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Recuerda a las víctimas y muestra «admiración» a la sociedad valenciana por su «fortaleza para superar estos difíciles momentos»

La plaza de Tetuán de València y la antigua Capitanía General han acogido este lunes el acto de celebración de la Pascua Militar 2025, donde el jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD) y representante institucional de las Fuerzas Armadas (RIFAS), el teniente general Luis Sáez Rocandio, ha recordado a las víctimas de la dana del 29 de octubre, ha alabado la labor de las FAS y ha valorado su «apoyo a la sociedad valenciana en las labores de reconstrucción».

En esta ocasión, el acto ha tenido excepcionalmente un «carácter interno y limitado» en asistencia debido a la presencia de los militares desplegados en las poblaciones afectadas por la dana, que siguen realizando tareas de ayuda y reconstrucción para «intentar recuperar la normalidad lo antes posible», según recoge el CGTAD en un comunicado.

En la parada militar, en la plaza de Tetuán, ha participado una unidad de honores y la unidad de Música del CGTAD. También han estado presentes los guiones de todas las unidades de guarnición en Valencia, mientras que un piquete compuesto por representantes de los tres Ejércitos, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Civil ha izado la bandera nacional.

Ya en el interior de Capitanía y tras introducir el significado de la Pascua Militar e imponer diversas condecoraciones, el teniente general ha dirigido unas palabras a los asistentes y ha manifestado su «incondicional lealtad y reconocimiento» a Su Majestad el Rey y ha recordado a las víctimas de la dana del 29 de octubre.

Sáez Rocandio ha hecho el tradicional balance de 2024, en el que ha destacado la participación sostenida de más de 3.000 militares en operaciones fuera de España, así como «el esfuerzo de apoyo a la sociedad valenciana en las labores de reconstrucción» tras la dana. Además, ha manifestado su «respeto, admiración y cariño» a la sociedad valenciana por su «espíritu de solidaridad, fortaleza y afán para superar estos difíciles momentos».

Entre los retos de este nuevo año, «marcado por la incertidumbre que plantea el actual panorama geopolítico», ha señalado «el incremento del compromiso de España con sus aliados en la defensa de Europa y ante otros riesgos que afectan a nuestra seguridad», así como «la continuación de la transición» hacia el proyecto ‘Ejército 2035’ y la importancia de «consolidar el despliegue en el este de Europa, donde el CGTAD ha proyectado de forma permanente un elemento avanzado.

El teniente general ha hecho hincapié en que «el personal, los hombres y mujeres que basan su desempeño en la fuerza de sus valores, sigue siendo el principal activo de unas Fuerzas Armadas» que, ha recalcado, «mantienen su disponibilidad y permanente vocación de servicio a la sociedad».

Finalmente, Luis Sáez Rocandio ha recordado «a los que en estos días sirven en misiones en el exterior, los que trabajan sin descanso en la recuperación de los efectos de las inundaciones en Valencia, a los que nos dejaron y a nuestros veteranos».

Aragón, Canarias y las Islas Baleares son las comunidades autónomas con mayor aumento de la criminalidad hasta el tercer trimestre de 2024, que anotó una subida generalizada en España del 1,2% con respecto al mismo periodo del año anterior. Las únicas regiones que registran descensos en los delitos son La Rioja y Comunidad de Madrid, así como la ciudad autónoma de Melilla, según los datos del Ministerio del Interior consultados por Europa Press.

De acuerdo a la última actualización con el balance oficial del Ministerio del Interior, con datos entre enero y septiembre, la criminalidad en su conjunto –tanto la convencional como los ciberdelitos– aumentó por este orden en: Aragón (+6,2%), Canarias (+5,1%) y Baleares (+4,4%), a la que le sigue Asturias (+3,8%), Castilla y León (+2,8%) y Cataluña (+2,1%).

El resto de regiones con subidas ya se acercan a la media en España, fijada en el 1,2%, comenzando por País Vasco (+1,7%) y la Región de Murcia (+1,4%), seguidas de Andalucía (+0,6%), Castilla-la Mancha (+0,6%), Ceuta (+0,5%), Comunitat Valenciana (+0,5%), Galicia (+0,3%) y Extremadura (+0,1%).

