por este formato quedan entradas disponibles.

En el caso de la venta online, en los días habilitados para la visita se alternan tanto el cartel de ‘agotado’ como la advertencia de que no hay entradas disponibles al menos hasta  enero de 2020.

LAS VISITAS AUMENTARON UN 33,75% EN 2018

Hasta septiembre, los datos de Patrimonio Nacional muestran que casi 400.000 personas visitaron el Valle de los Caídos durante el pasado año 2018, una cifra que podría verse modificada tras la exhumación de los restos mortales del dictador de la basílica el pasado jueves.

En concreto, el monumento donde reposaban los restos mortales del general recibió el año pasado un total de 378.875 visitantes, lo que supone un aumento del 33,75% respecto a 2017, cuando acudieron 283.277 personas.

A pesar del aumento de las cifras, las de 2018 son inferiores a las de 2007 (cuando se registraron 419.396 personas), y a las de 2001, cuando se acercaron a la basílica más de medio millón de visitas ya que los operadores turísticos ofertaban numerosos viajes al complejo y a San Lorenzo de El Escorial.

Las entradas al Valle de los Caídos se multiplicaron desde el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de su intención de exhumar los restos de Franco, proceso que se aceleró en agosto último con el decreto ley para modificar la Ley de Memoria Histórica.

El principal beneficiado de las visitas al Valle de los Caídos ha sido durante años el municipio de San Lorenzo de El Escorial, ciudad incluida en las rutas turísticas de operadores de viajes que parten de Madrid, fundamentalmente por el Monasterio que mandó erigir Felipe II en 1563.

Muchas de las empresas que organizan viajes guiados por la sierra de Guadarrama también han vendido mucho las visitas al monumento en los últimos meses. De momento no tienen previsto ofrecer viajes al panteón de Mingorrubio aunque si la demanda es fuerte se podría contemplar.

Algunas agencias incluso anticipan un aumento de visitas a partir de ahora para ver como ha quedado la tumba tras la exhumación realizada esta semana. De momento allí siguen los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, delante del altar mayor de la basílica.

La violencia en Cataluña, derivada de las protestas por la sentencia del procés, sigue copando los argumentos de la precampaña electoral. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha precisado que hoy por hoy existen varias líneas de investigación abiertas respecto de los disturbios registrados en Cataluña y ha revelado que los servicios secretos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investiga la existencia de posibles vínculos entre responsables políticos de las fuerzas independentistas con algunas de las plataformas violentas que están instigando los altercados en las calles catalanas.

Así lo ha señalado en una entrevista en Telecinco, en la que ha prometido que en esta investigación llegarán hasta «el final».

«No va a haber ningún delito que quede impune»

Entre las diferentes líneas de investigación señaladas, Sánchez ha precisado que la primera de ellas, tiene que ver con «los más de 200 detenidos» en las últimas semanas y sobre los que se deberá determinar si con sus acciones de protesta han incurrido en algún tipo de responsabilidad administrativa o penal. «No va a haber ningún delito que quede impune», ha advertido.

Pero una segunda línea de investigación se centra en «ver si existen vínculos entre responsables políticos y algunas plataformas que llaman a la agitación y a la violencia». «Los servicios de inteligencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están detrás de esta cuestión y vamos a llegar hasta el final», ha advertido.

Preguntado por la actitud más firme que le reclama la oposición en relación con Cataluña, Sánchez ha señalado que «menos mal» que es el PSOE el que está al frente del Gobierno a la hora de gestionar esta cuestión porque la proporcionalidad y la templanza no es un signo de debilidad sino de fortaleza.

Sánchez ha puesto en valor el trabajo de «anticipación y prevención» que ha llevado a cabo su Gobierno, que sospechaba que tras la sentencia del procés el clima en Cataluña se iba a tensionar y, por eso, lleva meses trabajando en mejorar la coordinación de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los Mossos d’Esquadra.

En un intento de movilizar el voto de los indecisos, Sánchez ha avisado de que los independentistas precisamente lo que quieren es un Gobierno débil en España.

A esos dos millones de electores que, según los sondeos, aún no tienen claro a quién votar o siquiera a quién darle su apoyo Sánchez les ha subrayado que su voto sí que tiene mucha importancia para que España se dote por fin de un «horizonte de estabilidad» que rompa el bloqueo político en que se encuentra instalado el país.

En opinión de Sánchez, sólo el PSOE garantiza «un proyecto político» para España, equipos competentes para llevarlo a cabo y presencia en todo el país como ninguna otra fuerza que permite a los socialistas ser capaces de vertebrar el país. El resto de fuerzas políticas sólo tienen un proyecto «para las dos próximas semanas» y pasa por que no gobierne el PSOE, ha denunciado Sánchez.