El editor de MONCLOA.com y CEO del Grupo Merca2, Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña, depositó este pasado jueves en el juzgado central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional el original de una grabación de audio recogida por este periódico en una información titulada «Los policías del espionaje a Podemos: “Tengo un mandato del ministro y del presidente”» y publicada el 3 de abril de 2019. El audio quedó depositado a requerimiento del juez Santiago Pedraz que instruye una investigación contra responsables de Interior durante el último mandato del presidente Rajoy tras una denuncia presentada por el partido político Podemos.
El audio dura poco más de un minuto y en el mismo se escucha como un enviado del director general de la Policía de 2016 ofrecía a Rafael Isea, exministro de Finanzas de Hugo Chávez, que había sido presidente de Venezuela, identidades nuevas, documentación y hasta «una nueva vida» en España para todas las personas que él designara a cambio de su declaración sobre la financiación del régimen venezolano a Podemos.
AUDIO PUBLICADO EN MONCLOA
El inspector José Ángel Fuentes Gago, entonces agregado en la Embajada en Países Bajos, aseguraba al político venezolano y su abogado que tenía «un mandato» que emanaba del ministro del Interior (entonces Jorge Fernández Díaz) y del presidente del Gobierno (Mariano Rajoy), según desvelaba un audio que publicó en exclusiva MONCLOA.com.
La Policía grabó esta conversación en secreto y clandestinamente a Isea y su abogado, mientras éste valoraba las condiciones y detalles de su declaración sobre los pagos del régimen de Chávez a Podemos. En esta negociación, que tuvo lugar en el consulado de España en Nueva York, el 12 de abril de 2016, estaban el comisario José Manuel García Catalán, entonces jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF), el citado inspector jefe de Policía Nacional, Fuentes Gago; otra inspectora de la UDEF, además de los venezolanos Rafael Isea y su abogado, Martín Rodil.
Aunque ya se conocían los detalles del encuentro, así como la declaración que Isea dejó por escrito como testigo protegido -desvelada por ABC-, lo que no se sabía es que la conversación previa de una hora entre todos ellos en la legación española fue grabada de forma subrepticia.
El acuerdo consistía en que el antiguo ministro de Hugo Chávez debía hacer una declaración ante la Policía sobre «un punto de cuenta», un pago de 7 millones de euros a la fundación CEPS (origen político de Podemos) a cambio de lo que llamaron «informes huecos», es decir, falsos informes, según publicó MONCLOA en 2019.
Pero el temor de Isea era su familia, que seguía en Venezuela, en condiciones de acoso y riesgo para su vida por parte del régimen venezolano. Por eso, conseguir protección de la Policía española ante las posibles represalias era fundamental para él.
En el momento clave de la negociación en el consulado español de Nueva York, cuando los venezolanos parecía que iban a postergar la declaración a otro día, tomó la palabra el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago.
Fuentes Gago: «Yo he hablado con el ministro del Interior español y el ministro del Interior español habló con el presidente (del Gobierno) español. Yo solo tengo un mandato aquí, o sea, acompañar a estas personas y decirle a usted que me diga los nombres de las personas que quiere que documentemos en España y que le demos una nueva identidad o una nueva vida, la que tienen ustedes y les protejamos. Eso es mi compromiso. Yo vengo aquí con ese mandato. Usted me lo dice y lo hacemos».
Las condiciones que propuso Fuentes Gago en esta parte de le conversación distaban bastante de la mecánica que estaba proponiendo el comisario jefe José Manuel García Catalán. El entonces jefe interino de la Unidad de Delincuencia Económica proponía a Isea pasar al programa de protección de testigos, previo trámite y autorización por el juez, con el visto bueno de la Fiscalía. Es decir, hacerlo todo por la vía judicial y bajo el control de un juzgado.
La información de la que supuestamente disponía Isea era muy importante en aquellos momentos, abril de 2016, al parecer para el Ejecutivo de Rajoy, que se encontraba en funciones en pleno bloqueo político y con Podemos amenazando al PSOE con un sorpasso en las encuestas. En poco más dos meses se celebrarían nuevas elecciones.
Rafael Isea era en aquel momento el más importante disidente del régimen venezolano que instauró Hugo Chávez. Ex militar, compañero de armas de Chávez, logró su máximo apogeo como ministro de Finanzas del Gobierno de Venezuela entre 2008 y 2012. Se trataba de uno de los hombres de la máxima confianza del presidente venezolano. Tan cercano, que fue su asistente durante cuatro años.
Hay que recordar que el juez Santiago Pedraz ya tomó declaración, alguna por videoconferencia, por esta misma causa a tres ex altos cargos del gobierno venezolano de Hugo Chávez -el exministro de Finanzas Rafael Isea y los ex viceministros Nervis Villalobos y Javier Alvarado.
El motivo de querer interrogar a estos ex altos cargos chavistas, algunos residentes actualmente en España, se debe a que en alguna ocasión han manifestado haber sufrido presiones para declarar en contra de Podemos a cambio de beneficios en las causas que les fueron abiertas en España.
Ese es el caso de Nervis Vilallobos, ministro de Energía entre 2001 y 2006, que en noviembre de 2024 llegó a declarar en la comisión de investigación por la llamada operación Cataluña, que estuvo trece meses en prisión tras negarse a hablar con policías, jueces y fiscales en contra de Podemos.
Alvarado Ochoa, ex viceministro de Electricidad y Desarrollo, dijo algo similar en 2022 cuando fue interrogado en sede judicial dijo haberse sentido víctima de una trama de extorsión en España integrada por policías, y que llegó a reunirse con el ex comisario Eugenio Pino, quien le pidió datos sobre Podemos.
Isea llegó a gobernador del estado de Aragua y cuando cesó en este cargo ocupó otro puesto clave en la posible financiación de Podemos. Fue el presidente del Banco Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) hasta que poco después de su destitución, huyó a Estados Unidos.
En un momento de la charla el inspector Fuentes Gago se desmarcaba de las palabras del comisario García Catalán y exponía las garantías que, asegura, proceden de un mandato de las más altas instancias políticas españolas: el ministro Fernández Díaz y el presidente Rajoy. José Ángel Fuentes Gago da incluso explicaciones sobre la posible vía de salida de la familia de Isea –por medio de Argentina– y su posterior viaje a España.
Fuentes Gago añadía durante la reunión con Isea y su abogado que «así de claro se lo digo, de verdad, otra cosa no le puedo decir. Eso se lo digo, el cómo esas personas tienen que salir o no, no me compete a mi, pero yo le digo a usted que la Policía española es muy buena. Nosotros tenemos en Venezuela a gente buena. Tenemos un comisario ahora allí que ha estado muchos años en la lucha contra el terrorismo de ETA y se las sabe todas, y pueden salir con él, pueden ir a Argentina, donde sea, y desde allí les hacemos volar a España, eso al máximo nivel está garantizado, se lo digo a usted, ¿eh?».
