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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha esperado que en la Conferencia de Presidentes haya «conciencia» con los territorios frontera y con la presión migratoria que sufren, al tiempo que deseó que «ojalá» no sea una «oportunidad perdida» para demostrar a los ciudadanos que las administraciones se preocupan y que son capaces de ofrecer una respuesta como país.

Así lo ha dicho este viernes durante unas declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Palacio de la Magdalena de Santander, donde resaltó que tiene «sentimientos encontrados».

«Ayer podíamos cerrar con Euskadi a una alianza en materia migratoria, yo creo que es de lo más positivo porque al final parece mentira, pero sí hay territorios que entienden que este es un fenómeno global y que nos afecta a todos», observó.

Por otro lado, Clavijo lamentó que la Conferencia de Presidentes no haya tenido las condiciones preparatorias oportunas y que los presidentes asistan «sin ningún tipo de documento» sobre la mesa. Al menos nosotros –continuó–, el único documento que conocemos es el que vamos a poner sobre la mesa, que es el que cerramos en el día de ayer el Gobierno vasco y el Gobierno canario.

«Y ojalá que me equivoque, pero creo que es una oportunidad perdida para decirle a todos los españoles que sus administraciones se preocupan, que somos capaces, independientemente de las diferencias políticas, de tratar como país de construir soluciones para sus problemas» aseveró el canario.

Con todo, insistió en que tiene la sensación en la jornada se podrá asistir «a un nuevo episodio de enfrentamiento y crispación y de un ejercicio absolutamente estéril de poner soluciones para los españoles».

En materia de inmigración, recordó que Canarias y Euskadi tienen el documento que acordaron y que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ve «positivo». «Si el Gobierno de España lo ve, que es quien tiene que poner las fórmulas jurídicas oportunas, es un avance importante».

«Por otro lado, a través del contacto con diversos presidentes, poco a poco van entendiendo que si no hay una mayoría para modificar la Ley de Extranjería, sí tiene que haber una distribución extraordinaria en un corto plazo para aliviar la situación de Canarias y de otras CCAA, y que permita que el interés superior del menor sea respetado y que podamos atender a esos niños de manera digna», concluyó.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fenández Mañueco, tiene las expectativas puestas en salir de la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en Santander con «más médicos» para Castilla y León», que se facilite el acceso de la vivienda, «especialmente para los jóvenes», medios para luchar contra la «inmigración irregular» y una financiación autonómica «que se base en la igualdad de los españoles».

Así lo ha aseverado el presidente de Castilla y León en declaraciones a los medios a su llegada al palacio de La Magdalena de Santander, donde se celebra la Conferencia de Presidentes.

En lo que se refiere a financiación autonómica, Fernández Mañueco ha defendido el modelo «que defiende» Castilla y León y «la inmensa mayoría» de las comunidades autónomas, que se basa en «la igualdad de los españoles, en una igualdad real en la prestación de los servicios públicos, la educación, la sanidad, y los servicios sociales.

Ese es el modelo que defendemos desde Castilla y León y ese es el modelo que se ha defendido en estos más de 40 años de democracia», un modelo frente el que ha contrapuesto el de Pedro Sánchez, que se basa «en seguir apostando por los privilegios para sus socios y sus colaboradores en el Gobierno.

A pesar de las expectativas del presidente castellanoleonés, Fernández Mañueco ha reconocido que tendrán que conocer «qué es lo que espera y a qué aspira» el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque según ha explicado «el trabajo previo que suele ser habitual en este tipo de cumbres no ha existido».

«Por tanto, vamos a ver qué es lo que nos dice. Yo vengo con esperanzas de conseguir todo eso, ha insistido Mañueco.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha advertido este viernes del déficit de viviendas en España ante el fuerte incremento de la demanda y ha afirmado que topar los precios del alquiler podría tener efectos «indeseables», si bien ha precisado que se necesita mucha más información y más experiencias al respecto para conocer el impacto de esta medida.

«Sobre el tema de los topes a los precios, nos falta evidencia para evaluarlos. No hay muchas experiencias, hay algunas internacionales con efectos mixtos. Yo creo mucho en la evidencia y creo que las opiniones a priori, a veces, han demostrado que la realidad después te la rebasa. Por lo tanto, tenemos que acumular información, evaluar experiencias», ha señalado.

