sábado, 10 mayo 2025

Podemos Andalucía asume por primera vez la República en un programa electoral

El borrador del programa electoral para las andaluzas que ha elaborado Adelante Andalucía defiende claramente el ideario republicano con unos postulados que IU defendió en el pasado, pero que Podemos asume ahora por primera vez.

La introducción del programa electoral de Adelante Andalucía, la marca en la que se han asociado Podemos e IU, se titula ‘Instituciones políticas, identidad andaluza y proceso constituyente’ y su punto 18 se abordan postulados republicanos.

Primero se habla de la necesidad de construir una nueva estructura económica «sobre una base ecologista, feminista, pública, laicista, republicana, distribuida territorialmente, equitativa, y que apueste por un modelo fiscal propio y la soberanía ecológica».

A continuación, se defiende un cambio en las estructuras del Estado. «Tenemos que caminar hacia un proyecto de Estado cooperativo, plurinacional y republicano. El avance de Andalucía es imposible sin participar en la dinámica rupturista y constituyente del Estado, que tiene en la República su expresión más elevada«, se indica en el borrador.

El coordinador general de IU Andalucia, Antonio Maíllo, ya adelantó a mediados de septiembre en una entrevista con esdiario.es que en el programa de Adelante Andalucía habría una defensa de los postulados republicanos en línea con lo defendido en las elecciones de marzo de 2015, en las que su formación política y Podemos se presentaron por separado.

En el programa de IU Andalucía para aquellos comicios había un epígrafe específico sobre la forma política de España y esta comunidad autónoma –«Andalucía como sociedad republicana. Hacia una España federal y republicana»-.

El texto no dejaba dudas sobre el ideario político: «La lucha por el cambio de modelo de Estado, abandonando la caduca Monarquía Borbónica es una reivindicación básica de nuestra formación, pero el cambio del modelo de Estado ha de ser integral, apostando por un nuevo modelo económico, político y social».

Entre los «déficits» que IU veía entonces estaba la «vigencia de la Monarquía Borbónica» y el uso «vergonzoso de los medios institucionales y mediáticos para el mantenimiento de la imagen de una Monarquía caduca y corrupta».

LA REPÚBLICA COMO «ALTERNATIVA»

Ante ello, la coalición de Maíllo proponía desarrollar una «alternativa republicana» frente al modelo vigente y ofrecía una seria de propuestas: «Impulsar desde las Instituciones democráticas el cambio de modelo político, social y económico que se encarna en la III República», así como una «red de Municipios por la III República» y que los cargos públicos de IU tomasen posesión «bajo una fórmula que los/as posiciones desde el primer momento frente al sistema y por la República».

Frente a este ideario claramente rupturista, la candidatura de Podemos Andalucía, liderada por Teresa Rodríguez, no hizo ninguna referencia en 2015 a la forma del Estado y únicamente pedía dar más visibilidad a la soberanía popular. Eso sí, desde entonces, los guiños de Podemos Andalucía a la República han ido a más a lo largo de estos últimos tres años y medio.

Por ejemplo, el alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, provocó una fuerte polémica en su ciudad hace dos años cuando izó la bandera tricolor en la fachada del Ayuntamiento gaditano el 14 de abril de 2016.

Tras una denuncia presentada por la Subdelegación del Gobierno, el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Cádiz determinó en septiembre de 2017 que el regidor de Podemos infringió la ley al colgar la bandera de la República en un edificio oficial ya que un Ayuntamiento, como administración pública, debe actuar «con sometimiento pleno a la ley y al derecho».

 

Los diputados (y diputadas) desaparecidos de Ciudadanos

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Ciudadanos tiene 32 diputados en el Congreso, pero, al ver las sesiones plenarias, cualquiera diría que tiene muchos menos. Albert Rivera ha decidido que el protagonismo se concentre en unos pocos y, además, que esos pocos sean en su mayoría hombres.

Mientras, una buena parte de los diputados y diputadas de la formación naranja han quedado en la sombra al no tener apenas intervenciones en el Pleno, centrando su labor en las distintas comisiones parlamentarias, mucho menos lucidas.

Aunque en grupos parlamentarios muy grandes, como el del Partido Popular, con 137 miembros, es normal que muchos de ellos no intervengan en el hemiciclo, en el grupo de Cs, bastante menos numeroso, resulta llamativo.

Según consta en la web del Congreso, es Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos, el diputado que más veces ha hablado en el Pleno –56 desde que comenzó la actual legislatura–, seguido de Albert Rivera, que suma 53, y del portavoz económico, Toni Roldán, con 42. Son, con diferencia, los principales protagonistas de Cs en los plenos, pero Francisco de la Torre, portavoz en la Comisión de Hacienda, tampoco se queda atrás, con 33 intervenciones.

Solo una mujer se cuela en el ’top 5’ de los diputados con más protagonismo en los Plenos de la Cámara Baja: Melisa Rodríguez, portavoz adjunta, que acumula 33 intervenciones y supera las 29 del secretario general del grupo parlamentario, Miguel Gutiérrez. Junto a Rodríguez, son la portavoz de Igualdad, Patricia Reyes, y la de Educación, Marta Martín, las parlamentarias a las que más se escucha en el hemiciclo, ya que la primera ha hablado en 27 ocasiones y la segunda lo ha hecho en 24.

Sin embargo, estas tres diputadas son la excepción. De los 32 miembros que forman el grupo parlamentario del partido naranja, solo ocho son mujeres, es decir, una cuarta parte. Esto lo convierte en el grupo con menos presencia femenina en los escaños del Congreso si se compara con el PP, el PSOE y Unidos Podemos, que tienen más de un 40% de mujeres en sus filas.

Pero es que, además, solo hay cuatro mujeres entre los 20 diputados de Ciudadanos que más veces han tomado la palabra en el hemiciclo del Congreso, y la cuarta, Marta Rivera, presidenta de la Comisión de Cultura, está muy lejos de ser una cara habitual en las sesiones plenarias, ya que tan solo ha realizado doce intervenciones desde que comenzó la legislatura hace algo más de dos años.

