Los cazadores están indignados por el confinamiento. No entienden que el Gobierno les haya prohibido salir a cazar. Según ellos, el hecho de que no puedan pegar tiros en la montaña durante un par de meses acabará porque el número de ciervos, jabalíes y cualquier otra especie cinegética se dispare. Por este motivo, desde el partido Acción Natural Ibérica (Anatur) han exigido tanto al Ejecutivo como a las consejerías de Medio Ambiente de las comunidades autónomas que restablezcan de inmediato la caza, además de que apliquen otra serie de medidas para que el mundo rural no se vea resentido por la crisis del coronavirus.
Los cazadores quieren que se den permisos de caza por nombres y apellidos. Reclaman «la autorización nominal de manera inmediata de tantos cazadores por acotado que sean necesarias para el correcto y eficaz control poblacional en éstos», según detallan en un documento que han hecho llegar a las autoridades. Todo por el bien del medio ambiente ya que, según sus explicaciones, sin ellos habrá gran cantidad de especies cuya población se descontrolará. Pero no solo eso, desde Anatur han incluido más exigencias.
Los cazadores no quieren que sean los guardas forestales los que realicen esta labor. Da la sensación de que temen que el Gobierno pueda delegar esa función en otros funcionarios y que les prive de pegar unos cuantos disparos. Y así de claro lo dejan en el documento. No quieren que el Ejecutivo tome una decisión «utilizando la torticera excusa que “los cazadores cazan por deporte” ya que esta premisa sería falsa y se privaría tanto a titulares cinegéticos, como a arrendatarios, como a gestores cinegéticos, de su derecho a realizar esta labor por ellos mismos como profesionales y especialistas que son en la materia y como propietarios de los terrenos o de su aprovechamiento», tal y como reflejan en el documento.
Lo que sí están dispuestos a aceptar es que se permita a los guardas rurales «controlar» la población de especies cinegéticas. Eso no les importa. Pero los guardas forestales deben quedar absolutamente fuera de la ecuación. Sin excusas.
Ahora bien, lo que temen desde Anatur lo dejan bien claro en el escrito: que los animalistas condicionen la decisión que quiera pueda el Gobierno. «Teniendo en cuenta que determinados grupos sociales que, dentro de su ignorancia, están en contra de la caza, están presionando a las Administraciones para que ésta se prohíba, queremos anticiparnos a esas “posibles tentaciones” que pudiese tener la Administración Central», aclaran.
Pero aún así, desde Anatur son conscientes de que esta exigencia puede no calar en la administración pública. Y tienen pensada una alternativa; «que, en caso de no querer autorizar a nadie para realizar esta urgente y necesaria labor de control poblacional y/o silvícola, se fijen unas indemnizaciones tanto para el sector ganadero, como para el agrícola, como para los pueblos, para los titulares cinegéticos y para los arrendatarios». Una afirmación que lleva a algunos animalistas a afirmar que lo que en realidad quieren es dinero y practicar la caza, no preocuparse por el control poblacional.
Todo ello, para acabar con una conclusión algo amenazante. «Abundando en esto, si bien los daños patrimoniales (económicos) son cuantificables y hasta cierto punto resarcibles, el daño ecológico sería difícilmente subsanable, por lo que la Administración deberá asumir al 100% el valor de reposición, contratando equipos de expertos en estas diferentes materias para evaluarlos, equipos que salgan de los colectivos independientes y profesionales del mundo rural y NUNCA de los sectores ecologistas y animalistas, que han demostrado con creces su ignorancia y mala fe durante los últimos años».
Según Anatur, esto tendrá consecuencias, como que los cazadores furtivos puedan campar a sus anchas en plena cuarentena por la crisis del coronavirus; ya que, sin ellos, quienes se consideran a sí mismos «custodios naturales», los furtivos van por donde quieren. «Cuando en el monte desaparecen sus custodios naturales, los cazadores, aparecen los furtivos, personas sin escrúpulos que matan y asesinan sin control ni responsabilidad alguna a animales. Y esto no se puede consentir».
Solo trufado en medio del documento parece destacar la razón real por la que los cazadores piden que se restablezca esta actividad: el dinero. Pues la caza, según explican en el texto, es «una fuente importante de ingresos de los pueblos de España es el arriendo de derechos de caza para este control poblacional por parte de terceros (los gestores cinegéticos, arrendatarios y/o cazadores). El que la actividad esté en suspenso está generando cuantiosas pérdidas económicas a estos ya abandonados pueblos y núcleos rurales».
