El PP ha exigido este sábado al Gobierno que corrija la orden publicada hace una semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sobre el realojo de víctimas de violencia de género, desahuciados y otras personas vulnerables para que quede claro que en ningún caso se está abriendo la puerta a «expropiaciones de facto» ni «ocupaciones ilegales de vivienda». De no modificarse esta norma de forma «inmediata», el PP la recurrirá ante los tribunales.
Así lo ha advertido el secretario general del PP, Teodoro García-Egea, en una rueda de prensa telemática desde la sede del partido en Génova, en la que ha alertado de que esta orden está creando «inseguridad jurídica por su difícil encaje en la Constitución», además de «preocupación en los ciudadanos».
García Egea ha tildado de «claramente insuficientes» las explicaciones ofrecidas al respecto por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, cuyo departamento es el competente en materia de vivienda, y ha urgido a que se corrija la redacción de la norma, para disipar las dudas al respecto.
La orden establece una solución habitacional dentro de su programa de atención a personas vulnerables consistente en que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla pondrán a disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad pública, o que haya sido cedida para su uso a una administración pública, aunque mantenga la titularidad privada, adecuada a sus circunstancias en términos de tamaño, servicios y localización, para ser ocupada en régimen de alquiler, de cesión de uso, o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho.
«Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes», agrega el párrafo que ha generado la polémica.
