La negociación del Gobierno de Pedro Sánchez con los nacionalistas del PNV por el mercadeo de las pensiones ha desatado la guerra total en el Congreso de los Diputados, con un cruce de cartas y la latente amenaza de acabar en los tribunales si se admite a trámite la querella de Vox por malversación y prevaricación. El regalo del PSOE al PNV no se circunscribe únicamente a un inmueble en París, sino también afecta a Patrimonio, al Ministerio de Cultura y a la cúpula del Instituto Cervantes. En definitiva, una guerra total entre Vox y el bloque progresista.
El decreto ‘minibús’ troceado por el que se aprobaron «medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad» apunta a la compensación económica y entrega posterior del inmueble situado en la parisina Aveneu Marceau, 11, actual sede del Instituto Cervantes, junto al inmueble de Noyon (Francia), conocido como Hotel de Mont Renaud, Boulevard Carnot, n.º 77; y otro más en la localidad de Compans, denominado Ferme de I’Hotel de Dieu, Rue Mitry, s/n.
Por el primero, el PNV recibirá un más de 15 millones de euros por el alquiler hasta 2030, fecha en la que se tendrá derecho a disponer del inmueble. De los otros dos inmuebles, el decreto estipula una «compensación», sin fijar cuantía alguna.
El Gobierno de Pedro Sánchez hizo caso omiso de hasta cuatro sentencias judiciales contrarias a la devolución de estos tres inmuebles al PNV, una de ellas del Tribunal Supremo y las otras tres de distintos tribunales franceses. La revisión de las sentencias por la vía política, no obstante, deriva en una nueva confrontación y Vox ha tomado cartas en el asunto, con el envío de cinco misivas al PNV para que devuelva al Estado esos tres inmuebles.
«De conformidad con los principios inspiradores de la legislación sobre Memoria Democrática y sobre restitución de bienes incautados a Partidos Políticos, con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, la propiedad del inmueble de titularidad de la Administración General del Estado sito en París, Avenue Marceau, número 11, quedará atribuida al Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco en atención a la vinculación histórica del edificio con este Partido, constituyendo esta misma disposición el título traslativo del inmueble en virtud del cual se podrá hacer constar la transferencia en cualesquiera registros públicos», afirma el decreto ‘minibús’ aprobado este pasado martes tras una negociación contrarreloj con Junts y Carles Puigdemont.
«Se compensará al Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco por la privación del inmueble sito en Noyon (Francia) (…) y del localizado en Compans (Francia)», decretó el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Antes de la votación en el Congreso de los Diputados, Vox ha puesto en marcha su estrategia para evitar el expolio de los nacionalistas vascos a los españoles, con la inestimable ayuda del Gobierno de Pedro Sánchez. En un requerimiento urgente, tanto a los principales cargos del PNV como del propio Instituto Cervantes, el líder del partido conservador, Santiago Abascal, ha mandado un requerimiento urgente «para la defensa y en su caso recuperación del Patrimonio de la Nación -Palacete sito en París, Avenida Marceau, número 11»
La serie de misivas se produce después de que el PNV haya asegurado que ya estaba resarcido por el Gobierno, a pesar de que no se ha convalidado dicho decreto.
VOX EXIGE LOS EXPEDIENTES DE ENAJENACIÓN
«Actuando en el cumplimiento del deber político, jurídico y moral que, como todo español, tengo de denunciar la usurpación ilegal e ilegítima de un bien inmueble del Estado, y por tanto, de la Nación española», apunta el presidente de Vox. En este sentido, ha recordado al director del Instituto Cervantes de París que está obligado a defender y proteger el patrimonio público.
La norma vigente insta a proteger «adecuadamente los bienes y derechos que lo integran, procurarán su inscripción registral, y ejercerán las potestades administrativas y acciones judiciales que sean procedentes para ello y los titulares de los órganos competentes que tengan a su cargo bienes o derechos del Patrimonio del Estado están obligados a velar por su custodia y defensa, en los términos establecidos en este título».
Abascal hace referencia al decreto ómnibus, tumbado por el Congreso de los Diputados, el cual contenía «una ilegítima, fraudulenta, caprichosa, desviada y arbitraria, además de intrínsecamente ilegal», atribución de la titularidad del inmueble propiedad de la Administración General del Estado sito en París, Avenue Marceau, número 11.
En este sentido, considera que el Gobierno de Pedro Sánchez incumplió «las limitaciones de la Ley 33/2003 para la cesión gratuita de bienes, y fraudulento, conscientemente, a fin de beneficiar privilegiadamente al Partido EAJ-PNV». En este sentido, ha recordado que se ha presentado una querella por prevaricación, malversación y financiación ilícita de partidos políticos.
