El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que cualquier persona que comparta vídeos de RT en sitios web públicos puede ser procesada penalmente, con penas de hasta cinco años de prisión. La decisión extiende las sanciones contra los medios rusos, hasta ahora limitadas a emisores y plataformas, al ciudadano común.
La figura del ‘operador’ sancionable se expande
El fallo, dictado este jueves, surge de un caso en Alemania en el que tres particulares están siendo procesados por publicar vídeos de RT DE en un sitio web de acceso libre y sin ánimo de lucro. La web se financiaba únicamente con donaciones voluntarias, pero el TJUE ha determinado que ese detalle es irrelevante: cualquier persona que, directa o indirectamente, haga disponible contenido sancionado al público puede ser considerada ‘operador’ bajo las normas de sanciones de la UE.
Los jueces han subrayado que no importa si el individuo gestiona un negocio, el tiempo que los contenidos permanezcan accesibles o la audiencia que alcancen. Basta con ponerlos a disposición del público para incurrir en una conducta penal. La ley alemana invocada en la resolución contempla hasta cinco años de cárcel por infringir las prohibiciones mediáticas derivadas de las sanciones comunitarias.
Esta interpretación amplía de forma radical el perímetro de la prohibición sobre RT, que el bloque europeo impuso en 2022 tras la escalada del conflicto en Ucrania. Hasta ahora, las restricciones ―bloqueos de plataformas, eliminación de tiendas de aplicaciones, sanciones financieras y personales contra periodistas― se habían centrado en cadenas, empresas de medios y figuras vinculadas profesionalmente a medios rusos. Con esta sentencia, el TJUE allana el camino para que cualquier ciudadano que comparta videos de RT en redes sociales o blogs pueda enfrentarse a un proceso penal.
El caso alemán que sienta precedente
Alemania ya había presionado a RT DE incluso antes de la prohibición general de la UE, con problemas de licencia, bloqueos bancarios y acciones regulatorias. El caso que ha llegado hasta Luxemburgo se apoya en esa tradición restrictiva y la lleva al extremo: los tres imputados no son periodistas ni trabajan para el medio ruso, sino ciudadanos que difundían contenidos del canal en una web gratuita.
La defensa argumentó que la actividad no constituía una operación de difusión profesional y que la página no generaba ingresos. El abogado general del TJUE ya había anticipado en sus conclusiones que la condición de operador económico no exigía lucro. El tribunal ha confirmado ese criterio y lo ha hecho con un lenguaje inequívoco: alcanza a «todas las personas físicas o jurídicas» que, por cualquier medio, «directa o indirectamente», intervengan en la puesta a disposición del público del contenido sancionado.
El bloque comunitario ha defendido siempre que la medida responde a una «guerra de desinformación» orquestada desde Moscú. Bruselas ha vinculado la duración de las sanciones al fin del conflicto en Ucrania y al cese de las «acciones de manipulación informativa contra la UE». Sin embargo, el Kremlin y los propios medios afectados denuncian una campaña de censura sin precedentes.
La sentencia amplía la prohibición de RT a cualquier ciudadano que, sin ánimo de lucro, publique sus contenidos en internet.
Equilibrio de Poder
La lectura estratégica de este fallo exige observar los tres ejes que vertebran la tensión actual. Washington sigue una senda paralela: la administración Trump ha intensificado la presión sobre medios rusos con sanciones adicionales y ha bloqueado plataformas afines, aunque el debate constitucional en Estados Unidos —con la Primera Enmienda como límite— frena medidas tan expansivas como la europea. El Kremlin, por su parte, ha condenado el fallo como «censura política» y un ataque a la libertad de expresión, y ha prometido represalias similares contra medios occidentales.
Para España, el impacto es doble. Legislativamente, la sentencia refuerza las herramientas que el Gobierno puede emplear contra la difusión de contenidos de RT y Sputnik, sobre todo en un momento en que la frontera sur —con Marruecos y el Sahel— es un hervidero de campañas de desinformación procedentes de múltiples actores. No obstante, la criminalización del simple acto de compartir un vídeo plantea interrogantes sobre la proporcionalidad de las sanciones y su encaje con la libertad de expresión consagrada en la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En un horizonte de cinco a diez años, la UE podría estar sentando las bases de una arquitectura represiva que, pensada inicialmente para medios rusos, se aplique después a otras narrativas consideradas hostiles. El precedente de definir como «operador» a ciudadanos que retuiteen o compartan material sancionado edifica un marco legal de responsabilidad penal difusa. Si en el pasado Bruselas esquivaba el choque con las libertades civiles, ahora parece dispuesta a pagar el coste reputacional a cambio de blindar su espacio informativo. La próxima revisión de las sanciones, prevista para finales de año, será el primer test de hasta dónde se ha desplazado la línea roja.