LOS DIPUTADOS DE CIUDADANOS QUE MENOS INTERVIENEN

Otro dato que se desprende de los registros de la web de la Cámara es que de los once diputados de Cs que menos veces han hablado ante el Pleno, con menos de ocho intervenciones cada uno, cuatro son mujeres. Se trata de Virginia Millán, diputada por Sevilla, Elena de la Faba (Barcelona), Irene Rivera (Málaga) y Sandra Julià (Castellón).

A Rivera nunca le ha gustado la idea de las cuotas de paridad –dice que solo generan “fotos que aparentan igualdad”–, así que probablemente no vea como un problema estas diferencias entre los diputados y las diputadas de su grupo.

En cualquier caso, la falta de un papel destacado en las sesiones plenarias es algo que afecta tanto a diputados como a diputadas, y no solo desde el punto de vista cuantitativo –escasas intervenciones–, sino también cualitativo.

El hiperliderazgo de Albert Rivera se pone de manifiesto también en el Congreso, donde se ha encargado de la presentación de cuatro de las nueve leyes impulsadas por Cs, mientras que las cinco restantes han sido defendidas, de nuevo, por hombres: Toni Roldán, Nacho Prendes, Toni Cantó y Francisco Igea.

Además, en estos dos años, una tercera parte de los diputados, ocho hombres y tres mujeres, nunca han tenido la oportunidad de defender en el Pleno mociones o proposiciones no de ley promovidas por Ciudadanos ni de plantear preguntas o interpelar a ministros. En este grupo repiten Virginia Millán, Elena de la Faba y Sandra Julià, junto a José Cano (Alicante), Francisco Javier Cano (Cádiz), José Luis Martínez (Murcia) o Diego Clemente (Almería).

Poco después de que la formación naranja hubiese obtenido representación en el Congreso, un artículo en el diario ABC daba voz a algunos diputados que, desde el anonimato, denunciaban que se sentían aislados en el grupo parlamentario, que no participaban en los procesos de toma de decisiones y que la dirección del grupo estaba “bunkerizada”. Dos años después, parece que muchos siguen estando en un segundo plano, pero puede que, a estas alturas, ya se hayan resignado a desempeñar ese papel.

 

Cuando Gürtel, Garzón y el narcotráfico cruzaron sus caminos en el Supremo

El caso Gürtel vivió un momento sorprendente en el Tribunal Supremo cuando la investigación judicial indagó sobre la posible relación entre la trama de corrupción encabezada por Francisco Correa y un importante capo del narcotráfico. Un negocio con plantas de residuos es el punto en común entre ambos.

Entre los miles de documentos de la investigación judicial del caso Gürtel aparece una conexión con las actividades David Pérez Lago, uno de los más importantes narcotraficantes gallegos, condenado junto con Tania Varela, una abogada que, tras una trayectoria de película, se convirtió en la española más buscada por Europol y que fue detenida el pasado mes de marzo.

El padrastro de David Pérez Lago es Laureano Oubiña, uno de los históricos narcos gallegos e hijo de Esther Lago, ya fallecida, también condenada por narcotráfico. Pérez Lago fue enviado de nuevo a prisión recientemente, tras una operación policial a principios de 2018 en la que también fue detenido el histórico narcotraficante Sito Miñanco.

Durante la investigación judicial del caso Gürtel se indagó sobre el sumario, al que ha tenido acceso MONCLOA.COM, de la operación policial en la que se intervinieron dos toneladas de cocaína en la Playa de A Barda (A Coruña) el 20 de abril de 2006.

En esta investigación se intervino el teléfono móvil de Tania Varela. Esta “persona de la entera confianza de David Pérez Lago y del resto de la organización investigada”, según el juez instructor, intentaba “organizar un entramado empresarial” con los beneficios del tráfico de drogas.

El pinchazo telefónico realizado en la investigación, llevada a cabo por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO-central) y los Grupos de Respuesta Especializada contra el Crimen Organizado (GRECO-Galicia) de la Policía, descubrió que Tania Varela realizó una llamada a Joseph Mayola, escrito en el auto judicial con ‘ph’ final.

EL NEGOCIO DE GÜRTEL CON LOS RESIDUOS

Tania Varela no consiguió hablar con Mayola, al que el juez considera relacionado con el narco David Pérez Lago, y termina hablando con una persona identificada como David Paulet, con el que trató sobre un asunto relacionado con “plantas de residuos”.

La abogada, que fue considerada también pareja de David Pérez Lago, informó a Paulet de cómo “los pasos que se tienen que dar por el método convencional se saltan” y barajan la posibilidad de instalar las plantas en Asia, Venezuela o Méjico.

Fuentes del caso han confirmado a MONCLOA.COM que a David Pérez Lago le ofrecieron la participación en este tipo de negocios a través de Tania Varela, aunque finalmente no entró en ellos.

La relación entre esta intervención telefónica, en uno de los casos de tráfico de drogas más importantes de los últimos años, y el caso Gürtel se encontraba en Josep Mayola. Este aparecía relacionado con la empresa Rakestone Limited.

La citada sociedad fue usada para ocultar el patrimonio del líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, en el extranjero. Concretamente, Rakestone Ltd. fue la propietaria desde 2006 de la sociedad instrumental británica Rustfield Trading. Esta empresa, era una de las sociedades instrumentales de Correa.

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Documento del Tribunal Supremo en el que pide la información sobre el narcotraficante David Pérez Lago en Gürtel.

Josep Mayola, socio de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresident de la Generalitat, ocultó seis millones de euros en la Isla de Man obtenidos en un pelotazo que consiguieron con un negocio de residuos: un vertedero en Cruïlles (Girona), según el diario El País. En el negocio afloró como inversor oculto también la empresa Rakestone Limited, con domicilio en la isla de Man.

El juez Jorge Barreiro, que instruyó el caso en el Tribunal Supremo sobre las escuchas ordenadas por el juez Baltasar Garzón a los imputados en el caso Gürtel, que finalmente llevaron a la inhabilitación del magistrado, se interesó por la relación de este importante caso de narcotráfico y Gürtel, ya que pidió que le fueran remitidos 45 folios del mismo.

