El sector de la Defensa en España se encuentra en un momento raro, parte del accionariado minoritario se encuentra enfadado desde hace tiempo con el nombramiento de Ángel Escribano como presidente ejecutivo de Indra. Estas quejas de los accionistas resuenan en un año crucial para el Ministerio de Defensa, liderado por Margarita Robles, que tiene en su agenda una ambiciosa modernización y expansión de las capacidades militares del país.
En un momento en el que el gobierno se propone una profunda renovación del armamento español, este malestar dibuja un panorama sombrío de presuntos conflictos de intereses y manipulación política. La controversia se intensifica ante la inminente adquisición de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por parte de Indra, un movimiento que, para estas fuentes, es la pieza clave de una trama mucho mayor.
LA POLÉMICA COMPRA DE ESCRIBANO MECHANICAL & ENGINEERING
La operación de compra de EM&E por parte de Indra, una compañía con fuerte participación estatal, ha encendido todas las alarmas e hizo sospechar a diversos elemento empresariales vinculados al mundo de la Defensa, además de a otros sectores del Partido Popular que ven de manera reacia el poder de lo socialistas en determinadas empresas con participación estatal. En este sentido, estos accionistas aseguran que EM&E es una empresa que ha crecido de manera artificial sin una competencia real. En su relato, la adquisición no tiene un sentido estratégico, sino que busca «consolidar una red de poder».
Este malestar traza una «captura institucional» donde el nombramiento de un presidente supuestamente sin la cualificación necesaria, la marginación de consejeros críticos y la compra de una empresa sobrevalorada, representan un «ataque frontal a la integridad de Indra». El ascenso de EM&E ha sido meteórico. Lo que en 2019 era un modesto taller familiar, se ha transformado en un gigante de la defensa en España.
CONEXIÓN CON LA COVID-19
Según este relato, el ascenso de EM&E se aceleró en 2020. En plena crisis sanitaria de la COVID-19, el Gobierno adjudicó a la empresa un contrato de 36 millones de euros para 5.000 respiradores. Escribano Mechanical & Engineering, que hasta ese momento se dedicaba a la fabricación de piezas de defensa, actuó como simple intermediaria. La fabricación real corrió a cargo de Hersill S.A., una empresa con experiencia en tecnología médica. Escribano, según señalan, se embolsó un margen de más del 70% por cada respirador. Desde este grupo de accionistas, se asegura que el escándalo es de tal magnitud que ha derivado en una investigación de la UDEF por presunto fraude masivo al erario público.
Esta operación marcó el inicio de una escalada de adjudicaciones que ha disparado la facturación de EM&E, alcanzando los 355 millones de euros en 2024. Y sitúan detrás de este vertiginoso ascenso a un «círculo cerrado del PSOE», con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el veterano político Gaspar Zarrías como figuras clave. Para estas fuentes, este esquema consolida un «modelo clientelar donde el acceso a contratos se rige por lealtades políticas».
CONFLICTO DE INTERESES EN EL CONSEJO DE INDRA
La operación culmina con el nombramiento de Ángel Escribano, copropietario de EM&E, como presidente de Indra, en la que el Estado es el principal accionista a través de la SEPI. Ahora, Escribano promueve la fusión entre su antigua empresa y la pública, una operación valorada en hasta 1.500 millones de euros. Este movimiento ha desatado una guerra interna en el consejo de administración, con advertencias legales de consejeros independientes y dimisiones en cadena.
El consejo de Indra está dividido. Las presiones para cesar a los perfiles críticos se multiplican. La fusión es vista como un «conflicto de intereses de manual» y podría ser objeto de acciones judiciales por «administración desleal». De hecho, algunos consejeros han advertido que llevarán a Escribano a los tribunales si la operación sigue adelante.
La polémica va más allá y alerta de que este modelo no solo afecta la libre competencia, sino que «compromete la seguridad nacional y la integridad de sectores estratégicos». Concluye que lo que se está gestando «no es un polo tecnológico competitivo, sino un monopolio inflado artificialmente con contratos públicos y dirigido desde La Moncloa».
El resultado es, según estas fuentes, una empresa «sin experiencia, sin estructura industrial real, sin talento técnico de referencia» que, de la mano de Ángel Escribano, «acaba controlando Indra, la joya tecnológica del Estado español». Esta situación, presuntamente, no es un caso de éxito empresarial, sino «una operación de asalto político» a una empresa de referencia.
«Aparentemente», todo es una trama cuidadosamente orquestada para enriquecer a un círculo selecto a través de comisiones y contratos multimillonarios, culminando en el control absoluto de Indra. Aseguran que Ángel Escribano ha pasado de ser un «proveedor irrelevante a manejar un tercio del negocio de defensa de España, en tiempo récord», únicamente gracias a la «mano del poder».