LA CESIÓN DEL PSOE AL PNV POR LAS PENSIONES
Para llevar a cabo esta cesión al PNV, el Ejecutivo del PSOE debe realizar un trámite en forma de expediente de enajenación. Por esta razón, Vox se interesa también sobre si se ha llevado a cabo esta enajenación tras la no convalidación. En este sentido, le recuerda que está «obligado a impedir la acción del PNV e impedir el ejercicio de las acciones de derecho administrativo, civil, penal o de cualquier orden precisas para la inmediata recuperación de la posesión jurídica del inmueble».
«Como todo se ha realizado en la más absoluta opacidad e ilegalidad, y desconocemos si han levantado Actas administrativas de entrega del inmueble o de la posesión, anotaciones de transmisiones en el Registro de Bienes del Patrimonio del Estado o de cualquier otro Registro público, nacional o extranjero, si el PNV ha realizado a su vez actos como propietario que hayan de ser revertidos, le requiero de la forma más amplia posible en Derecho, a fin de asegurar, por sí o a través de los órganos competentes, la reintegración del titularidad del inmueble a la Administración General del Estado, con reclamación de daños y perjuicios a cualquier tercero que los hubiese infligido», apunta. De esta forma, insta a rechazar cualquier pretensión del PNV a tal efecto, como tampoco abonar alquiler alguno al ser un inmueble estatal. En caso contrario, «será usted responsable criminalmente».
Así, ha instado a «entregar el expediente completo de enajenación previo al RDLey 9/2024 así como del expediente de reintegro de la titularidad y posesión del inmueble en el plazo máximo de 24 horas a contar desde la recepción del presente». Este mismo requerimiento se ha enviado a la Dirección General de Patrimonio, al ministro, y al Presidente del Consejo de Administración del Instituto Cervantes, con análogos requerimientos.
ORTÚZAR RESPONDE
Ortúzar ha respondido a Abascal con una nueva carta. El líder del partido que se jactaba de recoger las nueces con los atentados de ETA afirma que la misiva de Abascal, «tan fértil en mentiras como errónea en sus apreciaciones», pudiera no haber llegado en papel tal vez porque «no haya superado algún tipo de filtro que haya implementado Correos para detectar y retirar de la circulación documentos que incorporen bulos, fake-news o infundios».
«Su carta obra en mi poder gracias a la afamada eficacia con que opera el ecosistema digital de barro, odio y mentira que ha ideado y articulado el partido que usted preside y que, por desgracia, tan solvente está resultando en su insidioso propósito de intoxicar, hasta hacer irrespirable, el ambiente político y social del Estado-nación que tanto dice amar y defender», carga.
«Ni me agrada, ni me apetece, ni me apetece escribirle estas líneas, pero mi incomodidad resulta irrelevante frente a la obligación moral, el necesario equilibrio político y la demanda social de mostrar una verdad, hechos y evidencias públicas, ante lo que no ha sido también sino una sarta de falacias», argumenta.
EL RELATO DEL PNV: TESTAFERROS DE EE UU Y LA NEGACIÓN DEL GOBIERNO VASCO
El PNV trató de obtener los inmuebles con el Gobierno de José María Aznar, pero no se cumplían los requisitos establecidos para su devolución o compensación, tal y como sentenció también el Tribunal Supremo. En cuanto a los dos inmuebles restantes, el PNV pidió la compensación fuera de plazo.
El PNV ha ido desde entonces Gobierno por Gobierno pidiendo la compensación y devolución de estos inmuebles, sin obtener hasta ahora, cuando han sido necesarios sus seis votos para convalidar el decreto minibús, incluyendo la revaloración de las pensiones y las ayudas por las riadas provocadas por la peor DANA del siglo, un efecto positivo.
Con el mercadeo de las pensiones, el PNV ha puesto un precio elevado para tapar sus propias vergüenzas y su guerra interna entre Ortúzar y Aitor Esteban, que ha obtenido un alto porcentaje de voto en la elección a la presidencia del partido. El PNV no ha podido acreditar hasta en cuatro tribunales que haya abonado de su propio bolsillo el inmueble de París, más cuando aportó documentos que demuestran que en caso de pedir un resarcimiento, éste debería ir a recalar al Gobierno vasco, nunca al partido en concreto.
EL PNV TRATÓ CON TESTAFERROS EN PLENA GUERRA CIVIL
El PNV-EAJ admite que se buscó a un testaferro al no poseer de personalidad jurídica propia para ostentar el inmueble «sin riesgo de confiscación o pérdida del bien». No encontraron a otra persona que a un tal Braulio, «ciudadano con pasaporte de los Estados Unidos, de origen vasco, residente en New York y militante del Partido», con el fin de que pudiera ser «intocable ante las autoridades francesas». Braulio, el hombre de paja de entonces del PNV, compró el inmueble el 25 de octubre de 1937 a un matrimonio, para después en 1939 pasarlo a una persona jurídica, cuya intervención en el asunto fuera más dúctil, maleable y transformable.