Entre las escuchas ordenadas por el juez Garzón y que acabaron con su carrera como juez se encontraba la del ‘número dos’ de Gürtel, Pablo Crespo, que ahora ha presentado una querella por prevaricación contra Garzón a raíz de los audios publicados por MONCLOA.COM en los que el comisario José Manuel Villarejo habla de una reunión con el juez Baltasar Garzón y altos mandos policiales el día antes de que se incoaran las primeras diligencias del caso Gürtel.

 

González Pons, ¿el revulsivo del PP para recuperar la alcaldía de Valencia?

«¡Qué hostia… qué hostia!». Así de gráfica se mostró Rita Barberá la noche del 24 de mayo de 2015 tras la hecatombe del PP en la Comunidad Valenciana tras veinte años de hegemonía autonómica y veinticuatro en la alcaldía de la tercera ciudad más poblada de España.

Aquel día los ciudadanos pasaron factura por la corrupción popular en el Mediterráneo, paradigma del ‘pelotazo’ junto a Marbella en el imaginario colectivo pese a que ambos ejemplos no son los mayores casos de expolio público en nuestro país.

El PP perdió 24 de sus 55 diputados autonómicos tras quedarse sin la confianza de más de medio millón de votos. 48 horas después de la debacle Alberto Fabra anunció su renuncia a continuar liderando el partido tras ser incapaz de ‘vender’ la regeneración en la formación de Zaplana y Camps.

UN BASTIÓN ALICAÍDO DEL PP

Isabel Bonig, ex alcaldesa de Vall de Uxó y exconsejera de Infraestructuras entre 2011 y 2015, fue la mujer elegida por Mariano Rajoy para cortar amarras con el pasado y borrar del subconsciente colectivo la asociación del PP valenciano con la corrupción.

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Isabel Bonig, presidenta del PPCV y próxima candidata popular a la Comunidad Valenciana. Foto: Flickr PP

El liderazgo de Bonig se advirtió internamente como un relevo transicional que abocaba a los populares a la incertidumbre. Este paréntesis provocó desasosiego en un territorio que en las dos últimas décadas ha sido un bastión electoral del PP.

Pero tres años después nadie duda de que la presidenta del PPCV será la cabeza de cartel autonómico y aspirará a arrebatarle el poder a Ximo Puig. Su incómoda posición de neutralidad en las primarias mientras su equipo apoyaba públicamente a Soraya Sáenz de Santamaría ha rematado su candidatura.

PABLO CASADO APOYA A BONIG

Pablo Casado despejó en agosto las pocas dudas sobre la candidatura de Bonig: «Va a ser una magnífica presidenta de la Generalitat valenciana«, apuntó. Sin embargo parte del equipo de la líder popular sí que se dejó pelos en la gatera en las primarias. Es el caso de Rubén Moreno, ‘sorayista’ y presidente de la gestora provincial del PP en Valencia.

La presencia de Casado en una comida de militantes valencianos en La Pobla de Fornals el mes pasado desperezó un partido aletargado por la corrupción. Pero la encuesta realizada por Invest Group para el periódico Levante EMV ha vuelto a despertar la inseguridad.

El sondeo pronostica que el PSPV se disparará de los 23 diputados actuales a 33, por lo cual podría renovar su mayoría con sus socios actuales. Peores perspectivas tiene el PP, que caería de 31 a 23 representantes y no podría recuperar el poder ni siquiera sumando con Ciudadanos, que subiría de 13 a 19 escaños.

Pablo Casado cuenta con varias personas afines en el PP valenciano. Sus dos principales apoyos son Belén Hoyo, ascendida a portavoz adjunta en el Congreso tras las primarias, y Luis Santamaría, diputado autonómico y ex presidente de la gestora de los populares en Valencia tras el estallido del ‘Caso Imelsa’, que investigó un supuesto delito de blanqueo de capitales en en el grupo municipal del PP.

Luis Santamaría entra en la terna de candidatos para liderar el cartel del PP en la ciudad junto a el actual portavoz municipal, Eusebio Monzó… y Esteban González Pons. Nadie duda de que el fichaje de éste último podría provocar un golpe de efecto a nivel electoral.

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Isabel Bonig en la Convención Nacional de Sevilla. Foto: Flickr PP

El problema es que el portavoz del PP en el Senado durante la etapa Aznar, vicesecretario de Comunicación con Rajoy y consejero con Camps no estaría dispuesto a regresar de Bruselas por su probable ascenso como líder del Grupo Popular europeo en sustitución de Manfred Weber.

González Pons, una de las escasas ‘estrellas’ que se han salvado de la quema en el PP valenciano, es uno de los hombres que se barajan entre las filas populares para encabezar el cartel de las europeas si María Dolores de Cospedal mantiene su palabra de apartarse de la primera línea política.

Isabel Bonig por su parte apoya públicamente a Monzó, aunque el triunfo de Casado sobre Soraya, que ganó en las primarias en la Comunidad Valenciana, no le deja las manos libres para confeccionar las listas autonómicas y municipales de mayo.

El PSOE intentará renovar la ley de financiación de los partidos políticos

Los numerosos casos de corrupción han agitado la vida política española. PSOE y PP intentaron sin suerte que esta lacra aminorase con una doble modificación de la ley de financiación de los partidos políticos en los últimos seis años.

En 2012 se volvió a modificó la ley con la intención de apretar el cinturón a los partidos en tiempos de crisis. Pero a la vez se abrió una puerta a que sus cajas se llenasen al eliminar el tope máximo a las donaciones privadas a las fundaciones políticas.

Tres años después, marzo de 2015, se reguló la financiación política con una medida estrella: prohibir los donativos por parte de las empresas. Pero aquella medida escondía otra sorpresa: la restricción de gastos electorales a las plataformas vecinales, que llevaban años protestando por las dificultades que tenían para cobrar los ingresos que reciben por concejales y votos.

UNA REGULACIÓN PROBLEMÁTICA PARA LAS AGRUPACIONES LOCALES

La regulación de 2015 implicaba que las agrupaciones locales solo podían gastar 0,11 céntimos por cada miembro del censo en el que se presentaban, descontados gastos de mailing y papeletas electorales. En poblaciones de 1.000 vecinos con derecho a voto el gasto se limitaba a 110 euros para cubrir gastos de cartelería, alquiler de sonido, organización de actos y gastos varios.