«Si es verdad -ha agregado- que, a veces, termina ocurriendo, y este puede ser un caso, en el que se produzcan efectos indeseables, es decir, que el legislador no busque determinados elementos que terminan ocurriendo por dinámicas no esperadas. Esto es lo que tenemos que detectar aquí».

En todo caso, Escrivá, en declaraciones a Antena 3, ha asegurado que poner el énfasis en los precios y en el tope a los mismos «significa no reflexionar que el problema es que faltan viviendas» en España y que hay déficit viviendas en condiciones accesibles.

En este sentido, ha explicado que al año se producen unas 100.000 viviendas y otras 20.000 se renuevan, pero el número de hogares que se generan anualmente duplica esa cifra, creando «una brecha creciente entre la oferta y la demanda de viviendas».

Y eso es lo que a veces presiona los precios al alza y genera una situación, claramente, de dificultad de encontrar soluciones habitacionales, de encontrar vivienda, ya sea alquiler o de compra, para mucha gente. Este es un problema muy serio que requiere, fundamentalmente, cerrar esa brecha produciendo mucha más vivienda», ha subrayado.

El gobernador del Banco de España ha indicado que los problemas de la vivienda se concentran en las grandes ciudades y en los jóvenes y los inmigrantes, que son los que tienen más dificultad de acceso a la vivienda y además en condiciones accesibles.

Por ello, Escrivá entiende que en España hay que desarrollar un mercado de alquiler de vivienda y en condiciones accesibles, que ahora mismo «tiene muy poco desarrollado».

«Esta es quizá la conclusión principal de los análisis que hemos hecho nosotros, y aquí yo creo que es muy importante recordar que todas las administraciones públicas tienen responsabilidades, los ayuntamientos, las comunidades y la Administración central, porque es un tema en el que más que en ningún otro, hace falta la coordinación y el trabajo conjunto de todas las administraciones, desde la municipal hasta la central», ha remarcado.

Preguntado por si la vivienda es un derecho, Escrivá ha indicado que no sólo en España, sino en todos los países de su entorno, «suele haber un reconocimiento incluso constitucional de que las personas tienen derecho a vivir en condiciones dignas, y eso implica también tener un acceso a la vivienda en condiciones mínimas«.

En la cultura europea, quizá en otras partes del mundo no, pero en la cultura europea, la cohesión social, la inclusión social, es un elemento muy importante al que damos mucho peso, y eso está recogido en las normas y en las políticas que desarrollamos. Por eso, en tantos países europeos, existen estos mercados de alquiler en condiciones accesibles, donde efectivamente hay un elemento de ayuda pública para propiciar ese elemento de cohesión social y yo diría de solidaridad», ha concluido.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha enviado una carta a su homólogo polaco, Radoslaw Sikorski, para pedirle que durante la presidencia de turno de la UE en el primer semestre de 2025 se siga impulsando la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, según han informado fuentes diplomáticas.

Con su misiva, remitida esta semana, Albares busca que la solicitud de España de que las tres lenguas cooficiales se incluyan en el reglamento lingüístico de la UE vuelva a la agenda del Consejo, después de que el asunto no se haya tratado durante este segundo semestre bajo presidencia búlgara y se viera por última vez con la anterior presidencia belga.

La petición de Albares se enmarca en los esfuerzos que viene realizando el Gobierno desde septiembre de 2023 para lograr este objetivo, ya que fue uno de los compromisos alcanzados con Junts para su apoyo en la actual legislatura.

Se produce, además, después de que este lunes el líder del partido independentista catalán, Carles Puigdemont, reprochara la «absoluta falta de implicación» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la negociación política para convencer a los países europeos más reticentes a que el catalán sea reconocido lengua oficial de la UE.

La modificación del reglamento lingüístico, que actualmente incluye 24 lenguas, requiere de unanimidad de los 27 para su adopción y genera dudas entre varios socios por distintas razones, tanto por su coste como por sus consecuencias prácticas (la viabilidad de contar con personal suficiente) y por su impacto legal para otros Estados miembro con lenguas minoritarias que podrían ver en el caso español un precedente que seguir.

Para sumar apoyos, el Gobierno ha ofrecido que España asuma el coste total del uso de las tres lenguas cooficiales y ha venido defendiendo que es en todo caso una «excepcionalidad» española no extrapolable a otros países, ya que el catalán, gallego y euskera están reconocidos por la Constitución, se usan en el Congreso y en el Senado y lo hablan varios millones de personas.