Solo con las fechas, se muestra una inconsistencia en el relato significativa. En octubre de 1937 aún faltarían dos años para terminar la Guerra Civil y no fue hasta el 14 de junio de 1940 cuando los nazis de Hitler ocuparon París. Es decir, el PNV predijo la victoria nacional y la ocupación nazi años antes de que ocurriera. Toda una bola de cristal.
Los ‘aprovechategui’ del PNV relataron ante los tribunales que la propia Gestapo nazi incautó el inmueble tan solo seis días después de la ocupación de París. Braulio la vendió a un tal Jon quien, «por su considerable fortuna personal, su ocupación empresarial de fletamiento y construcción de buques navales y su colaboración con el PNV-EAJ ante el Gobierno de su Majestad Británica en defensa de la II República y de los partidos democráticos españoles», recibió el encargo de montar una sociedad mercantil para «representar los intereses del Partido en relación con las propiedades de las que dispone en la República Francesa». Los accionistas de la misma eran británicos y franceses. Según afirman en el PNV, se escogió esta nacionalidad para hacer frente a cualquier acto confiscatorio, como si los nazis alemanes permitieran mantener la propiedad privada.
Se montó así Finances et entreprises SA, con Carlos Alberto como principal accionista y los socios Jesús María, Gregorio, Víctor Manuel, Lucio y Alejandro. Era el 13 de febrero de 1939, meses antes del estallido de la II Guerra Mundial. Braulio vendió la sociedad a Jesús Manuel e incluyó el edificio.
CAMBIOS ANTERIORES A LA OCUPACIÓN NAZI DE PARÍS
«El 20 de junio de 1940, tres policías españoles adscritos a la Embajada, en compañía de la Gestapo y tropas de Asalto de la SS, toman el edificio de la Avenue Marçeau nº 11, desalojando y deteniendo a sus ocupantes, e incautando todos los bienes muebles y documentación que se encontraba en su interior», afirmó en su demanda el PNV.
Con una nueva visión de futuro, el PNV prosigue con su relato: «El Estado español, ante la posibilidad de que las autoridades alemanas confisquen el edificio por tratarse de propiedad británica, o bien de que las denominadas fuerzas del ‘Eje’ pierdan la Guerra, ve la necesidad de hacerse con la propiedad del mismo para convertirlo en suelo de Embajada y tener así un título jurídico-político de cierta solidez, y ello a través de un juicio contra Finances et Entreprises ante el Tribunal Civil del Sena». Es decir, cinco años antes de que termine la II Guerra Mundial y aún sin haberse producido el desembarco de Normandía.
Como si de una guerra sucia contra el PNV se tratara, los aprovechategui vascos afirman que tanto las «autoridades alemanas de la ocupación» como el «Gobierno Franquista» presionaron en connivencia al tribunal del Sena con pruebas «utilizadas, ficticias y artificialmente creadas al efecto» para dar la razón al dictador Franco. Los socios del PNV «se encontraban en la clandestinidad» o bien tenían prohibida la entrada en el país dada la II Guerra Mundial.
«Los administradores de la Compañía también se encontraban en esta situación de colaboración con la Resistencia, siendo únicamente localizable el socio D. Lucio quien excusó su presencia en el juicio, entre otras razones, por el temor a acreditar la realidad de hechos controvertidos», afirmó el PNV.
LAS SENTENCIAS INVALIDAN EL RELATO DEL PNV
El Tribunal Civil del Sena apuntó que se trató de un expolio realizado por el Gobierno Vasco en época de Guerra a los ciudadanos españoles. No hubo apelación por la falta de acreditación de los socios, así como la documentación que demostraría lo contrario. La misma empresa utilizada como instrumental compró los otros dos inmuebles, por lo que el PNV afirma que eran suyos y no se adquirieron con fondos del Gobierno vasco. De tal forma, los de Ortuzar afirman ahora que hubo un enriquecimiento injusto del Estado y un empobrecimiento de los nacionalistas vascos por la privación del bien.
El Supremo determinó que no hubo incautación y dio validez a la sentencia del Tribunal de París, al ser «válida y firme». Tampoco se demostró que el PNV y la empresa Finances et Entreprises tuvieran vínculos o relaciones dado que la sociedad sí los tuvo con el Gobierno vasco «para el que se habían adquirido los inmuebles con fondos procedentes de la Delegación de Euzkadi en París y del Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles». La propìa sentencia señala que los escritos apuntan que Braulio llevaba los fondos tanto del Gobierno como del PNV.
Además, resultó llamativa la intervención de una parlamentaria de Eusko Alkartasuna que defendió la devolución del edificio al Gobierno vasco y no al PNV.