De esta forma, las únicas comunidades autónomas con descensos en el balance de criminalidad son La Rioja (-1,3%), Comunidad de Madrid (-1,1%) y Melilla (-0,2%), según los datos remitidos al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) por parte de la Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, Policía Foral de Navarra y cuerpos de Policía Local en los casos de municipios de más de 20.000 habitantes.

MÁLAGA Y ZARAGOZA, CIUDADES CON MAYOR AUMENTO DE DELITOS

Dentro de las ciudades españolas más pobladas, Málaga (+10,9%) y Zaragoza (+7,8%) son las urbes que computan mayor aumento de delitos convencionales –homicidios, hurtos, tráfico de drogas o agresiones sexuales– y de ciberdelitos como las estafas informáticas.

A pesar de que por su peso poblacional en números absolutos Madrid y Barcelona lideran de forma destacada el número de delitos, con 178.131 y 133.885 delitos, respectivamente, ambas ciudades registran descensos en comparación con el tercer trimestre del año pasado: Madrid baja un 2,2% y Barcelona lo hace un 3,5%.

Por su parte, Sevilla registra un descenso del 1,1% de la criminalidad, mientras que Valencia sube ligeramente un 0,5%, atendiendo a las cifras de las ciudades más pobladas.

SUBEN VIOLACIONES Y BAJAN LOS ROBOS

El dato general de España, con una subida del 1,2%, muestra una cierta ralentización con respecto al aumento del 3% anotado hasta mitad de año y del 3,2% en el primer trimestre, aunque se mantiene la subida en los delitos por agresión sexual con penetración (violaciones) en el 6,6%.

El Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior refleja en el conjunto del país una ligera caída de los homicidios dolosos y asesinatos consumados (-0,7%), con 269 casos hasta septiembre, y repite prácticamente el dato con respecto a los homicidios en grado de tentativa (+0,2%).

Los delitos de tráfico de drogas aumentan un 3,2%, mientras que suben un 8,4% los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria. Por su parte, bajan los delitos contra el patrimonio un 2,1%, incluyendo robos, hurtos y sustracción de vehículos –todos estos delitos representan el 43,2% de la criminalidad convencional–.

El número total de infracciones penales registradas en el período de enero a septiembre de 2024 suma un total de 1.854.283 hechos, de los que 1.506.876 (81,3% del total) se corresponden con la categoría de criminalidad convencional, lo que presenta una variación del 0,9% sobre 2023.

El fundador de Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, se sienta este martes día siete en el banquillo de los acusados por un presunto delito de apropiación indebida. La sesión, que se celebra en la Sala Tercera de Audiencia arrancará con su interrogatorio y se prolongará a los días 9, 16, 21, 24 y 29 de enero. Entre los numerosos testigos llamados a declarar está la actual alcaldesa de Gijón y presidenta de Foro, Carmen Moriyón.

La Fiscalía pide una pena de tres años y medio de prisión para Álvarez-Cascos, por un delito de apropiación indebida, después de que el partido Foro Asturias le denunciase porque le pasó gastos que consideró de carácter personal ajenos a su actividad política. La Fiscalía cifra en 181.648 euros el dinero que el acusado se habría podido apropiar de forma indebida. El juicio se celebra después de tres suspensiones por distintos motivos y dos años de espera.

Según la Fiscalía, el acusado ostentó diversos cargos de relevancia en el partido político Foro de Ciudadanos (FAC) desde su constitución, en febrero de 2011. En los meses inmediatamente anteriores a la constitución de este partido, al acusado se le realizó una oferta profesional, encaminada a liderar un proyecto político. Esta oferta económica en ningún caso incluía gastos de carácter personal, gastos de libre disposición sin sujeción a autorización del partido, ni gastos de comidas no relacionadas con la actividad política.

Una vez aceptada la oferta profesional, el acusado fue nombrado presidente del partido desde su primer congreso, que tuvo lugar el 5 de marzo de 2011, y hasta el 14 de marzo de 2015, momento en que pasó a ostentar el cargo de secretario general, hasta el 15 de noviembre de 2019.