El problema es que la ley de 2015 conllevaba sanciones de entre 50.000 y 100.000 euros para las plataformas que superasen en un 10% el techo de gasto (por lo cual, utilizando el ejemplo anterior, un gasto superior a 121 euros en un pequeño pueblo ocasionaba una sanción mínima de 50.000 euros).

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Pablo Azcona, alcalde de Lodosa por una agrupación independiente. Foto: Flickr LOIU.

En marzo del año pasado el Tribunal de Cuentas envió más de 500 expedientes sancionadores y posteriormente intentó apagar el fuego explicando algunos de sus miembros de forma verbal que no había intención de poner en un serio compromiso a los apoderados de numerosas candidaturas que ponen su firma por arrimar el hombro en la ‘España vacía’.

La Federación Española de Municipios y Provincias ha organizado algunas reuniones de trabajo con miembros de varias asociaciones para dejar claro que la ley no se cumplirá y se modificará en breve. El PSOE se pondrá en ello en las próximas semanas con la intención de eliminar el artículo 17 bis de la controvertida ley.

También se ha sumado a la campaña de la FEMP el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Pablo Azcona, que explicó que el buzoneo o la edición de un programa electoral «ya supera los 2.000 euros» y que el diseño de los trípticos «ronda los 300 euros, el buzoneo y envío unos 400 y 60 euros las pegatinas».

Íñigo Imaz, portavoz de la agrupación navarra Urdazubi Elgarrekindebía, declaró que «el límite es insuficiente y está mal planteado, sólo en fotocopias ya nos gastamos 200 euros. Es una vergüenza, se supone que la ley trata de impulsar la transparencia y casi te están obligando a no presentar las cuentas«.

«El límite es insuficiente y está mal planteado, sólo en fotocopias ya nos gastamos 200 euros. Es una vergüenza»

Y añadió: «Se ha iniciado un procedimiento contra las agrupaciones que hemos declarado los gastos, cuando hay grupos que no lo han hecho y no se enfrentan a multas: esto sólo va a conducir a que el año que viene la gente no declare.

EL PSOE INTENTARÁ VOLVER A LA LEY ANTERIOR A 2015

Hasta 2015 las agrupaciones solo debían abonar como multa el exceso de gasto y no unos 50.000 euros que se advierten como inasumibles. Este hecho provoca que se compita en desigualdad de condiciones con los grandes partidos, que compiten como ‘marca’ y tienen más capacidad de gasto.

Esta diferencia de criterio y algunas limitaciones de la ley provocaron que PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos aprobasen en marzo de este año una subcomisión para estudiar medidas para mejorar la financiación de los partidos políticos y el ‘borrador’ que surgió de este trabajo podría cristalizar en ley antes del finalizar el año.

Ciudadanos tropieza dos veces en la misma piedra, esta vez en Andalucía

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La precampaña para las elecciones andaluzas del 2-D apenas acaba de comenzar y Ciudadanos ya se ha lanzado a la piscina, aunque quizá sin medir demasiado las posibles consecuencias del salto dado.

El primero que dio una pista fue el secretario de Comunicación del partido, Fernando de Páramo, que, dos días después de que Susana Díaz anunciara el adelanto de las elecciones al 2 de diciembre, dijo que veía “muy difícil” volver a apoyar la investidura de la candidata del PSOE como presidenta.

Al día siguiente, el líder del partido en Andalucía, Juan Marín, fue más claro: “Los votos de Ciudadanos no van a servir para que Susana Díaz sea presidenta de la Junta ni para que el PSOE gobierne en Andalucía”. Poco después, en Madrid, la dirección nacional confirmaba la nueva estrategia. Juan Carlos Girauta, portavoz en el Congreso, explicaba que, tras apoyar a los socialistas durante tres años, habían llegado a la conclusión de que con Díaz en la Junta “no es posible regenerar” esta comunidad y por eso no volverán a investirla.

Ahora el PSOE andaluz está manchado no solo por el caso de los ERE fraudulentos, sino también por el escándalo sobre los directivos de la Faffe que pagaban en prostíbulos con tarjetas de este ente público.

La formación naranja, que rompió el pacto de investidura con Díaz a principios de septiembre acusándola de incumplir compromisos como la eliminación de los aforamientos o la reforma de la ley electoral, ha decidido que no quería seguir cargando en plena campaña con la pesada losa de la corrupción de su antiguo socio.

Hasta ahora, los representantes de Ciudadanos se habían mostrado esquivos cada vez que les preguntaban por los pactos postelectorales en Andalucía. Lo único que habían descartado es un posible acuerdo de gobierno que incluyera a Podemos, lo cual no supone ninguna novedad en Cs. Ahora, en cambio, han hecho caso al presidente del PP, Pablo Casado, que les había retado a aclarar si volverían a respaldar a Susana Díaz.

CIUDADANOS BUSCA A VOTANTES DE PP Y DESENCANTADOS DE PSOE

Al asegurar que no lo hará, Juan Marín pretende atraer el voto de aquellos andaluces que tradicionalmente han apostado por el PP en los comicios autonómicos y también de los desencantados con el PSOE.

Según las últimas encuestas publicadas, el PSOE sería el partido más votado y el PP se situaría como segunda fuerza, seguido de Ciudadanos –con cerca de un 20% de los votos– y Adelante Andalucía, la confluencia de Podemos e Izquierda Unida.

Pero el partido liderado por Albert Rivera confía en lograr un crecimiento considerable respecto a las elecciones de 2015, en las que obtuvo algo más de un 9% de los votos y nueve diputados, y superar incluso al PP el 2 de diciembre.

Marín, que evita decir si respaldaría al candidato popular, Juanma Moreno, no se cansa de repetir que él sale a ganar, y De Páramo señaló la semana pasada que habrá que esperar para ver “quién es la bisagra” en las negociaciones para la formación del próximo Gobierno andaluz.