La Policía Nacional ha desmantelado en Albacete una importante trama de fraude inmobiliario que operaba mediante la adjudicación ilegal de terrenos y la modificación fraudulenta de valores catastrales. La operación, que se ha prolongado durante más de un año, ha culminado con la detención de un funcionario público y una mujer como principales responsables.

El caso salió a la luz cuando una ciudadana denunció que su terreno había sido vallado por personas desconocidas. Las investigaciones revelaron que el inmueble había sido reasignado ilegalmente por un funcionario de la Delegación de Economía y Hacienda de Albacete, quien había manipulado los datos catastrales.

Modus operandi y alcance del fraude inmobiliario

El método utilizado por la organización era particularmente sofisticado. El funcionario implicado:

• Seleccionaba terrenos rústicos con potencial urbanizable
• Se centraba en propiedades de titularidad dudosa
• Adjudicaba la propiedad a miembros de la trama mediante supuestas herencias
• Tramitaba los expedientes con inusual rapidez para evitar su detección
• Alteraba valores catastrales para reducir impuestos de forma fraudulenta

La investigación ha revelado que los beneficiarios formaban parte de un grupo reducido de personas relacionadas entre sí, algunas con antecedentes por narcotráfico. El funcionario, que actuaba fuera de sus competencias laborales, había procesado más de 50 expedientes fraudulentos.

Las autoridades han procedido a la detención de los principales implicados por diversos delitos:

• El funcionario: cohecho y prevaricación
• La principal beneficiaria: tráfico de influencias, usurpación y estafa
• Tres personas más: investigadas por usurpación y estafa

Como medida inmediata, se ha procedido a la paralización de todos los expedientes tramitados por el funcionario implicado, quien ya había sido separado de sus funciones tras la apertura de un expediente disciplinario.

La colaboración entre la Delegación de Economía y Hacienda y la Policía Nacional ha sido fundamental para desentrañar la compleja red de operaciones fraudulentas. Este caso pone de manifiesto la importancia de los controles internos en la administración pública y la necesidad de mantener una vigilancia constante sobre las operaciones inmobiliarias y catastrales.

El caso ha sido puesto en conocimiento de la autoridad judicial, que continuará con las diligencias pertinentes para determinar el alcance total del fraude y las responsabilidades de cada uno de los implicados en esta trama que ha sacudido el sector inmobiliario de Albacete.

La Audiencia de Madrid ordena reabrir el caso del muñeco de Sánchez en Ferraz. La investigación judicial se centra en los acontecimientos ocurridos durante la pasada Nochevieja frente a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, donde un grupo de manifestantes protagonizó el ahorcamiento y apaleamiento de un muñeco que representaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Inicialmente, el Juzgado de Instrucción 26 de Madrid decidió archivar la causa argumentando que las expresiones y actos realizados no constituían delito. La jueza Concepción Jerez sostuvo que la protesta frente a la sede de un partido político entraba dentro de los cauces normales de la discrepancia política.

Posibles delitos y fundamentos jurídicos del recurso

El recurso presentado por el PSOE, que consta de casi 60 páginas, plantea diversos delitos potenciales:

• Incitación al odio por ideología política
• Incitación a la violencia y al magnicidio
• Injurias contra la autoridad en ejercicio de su cargo
• Amenazas graves al Gobierno de la nación
• Amenazas al presidente y al PSOE como colectivo
• Delito de reunión o manifestación ilícita
• Desórdenes públicos (con penas de hasta 5 años de prisión)

La argumentación del PSOE para justificar el delito de odio se basa en la consideración del partido como colectivo vulnerable, fundamentada en su persecución durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Decisión de la Audiencia Provincial y próximos pasos

La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado parcialmente el recurso, ordenando una revisión del archivo del caso. Esta decisión implica que:

1. Se anula parcialmente el auto inicial de archivo
2. Se ordena al juzgado de instrucción revisar los hechos denunciados
3. Se debe evaluar la posible calificación como delitos de amenazas graves contra el Gobierno
4. Se debe determinar la competencia judicial aplicable

El caso vuelve ahora al Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, que deberá:

• Realizar una nueva evaluación fundamentada de los hechos
• Determinar si procede la remisión del caso a la Audiencia Nacional

El PSOE ha manifestado su compromiso de continuar velando por la protección de las instituciones y el respeto hacia los cargos públicos, enfatizando la importancia de salvaguardar la democracia y el Estado de derecho.