La ministra de Defensa, Margarita Robles, manifestó ayer que al excomisario José Manuel Villarejo le mueve la «venganza» en las grabaciones en las que asegura que el actual secretario de Estado de su departamento, Ángel Olivares, le pagó con dinero en bolsas de plástico para que pinchase los teléfonos del entorno de José María Aznar cuando este último era presidente de Castilla y León.
La titular de Defensa cree que las palabras de Villarejo en la comida de 2009 en el restaurante Rianxo están motivadas por el cese que sufrió en 1995 en la Secretaría de Estado de Seguridad, cuando ella ocupaba ese puesto en el último gobierno de Felipe González. «Le echamos en 1995 de la Secretaría de Estado», afirmó sin aclarar si estaba hablando también de Olivares, quien por aquella época era el director general de la Policía.
Robles indicó que desconoce el origen de los audios y la veracidad de los mismos. «El Estado de derecho no puede estar al albur de lo que saquen determinados personajes de las cloacas», subrayó la ministra de Defensa, de la que depende igualmente el CNI. Asimismo, añadió que el Gobierno «no está preocupado» antes eventuales nuevas filtraciones.
El propio Olivares indicó el pasado lunes a Vozpópuli que las palabras de Villarejo eran una «pura invención» y dejó claro que no conocía al excomisario que está hoy en día en prisión preventiva. «Si yo tuviera que hacerme eco de todo lo que dice cualquier individuo, sea un delincuente o no, estaríamos en un mundo de locos», afirmó.
Según se escucha en el audio publicado por MONCLOA.COM, el excomisario indica a sus compañeros policías que recibió el encargo de “pinchar el canuto” (pinchar los teléfonos, en argot policial) del “entorno de Aznar”con el objetivo de “cazarlo” en su vinculación con un empresario burgalés.
Se trataba de un encargo al parecer ilegal, ya que el comisario cuenta a Fuentes y García Castaño que “como no se podía, me dijeron, oye, pica los canutos”. El trabajo se pagaba a Villarejo en efectivo, en bolsas de El Corte Inglés. Ángel Olivares, entonces concejal del PSOE en Burgos, era el encargado de llevar “la pasta en crudo”.
El empresario al que se quería ligar con Aznar sería probablemente Antonio Miguel Méndez Pozo, constructor burgalés que, como señala el comisario a sus compañeros, “terminó imputado”. Efectivamente, Méndez Pozo fue condenado a varios años de cárcel por delitos relacionados con la corrupción urbanística a principios de los años 90.
Villarejo se muestra dolido con Olivares, ya que considera que al tener semejante información de él, habría decidido apartar al comisario de puestos destacados. “Ruina”, dice gráficamente Villarejo. Es, según el comisario acusado de gravísimos delitos, “el hándicap que tengo con él”.
Olivares quiso restar importancia el pasado lunes a las duras declaraciones de Villarejo en el audio grabado en 2009. «No me afecta, le afectará a aquellos que se hagan eco de estas declaraciones», replicó el secretario de Estado de Defensa, quien rió cuando se le preguntó si Villarejo mentía. «Hablan del año 88, es una pura invención. No conozco a Villarejo de nunca”, sentenció el ‘número dos’ de Robles.
