Su labor para la votación reiteradamente declarada ilegal por la Justicia se concretó en una labor de housing. Este apoyo técnico incluye aspectos como proporcionar espacio, potencia eléctrica, refrigeración, servicios de seguridad y conectividad de la empresa contratante.
La Policía concluye que “a través del gestor de base de datos de Oracle, se establece una conexión al servidor denominado OOCL ORA 4, instalado físicamente en el CPD de la empresa Mediapro, servicios de housing«.
A través de esta conexión se realizó una exportación de trece ficheros contenedores de todas las valijas enviadas desde el 1 de enero al 1 de octubre de 2017. Entre los miles de envíos distribuidos por esta vía informática destacan dos emitidos el 19 de mayo de 2017. Ambos hacían referencia al registro de población de Cataluña.
Por tanto, esta conexión apunta dos elementos que chocarían con la legalidad vigente: por un lado Mediapro se enganchó durante meses a lo que la Policía denomina “hoja de ruta hacia la independencia”.
En segundo lugar, “es evidente que todas las ventanas de legalidad fueron vulneradas puesto que no se tiene constancia de que hubiera previsto ni celebrado en Cataluña ningún acto NO REFERENDARIO una vez cedidos y entregados los datos personales de carácter personal incluidos en el registro de Participación Ciudadana y actos no referendarios al Departament de Governaciò, que no fuera otro que el referéndum ilegal del 1-O, por tanto, los datos cedidos solamente pudieron ser destinados a este fin”.
AUTORES INTELECTUALES DEL GOLPE
El informe policial distingue entre dos planos sobre la ejecución de este plan basado en una doble ilegalidad: celebrar una consulta ilegal y usar ilegalmente datos personales. “A lo largo del presente informe y de otros anteriores se hace referencia como autores materiales de los actos externos que configuran la ejecución del delito aquí investigado (revelación de secretos), a personas de segundo rango político o funcionarial de la Administración catalana (secretarios generales, cargos de confianza, funcionarios…)».
Pero, remachan los investigadores policiales, «es evidente que hay otras personas consideradas como autoras intelectuales de rango superior puesto que la iniciativa y la planificación estratégica para convocar y celebrar el referéndum no partió de aquellas sino de estos últimos. Entre ellas podrían estar el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, el exvicepresident y conseller de Economía i Hacienda, Oriol Junqueras, la exconsellera de Governaciò, Meritxell Borràs, etc”.
«Es evidente que todas las ventanas de legalidad fueron vulneradas puesto que no se tiene constancia de que hubiera previsto ni celebrado en Cataluña ningún acto no referendario»
La investigación policial apunta que “podría existir una diferencia sustancial entre la cesión y entrega del registro de población de Cataluña y la del Regext, donde el segundo tuvo un coste adicional para las arcas públicas, puesto que se trata de un registro creado ad hoc en el año 2014 para el proceso participativo del 9-N, y que meses antes del 1-O fue actualizado técnicamente de cara al referéndum con el objetivo de incentivar las inscripciones y ganar adeptos de cara al proceso independentista”.
“Este coste”, concluye el informe de la Comisaría General de Información, “podría encubrirse fácilmente dentro de los programas marco que tiene firmado la Generalitat con diversas empresas del sector de la ingeniería informática, tal y como manifestó Jordi Lázaro, de la empresa DxC, cuando prestó declaración en esta brigada en septiembre de 2017”.
LA EMPRESA DE ROURES OFRECIÓ SU SEDE PARA EL RECUENTO
Este nuevo apunte de la implicación de Mediapro en el golpe del 1-O supera con mucho lo que hasta ahora había aflorado: que el poderoso grupo de Jaume Roures prestó su sede central en Barcelona para ofrecer el recuento de la consulta ilegal, así como las sucesivas comparecencias de los políticos o cargos de la Generalitat vinculados con la intentona separatista, o que había regalado a empresas de televisión conexiones a través de sus satélites para difundir actos en favor del ideario independentista.
La empresa de Roures ha logrado el milagro de facturar millones a la administración catalana mientras cobraba por servicios televisivos al Estado. Para ello, se ha envuelto en la bandera del periodismo para encubrir sus apoyos hasta ahora conocidos de soporte al 1-O. Pero en este caso se vuelve más difícil defender este apoyo y negocio sufragado con el dInero público catalán.
Toda España, toda la Prensa, sabía que la consulta que se preparaba era ilegal. Lo sabían los cargos de la Generalitat que debían usar los servicios de Mediapro. Por eso, en las instrucciones que repartían en sus mensajes aparecía la siguiente orden: “Una vez descargada la información suprimir la carpeta compartida ‘Governaciò’”.
En suma, había que tratar la descarga y reparto de datos del censo catalán como si fuera porno bajado clandestinamente desde ordenadores de la Generalitat. La orden partía nada menos que de la secretaría general de la Vicepresidencia de Economía y Hacienda, la cartera del hoy preso Oriol Junqueras, visitado y adulado por la coalición que sustenta el actual Gobierno español.