Sin embargo, Marín también se arriesga a tener que tragarse sus palabras, su negativa a apoyar al PSOE, si finalmente los escaños de Cs y los del PP no suman una mayoría. Le puede ocurrir lo mismo que a Albert Rivera, que hace dos años tuvo que desdecirse.

“Los votos de Ciudadanos no van a servir para que Susana Díaz sea presidenta de la Junta ni para que el PSOE gobierne en Andalucía”

Antes de las elecciones generales de diciembre 2015, el líder liberal repitió hasta la saciedad que su partido no apoyaría como presidente del Gobierno ni a Mariano Rajoy ni a Pedro Sánchez, y solo dos meses después estaba firmando un acuerdo de investidura con este último que luego no fructificó.

En la campaña de las generales de junio de 2016, Rivera volvió a caer en el mismo error –o engaño– al indicar que los diputados de Ciudadanos no solo no votarían a favor de Mariano Rajoy, sino que ni siquiera se abstendrían para permitir su investidura. En agosto, la formación naranja suscribió el pacto con el PP, y en octubre dio 32 síes a Rajoy en el Congreso.

Estos cambios de opinión le valieron luego a Cs calificativos como “veleta” o “poco fiable”. Ahora, Juan Marín subraya que “Ciudadanos cumple lo que dice”, pero solo el tiempo dirá si su palabra es de fiar o no.

El PSOE madrileño no sabe qué hacer con la oposición venezolana

Un documento entregado por la oposición venezolana  al concejal del PSOE en Madrid Antonio Miguel Carmona duerme “el sueño de los justos”, guardado en un cajón desde hace más de un mes.

El propio Carmona ha confirmado a MONCLOA.COM que entregó personalmente el documento al Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de la capital de España, y que desde entonces “está en estudio”, según sus palabras.

La entrega se realizó el jueves 6 de septiembre a las siete de la tarde, en la Casa de la Cultura del Barrio de Salamanca, en el transcurso del Foro “Venezuela, presente y futuro”, organizado por las Juventudes Socialistas de España y la Plataforma de Ayuda a Venezuela.

Fueron testigos de ella el ex alcalde metropolitano de Caracas, Antonio LedezmaLester Toledo en representación de Voluntad Popular; Luis Ignacio Guédez por la Causa R; el diputado Ramón López por el Parlasur y miembro de Primero Justicia; Manuel Rodríguez, coordinador de la Plataforma Ayuda Venezuela; Nieves Álvarez, en representación de Vente Venezuela; el activista político venezolano en el exilio, Álvaro Moreno, así como la concejal madrileña por Ciudadanos, Silvia Saavedra (se esperaba a Begoña Villacís, quien al final no acudió) y la portavoz del PP en el distrito de Salamanca, Macarena Puentes.

CARTEL 6 SEPTIEMBRE Moncloa
Convocatoria del acto del pasado 6 de septiembre

También estuvo presente Geraldine Gómez, prima carnal del opositor Juan Carlos Requesens, que entonces llevaba un mes “desaparecido” en alguna cárcel de Venezuela sin contacto alguno con la familia ni con ningún abogado, y que recientemente ha “aparecido” preso, acusado de ser uno de los principales artífices del presunto atentado con drones contra Nicolás Maduro en agosto.

Ha pasado más de un mes y el desesperado ‘SOS’ venezolano ni tan siquiera ha llegado a conocimiento oficial de la alcaldesa madrileña de Ahora Madrid, Manuela Carmena, porque los concejales socialistas lo tienen en un cajón.

El objetivo de los opositores al régimen del “sátrapa” Nicolás Maduro (así calificaron al presidente de Venezuela en el acto de entrega de la misiva a Carmona) era hacer llegar al Pleno del Consistorio una petición formal de ayuda y amparo “urgente” a los venezolanos llegados a Madrid tras huir de su país.

Los representantes venezolanos dejaron muy claro al concejal socialista que la situación por la que atraviesa el pueblo venezolano es agobiante, y le apremiaron a que intercediese ante las autoridades españolas a “hacer algo cuanto antes” para dar cobijo en Madrid a los expatriados y refugiados, así como a sus familiares.

PIDEN AL PSOE UNA CARTA DE REFUGIADO PARA LOS OPOSITORES

¿En qué se debería de traducir, a efectos prácticos, tal apoyo y amparo a la diáspora venezolana en Madrid? Pues a que el Pleno del Ayuntamiento de Manuela Carmena, a la que apoya el PSOE en su alcaldía, diera una Carta de Refugiado y de Exiliado Político a todo aquel ciudadano de Venezuela que, llegado a la Villa y Corte, o con residencia habitual en ella, lo solicitara.

Esta naturaleza o estatus político especial debería de servir para que el Consistorio madrileño promoviera activamente la integración social, el acceso a ayudas económicas, a la educación, al trabajo digno, a la sanidad y a una vivienda a estos refugiados.

Los opositores venezolanos argumentaron, entre otras muchas cosas, que el Ayuntamiento había desplegado en su sede del Palacio de las Comunicaciones (antiguo Correos), en la emblemática plaza de Cibeles, una gran pancarta de “Refugees Wellcome”, en el año 2013, como reacción ante la falta de compromiso del Gobierno de España, que entonces presidía el ‘popular’ Mariano Rajoy, con los refugiados que llegaban a Europa desde Siria y de otros países de Oriente y África en conflicto, o con una situación de hambruna y penurias extremas.

Los opositores venezolanos reclaman ahora que están viviendo la misma situación de emergencia humanitaria por culpa del chavismo. Ironías del destino, hace unas semanas la alcaldesa Carmena anunció que dicha pancarta sería descolgada de la sede del Ayuntamiento y sustituida por una estatua.

La escasa prisa que se están dando en el PSOE madrileño contrasta con el ardor con el que Carmona defendió en aquel acto el “compromiso histórico de todos los socialistas españoles por luchar por las libertades, los derechos humanos y la democracia en cualquier parte de mundo” y la oposición del PSOE “a cualquier represión y a cualquier régimen dictatorial y totalitario, venga de donde venga y se revista del color político que sea”.