En el partido, desde su origen, no se había nombrado tesorero y la comisión directiva, como órgano de máxima relevancia en su funcionamiento, se centraba principalmente en la actividad política, delegando tal función 4 económica de facto y despreocupándose del sistema ofrecido a la máxima figura de la formación. En realidad, se establecían criterios de confianza y de responsabilidad personal en la utilización de los recursos económicos del partido, sumado a la existencia de fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas (que se limitaba a aspectos de mayor envergadura y no analizaba el sistema de gastos), explica la Fiscalía en su escrito.

A ello se sumaba la existencia de un procedimiento basado en la confianza, conformado por ciertas personas que ejercían la gestión y control del gasto, si bien, dado que no ostentaban la función de tesorero, su labor se centraba en el correcto funcionamiento formal, sin supervisión de la oportunidad o corrección del gasto.

Se trataba, por tanto, de personal con competencias para abonar los gastos pero no de fiscalizarlos y que, tras gestionarlos, los pasaban a un supuesto filtro de firma y autorización, que era automático, basado en la confianza y huérfano de toda calificación sobre la procedencia o improcedencia de los cargos.

Según el escrito del Ministerio Público, «el acusado era plenamente conocedor de este sistema de pagos de los justificantes que remitía y mantuvo el mismo como máximo responsable del partido e integrante de la comisión directiva (pues no en vano era el principal beneficiario del mismo). De este sistema se sirvió el acusado para cargar al partido una serie de gastos no relacionados con su actividad política, de carácter personal, propio o de sus familiares, utilizando los recursos del partido como propios».

«Y de este modo desvió ciertas cantidades hacia su patrimonio personal o de sus personas vinculadas. Así, entre el 15 de mayo de 2011 y el 16 de octubre de 2017, el acusado cargó a las cuentas del partido gastos de carácter personal, no relacionados con su actividad política, que suman en su totalidad la cantidad de 7.793,22 euros», sostiene la Fiscalía.

Entre ellos, gastos de procurador por asunto político previo relacionado con otro partido político y procurador por asunto personal; psicotécnico; zapatos, gastos de cuatro desplazamientos a la localidad de A Coruña y gastos de hotel y alimentación; hotel de un familiar; pedidos de comida a domicilio particular y a 5 nombre de familiares; un juego de videoconsola; billetes de AVE; entradas para la Copa Davis, para el Museo Thyssen y para el Museo del Prado; una cama completa, compuesta por colchón, patas y canapé, además de una moqueta, tapicería y visillos; o gastos de restaurantes en localidades de veraneo, hamburguesería y pizzería.

La Fiscalía, también sostiene que el acusado fue administrador de una mercantil hasta el 8 de julio de 2011. En esa fecha cesó formalmente, por incompatibilidad con el cargo de presidente del Principado de Asturias, que asumió el 16 de julio, aunque en realidad mantuvo su control y gestión. A su vez, su entonces mujer era propiedad de la mercantil YYY, sociedad constituida por su entonces cónyuge el 27 de febrero de 2004, ya que el acusado no podía realizar actividades mercantiles por ser entonces ministro de Fomento. No obstante, se trataba de una sociedad que era gestionada de facto y utilizada como una sociedad de su capital por el acusado.

Su mujer era propietaria de un inmueble situado en el Paseo de la Castellana de Madrid, destinado al alquiler de oficinas, que había sido objeto de compra mediante un leasing y tenía pignoradas las rentas de los alquileres para su pago.

El acusado, con la finalidad de recibir unos ingresos adicionales a los que recibía del partido, ideó la formalización de un contrato de arrendamiento de una oficina de forma ficticia para documentar el pago de unas cantidades en concepto de renta del alquiler. Para evitar cualquier control sobre el mismo, lo hizo a escondidas de la comisión directiva del partido. De este modo, el 30 de septiembre de 2012, se alquiló una oficina por importe de 2.404 euros mensuales y una plaza de garaje por 225 euros al mes.

A su vez, el 28 de enero de 2013 se formalizó el contrato por el alquiler de un despacho doble por importe de 3.600 euros al mes y de dos plazas más de garaje, por importe de 450 euros. El contrato fue renovado al año siguiente y mantenido hasta su resolución, el 31 de diciembre de 2014.

Fruto de estos contratos ficticios, Foro abonó 173.855,70 euros. Así, la suma total de dinero incorporada al patrimonio del acusado es de 181.648,92 euros.