El relato expone cómo Escribano ha recibido más de 1.090 millones de euros en contratos públicos desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018, un volumen «completamente desproporcionado» para una empresa que hasta 2019 facturaba apenas 44 millones. En solo cinco años, ha multiplicado su facturación por un 500%, acumulando adjudicaciones sin experiencia previa, sin una trayectoria técnica acreditada y sin competencia real.
GASPAR ZARRÍAS, EL FONTANERO EN LA SOMBRA
En el centro de este entramado, presuntamente, se encuentra Gaspar Zarrías, ex secretario de Estado y veterano del PSOE andaluz. A pesar de estar inhabilitado por el escándalo de los EREs, Zarrías reapareció al frente de Zaño Sociedad Consultora SL. Una firma «sin web, sin empleados técnicos y sin presencia pública», que, sin embargo, factura «más de un millón de euros al año». Su verdadero negocio, parece ser que es intermediar entre empresas y el Gobierno para facilitar el acceso a contratos y la participación accionarial en empresas estratégicas.
Desde estas fuentes se recoge presuntamente una frase que Zarrías supuestamente ofrecía a los ejecutivos privados: «Os haréis millonarios, pero os costará millones». Una advertencia que deja claro que el precio por entrar en el selecto club era pagar «mordidas» al entorno del poder.
PLAN DE CONTROL DE INDRA
Las fuentes detallan una estrategia para controlar los centros neurálgicos de poder empresarial en España:
- Elevación de la participación de la SEPI en Indra: En 2022, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) elevó su participación en Indra hasta el 28%, con una inversión de 150 millones para asegurar el control político de la empresa.
- Imposición de Marc Murtra: En 2021, se impuso a Marc Murtra, militante del PSOE y sin experiencia en la gestión de grandes compañías industriales, como presidente de Indra.
- Colocación de Ángel Escribano: En 2025, tras mover a Murtra a Telefónica, el Gobierno «colocó a Ángel Escribano al frente de Indra, como colofón del golpe de Estado empresarial orquestado por el PSOE».
Esta estrategia utiliza el poder del Estado para beneficiar a «empresas afines y a personas sin preparación, pero con vínculos políticos sólidos». Siguiendo versiones similares a las señaladas .
INGENIERIA FINANCIERA Y NÚMEROS INFLADOS
Para justificar la fusión, EM&E ha presentado unos resultados excepcionales en 2024. Sin embargo, presuntamente señalan que estos números han sido inflados artificialmente a través de contratos gubernamentales. La operación, de acuerdo con el empresario, plantea serios interrogantes sobre el gobierno corporativo, ya que implicaría que Indra asuma la deuda con la que Escribano ha adquirido su participación en la propia Indra.
Los documentos recibidos por MONCLOA.COM también revela operaciones «secretas» de EM&E. Durante una feria en Madrid, Javier Escribano selló un acuerdo «secreto» con el Ministerio de Industrias Estratégicas de Ucrania, sin comunicación oficial. Además, la implicación de la empresa israelí Elbit Systems en el sistema lanzacohetes SILAM, que representa 697 millones de euros para Escribano, amenaza la valoración de EM&E. El Gobierno, después de la guerra en Gaza, anunció que «no compraremos ni venderemos armamento israelí», un veto que, según la denuncia, paraliza «46 contratos por más de 1.000 millones de euros» y deja a Escribano al borde del abismo.
Subraya un patrón sistemático de adjudicaciones. En los últimos años, 51 contratos por 743,74 millones de euros se han otorgado a Escribano a través de «procedimientos negociados, marco preferente y concursos restringidos», sin transparencia. Esta situación, respaldada por el PSOE, es calificada por la competencia como un «trato de favor descarado».
PUERTAS GIRATORIAS PARA BLINDAR EL PODER
Para asegurar su acceso a futuros contratos, Escribano e Indra han fichado a tres ex generales del Ministerio de Defensa. Esta táctica, conocida como «puertas giratorias», les garantiza información privilegiada y contactos directos con los centros de poder.
Manuel de la Rocha, jefe del Gabinete económico de La Moncloa, actúa como el «valedor número uno» de este entramado. Estas fuente, asegura que fue él quien ordenó el cese de José María Álvarez-Pallete en Telefónica en una operación calificada de «bananera».
Las acusaciones de pintan un panorama inquietante de un «asalto político» a una de las empresas más estratégicas de España, un «asalto al patrimonio tecnológico nacional por parte de un entramado político-empresarial bajo sospecha». La polémica no ha hecho más que empezar.