Las palabras de Carmona fueron secundadas por el secretario general de las Juventudes Socialistas de España, Omar Anguita; la secretaria de Organización de las JJSS de Madrid, Raquel Barahona, y el secretario de Ideas y Programas de la misma organización, Luis Lorente.

Anguita se comprometió a trasladar esta preocupación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que le llevaría la preocupación de las Juventudes Socialistas por la situación de Venezuela, para que el Gobierno no dejara de hacer esfuerzos diplomáticos y humanitarios en favor de los venezolanos.

Por el momento, el único gesto del Ejecutivo fue convocar al embajador venezolano en Madrid, Mario Isea, por las circunstancias que han rodeado la muerte del concejal opositor venezolano, Fernando Albán, mientras se encontraba detenido.

Sánchez e Iglesias apuestan por cambios de calado en la ley electoral

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general del Podemos, Pablo Iglesias, incluyeron ayer en su acuerdo presupuestario para 2019 su compromiso de impulsar una amplia reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para imponer un ‘mailing’ único en las campañas electorales y obligar a los partidos a aprobar listas ‘cremallera’, es decir candidaturas en las que haya que alternar a hombres y mujeres.

«Se acuerda realizar un ‘mailing’ electoral único», reza el documento suscrito por ambos políticos ayer jueves en el Palacio de la Moncloa. Tras las elecciones generales de diciembre de 2015, los partidos ya analizaron la conveniencia de poner fin al envío postal de propaganda electoral por separado, pero finalmente no hubo acuerdo y en las legislativas de 2016 todos los electores volvieron a recibir en su buzón un sobre de cada formación.

El PSOE sí era más proclive a aceptar el fin el ‘mailing’ y finalmente se ha comprometido a ello con el grupo morado. En las recomendaciones para reformar el régimen y la financiación de los partidos políticos que PSOE, Podemos y Ciudadanos pactaron en el Congreso se abogaba por «abordar la regulación de un ‘mailing’ electoral que evite los gastos innecesarios y garantice un auténtico pluralismo e igualdad entre los partidos políticos concurrentes a las elecciones’, pero no se habló de su supresión total, según recordaba la agencia EP.

El acuerdo de socialistas y morados se ha sellado un día después de que la Comisión de Justicia del Congreso aprobase una reforma de la LOREG, incluida en la nueva ley de Protección de Datos, que permitirá que los electores que lo deseen pedir al Censo que no pase su datos personales a los partidos para así poder evitar el buzoneo de propaganda electoral. Esta reforma se aprobará en pleno la próxima semana y está previsto que esté en vigor para las citas electorales de 2019. 
El texto pactado también prevé el establecimiento de ‘listas cremallera’, un sistema que ya aplican internamente tanto el PSOE como Unidos Podemos y que supera la previsión legal establecida en la ley de Igualdad de 2007 en la que se apostó por la democracia paritaria.
Según la norma vigente, ningún sexo puede copar más del 60% ni tener menos del 40% de candidatos en tramos de cinco, es decir, puede haber tres hombres y dos mujeres o viceversa sin importar el orden en el que figuren en la papeleta. Las listas ‘cremallera’, por contra, obliga a alternar a los dos sexos, lo que garantiza que la representación de ambos en las instituciones sea más equilibrada.
El acuerdo firmado por Sánchez e Iglesias prevé igualmente la modificación de la normativa electoral para acabar también «con las trabas del voto rogado» que el Gobierno de Zapatero introdujo en 2011 para los inscritos en el Centro Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y que ha provocado importantes problemas y el descenso del voto de los emigrantes. Así, se ha pasado de índices de participación superiores al 30% a que desde ese año apenas un 5% ejerza su voto estando en el extranjero.

La búsqueda de una alternativa al voto rogado es, de hecho, el único acuerdo que se ha fraguado en la subcomisión para reforma de la LOREG que funciona desde el inicio de la legislatura en el Congreso, aunque todavía no se ha concretado cómo se va sustituir el sistema actual y existe peligro de que no dé tiempo para las elecciones europeas, autonómicas y municipales de mayo.

Asimismo, el texto incluye el compromiso de los dos firmantes de trabajar «para conseguir un amplio consenso que permita modificar la fórmula electoral para mejorar la proporcionalidad del sistema» electoral, pero no da ninguna pista de cómo prevén hacerlo.

 

Denunciantes de casos de corrupción y juristas se reúnen en secreto en Barcelona

Denunciantes de casos de corrupción de todo el mundo celebraron una reunión secreta en España con académicos, juristas y organizaciones que trabajan para terminar con el acoso a los primeros. La cita se produjo en Barcelona entre los días 19 y 21 de septiembre, según supo MONCLOA.COM.

En las reuniones estuvieron presentes tres denunciantes de casos de corrupción y organizaciones y expertos de veinte países. Los participantes decidieron no hacer públicos sus encuentros y celebraron sus reuniones a puerta cerrada. Eso sí, entre las organizaciones que luchan por mejorar la protección de las personas que llevan casos de corrupción ante policías y fiscales se encontraban cuatro españolas.

Uno de los informantes que participó (whistleblower en su acepción inglesa) también fue español. Se trata de Ana María Garrido, una de las personas clave para desvelar los negocios ilícitos de la trama Gürtel. Garrido hizo un recorrido de la proposición de ley española sobre el tema, con la que es muy crítica.

Los participantes en la reunión analizaron la directiva europea sobre protección de denunciantes de casos de corrupción que está debatiéndose en el Parlamento Europeo tras ser aprobada por la Comisión. El resultado de los trabajos realizados en Barcelona pretenden influir en las enmiendas a esta norma europea.

La propuesta presentada por la Comisión Europea ha recibido críticas debido a que establecía que los denunciantes debían hacerlo, en primer lugar, mediante los cauces internos. No sería hasta una segunda fase cuando podrían acudir ante las autoridades y, finalmente, a la prensa.

El texto que salió de la Comisión para ser tramitada en el Parlamento Europeo pretende proteger a los denunciantes contra el despido, la degradación y otras represalias. Según el proyecto, todas las empresas de más de cincuenta empleados, o con un volumen de negocios anual superior a 10 millones de euros, deberán crear un procedimiento interno para gestionar este tipo de denuncias. La norma obligaría a las administraciones públicas, salvo a municipios de menos de 10.000 habitantes.

Para prevenir represalias, la propuesta establece que, en caso de sufrirlas, el denunciante debe tener acceso a asesoramiento gratuito. También destaca que los denunciantes estarían exentos de responsabilidad en los procesos judiciales por la revelación de información.

En España, una propuesta legal que llevó Ciudadanos al Congreso de los Diputados el año pasado en el mismo sentido se encuentra aparcada desde entonces debido al bloqueo a su tramitación en su debate en comisión.

ESTATUTO JURÍDICO DEL ARREPENTIDO

Por su parte, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, afirmó el pasado verano en el Congreso de los Diputados que es urgente modificar la ley que regula la protección de testigos, con el fin de crear un estatuto jurídico del arrepentido para el caso de los delitos en el sector público.

Igualmente, la Fiscalía General del Estado defiende en su Memoria Anual, presentada el mes pasado, la necesidad urgente de una regulación de protección del denunciante. Según recoge esta Memoria, las personas que tienen conocimientos de delitos de corrupción no suelen denunciarlos por temor a las represalias.

El caso de Ana María Garrido, participante en la reunión de Barcelona y que como funcionaria descubrió lo que posteriormente dio lugar a la investigación del caso Gürtel, es paradigmático. Tras negarse a participar en concesiones públicas irregulares fue apartada de su puesto de trabajo.

Posteriormente, Garrido tuvo que pedir una excedencia y, a su vuelta, sufrió acoso laboral por parte de sus superiores. Sus denuncias han sido ratificadas por los tribunales, mientras que el Ayuntamiento las ha recurrido en todas las instancias. A raíz de ello, esta funcionaria renunció a su trabajo en el sector público y ha tenido que reconducir su vida laboral con la creación de una pequeña empresa.

 

Dos informes oficiales advertían del peligro en la zona de la riada de Mallorca

Documentos oficiales del Gobierno balear, a los que ha tenido acceso MONCLOA.COM, advertían de la peligrosidad de la zona donde se produjo la riada de ayer en la localidad de Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca): el torrente de Ses Planes era uno de los once puntos más peligrosos en el archipiélago ante un fuerte aguacero y estaba clasificado como de «prioridad máxima» en los estudios sobre zonas inundables.

La riada sufrida en este municipio, que se encuentra a 60 kilómetros de Palma de Mallorca, ha provocado hasta el momento al menos doce muertos y un desaparecido. Sant Llorenç se encuentra atravesado por el cauce de tres torrentes y el de Ses Planes está señalado como una de las once áreas de riesgo potencial significativo de inundación. La última riada sufrida en este lugar ocurrió en septiembre de 1989.

El “mapa de peligrosidad y de riesgo de inundación», elaborado en 2016 por el Govern balear y el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables -dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica-, señala una amplia zona del municipio que está afectada por la posibilidad de desbordamiento de los torrentes que la cruzan, incluso si sólo se trata de un ‘periodo de recurrencia’ de diez años.

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Zonas inundables del municipio de San Llorenç, según el Govern balear.

Los ‘periodos de recurrencia’ calculan aproximadamente los años que pueden transcurrir entre una inundación y otra. En el caso de Sant Llorenç se estudiaron las zonas que podían ser alcanzadas por una avenida de agua en periodos de retorno de 10, 100 y 500 años.

Entre las prácticas criticadas por los expertos en la materia se suelen citar la construcción de infraestructuras que interfieren en el recorrido del agua, la construcción de viviendas o industrias en las zonas inundables.

ENCAUZAMIENTOS ARTIFICIALES PARA RIADAS

Los técnicos también advierten que los encauzamientos artificiales, como los realizados en Sant Llorenç, no permiten la inundación lenta de terrenos llanos, que evitan el peligro de que se formen fuertes torrentes. El encauzamiento provoca, además, el incremento de la velocidad del agua.

En este sentido, el documento de evaluación preliminar del riesgo de inundación, realizado también en 2016 por el Govern balear, incluye los tramos de los torrentes de Ses Planes y Sa Blanquerna, que confluyen en el municipio de Sant Llorenç des Cardassar, en el listado de tramos de torrente con riesgo de avenida, a los que clasifica como de prioridad máxima.

En este mismo documento se recopilan los datos de inundaciones en Mallorca. La zona actualmente que ha sido devastada ayer ha sufrido seis riadas desde 1850, sin ningún fallecido. Cuatro de las inundaciones se han dado desde 1973.

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Sánchez y Armengol saludan a un vecino de San Llorenç. Foto: Pool Moncloa / Fernando Calvo

Las víctimas mortales por inundaciones en ese periodo en Baleares se produjeron en Peguera, en el municipio de Calvià -con dos fallecidos- y en Llavanera, en Santa Eurlària (Ibiza) -con tres muertos-.

Según este documento oficial, la riada de Sant Llorenç se convierte ahora en la más letal ocurrida en Baleares desde 1850 y suma más fallecidos que todas las que se han sufrido desde esa fecha.

Los registros del Centre Meteorològic de Balears indican, por último, que en la riada de 1989 en Sant Llorenç se recogieron 171 litros por metro cuadrado, frente a los 220 litros del suceso ocurrido ayer.

 

Delgado evita hablar de los audios con Villarejo y se desdice sobre el chantaje al Estado

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, evitó ayer en el Congreso de los Diputados entrar a valorar el contenido de las conversaciones que tuvo en 2009 con el entonces comisario José Manuel Villarejo y acabó desdiciéndose sobre el supuesto chantaje al Estado por parte de este último.

Delgado se enfrentó primero en la sesión de control al Gobierno con dos preguntas del PP y en el hemiciclo subrayó que no había presenciado «la comisión de ningún delito» en el citado ágape del restaurante Rianxo desvelado por MONCLOA.COM. «Yo no he estado presente frente a algún hecho que me hubiera obligado a denunciar porque llevó décadas persiguiendo delitos», esgrimió.

Por la tarde se enfrentó al plato fuerte con su comparecencia ante la Comisión de Justicia y en ciertos lances siguió la máxima de que la mejor defensa, es un buen ataque. Para ello, Delgado dijo ser víctima del «presunto delincuente» Villarejo por difundir el citado audio para lograr salir indemne de la cárcel, pero también por el hecho de ser mujer y el uso que está haciendo de las conversaciones «la derecha, la extrema derecha y la extrema extrema derecha», una alusión que todo el mundo interpretó que iba dirigida contra Ciudadanos, PP y VOX.

La derecha trata de aprovechar este chantaje con el único fin de evitar que este Gobierno siga avanzando en una agenda de regeneración democrática, de transparencia y de cohesión social y territorial», argumentó la ministra, sin que los partidos de la oposición le apretasen con cuestiones como sus comentarios homófobos, el asunto de los menores en Cartagena de Indias o la red de prostitución que le narró el excomisario.

El único incisivo fue Ignacio Prendes, de Ciudadanos, quien le preguntó si llegó a presentar la dimisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o cómo fue su último encuentro con Villarejo «hace 15 meses, no el de hace 9 años».

En el turno de réplica, Delgado evitó responder a ambas cuestiones e insistió en que nunca tuvo «una relación profesional» con el excomisario ni le consideraba su amigo. Es más, nunca trabajó con él porque «no era (un comisario) operativo en la Audiencia Nacional».

DELGADO HABLA AHORA DE «PRETENSIÓN DE CHANTAJE AL ESTADO»

Lo más sorprendente de su comparecencia fue el hecho de que se desdijera del supuesto chantaje al Estado que veía detrás de la publicación de los audios. En su intervención inicial terció varias veces sobre este asunto: «Quisiera dejar claro, de manera rotunda, que esto es un chantaje al Estado a través de mi persona y una extorsión al Gobierno», dijo con rotundidad.

Luego, desgranó esa idea fuerza en varios lances más:»Estamos hablando de un presunto delincuente que trata de extorsionar al Estado para obtener un trato de favor y salir de la cárcel», «este Ministerio ha realizado las siguientes acciones, a pesar del chantaje de las cloacas al que quieren someter al Estado»,  «como parte de un Gobierno que defiende la justicia social, a pesar del chantaje de las cloacas al que quieren someter al Estado y a su utilización política».

Cuando varios portavoces de la oposición le pidieron que aclarase en qué consistía ese chantaje al Estado, la ministra rectificó para subrayar que «no hablaba de la existencia de chantaje, sino de la pretensión de chantaje al Estado». Para rizar el rizo, exigió «que no haya una utilización política de ese chantaje» y avisó que ella no había cometido «ninguna acción indigna» y que, en todo caso, «no es chantajeable».

Delgado hizo también hincapié en que Villarejo, al que calificó como «un presunto delincuente, un miembro de las cloacas del Estado», actuó bajo la dirección del ministro de Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, «quien llegó a destacar sus relevantes servicios», y que su «último responsable directo» como director general de la Policía fue Ignacio Cosidó, actual portavoz del PP en el Senado.

Sin embargo, la comida de 2009 en el Rianxo fue organizada por el propio Villarejo para celebrar la concesión de una medalla al mérito policial, que le fue entregada bajo el mandato del socialista Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior.

 

La Sexta prepara un especial sobre los papeles privados de Franco

El programa de La Sexta conducido por Gloria Serra, Equipo de Investigación, prepara un especial sobre los papeles privados de Francisco Franco con motivo del aniversario del 20-N y la previsible exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos antes de que acabe el año.

Los papeles privados del exjefe del Estado se encuentran archivados en la Fundación  Nacional Francisco Franco (FNFF), con sede en Madrid, y las copias de los mismos fueron depositadas en el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) de Salamanca. Para ello, entre los años 2000 y 2003, el Gobierno de José María Aznar invirtió en la citada fundación un total 150.000 euros para la digitalización de sus fondos.

La copia que llegó al CDMH de Salamanca en 2010 está, sin embargo, incompleta. Según El País, en la descripción del Portal de Archivos Españoles (Pares), el CDMH conserva una versión “parcial” que comprende 27.357 documentos.

En el inventario facilitado por la FNFF figuraban 27.490, así que hubo expurgo: en Salamanca no hay copia de 133 documentos, los que van del “27.357 al 27.490”. Y, por ejemplo, el documento 1.158 descrito como “cuentas de Franco” no está: el microfilme salta del 1.157 al 1.159.

Estos datos tan llamativos son los que están siendo investigados por La Sexta. También recrearán los últimos días de agonía del dictador en el hospital de La Paz y las horas que discurrieron entre el fallecimiento de Franco y el anuncio del mismo durante la madrugada del 20-N en la agencia Europa Press.

El compendio desordenado de esos más de 27.000 documentos permite descubrir detalles  desconocidos de la vida íntima de Franco, la administración y el origen de su dinero e inversiones, pero también documentos oficiales, a menudo clasificados como secretos.

La revista Tiempo publicó varios especiales sobre los documentos privados de Franco que, por ejemplo, permiten contrastar objetivamente si el mito sobre la austeridad del dictador tenía fundamento. Así, entre esa documentación se encuentran algunos resúmenes de las cuentas del Generalísimo.

Aproximadamente un año después del fin de la Guerra Civil española, el 31 de agosto de 1940, las cuentas arrojaban un saldo de 34 millones de pesetas. Otro balance realizado en 1959 decía que Franco contaba con 22,7 millones de pesetas entre dinero en metálico e inversiones en valores. Por el camino, según aparecía en sus papeles, realizó importantes inversiones, como por ejemplo la compra de la finca de Valdefuentes en Madrid.

Los papeles también descubrieron el perfil inversor del entonces jefe del Estado en deuda pública, obligaciones privadas y acciones de Campsa. Además, quedaban al descubierto los secretos de sus propiedades inmobiliarias. Entre los papeles privados de Franco que se encuentran en Salamanca salieron a la luz las cuentas del Pazo de Meirás.

El general guardó también gran cantidad de documentación sobre lo que publicaba la prensa sobre él o su familia. Así, un informe con las noticias sobre la boda de su hija Carmen recogía un apunte que hacía una recapitulación sobre el valor de los regalos recibidos.

 

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