El Ayuntamiento de València ha admitido por escrito que, tres años después de aprobarlo, aún no ha creado el Comité Ético de contratación previsto en su Plan de Integridad Municipal. La confesión llega después de que la Agencia Valenciana Antifraude reclamara explicaciones sobre los posibles conflictos de intereses del concejal de Contratación, Josep Marí Olano.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Ayuntamiento de València, gobernado por PP y Vox, no ha constituido el Comité Ético del Plan de Integridad aprobado en 2023, un órgano clave para vigilar conflictos de intereses en la contratación pública.
- ¿Quién está detrás? El gobierno municipal de María José Catalá (PP) reconoce la omisión en un escrito remitido a Compromís tras una pregunta sobre el caso del edil Josep Marí Olano.
- ¿Qué impacto tiene? La falta de ese comité deja sin control interno los contratos del consistorio y ha atraído la atención de la Agencia Antifraude, el Síndic de Greuges y, potencialmente, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
Un órgano dormido en el cajón desde 2023
El Plan de Integridad Municipal fue aprobado en mayo de 2023, en los últimos compases del gobierno de coalición de Compromís y PSPV. Preveía la creación de un Comité Ético encargado de estudiar denuncias de conflictos de intereses en la contratación, proponer medidas correctoras e incluso sancionar incumplimientos. En tres años de gobierno del PP y Vox, sin embargo, ese comité no ha llegado a ver la luz.
El propio ejecutivo de María José Catalá lo ha confirmado en una respuesta oficial a Compromís. “El Comité Ético no ha llegado a constituirse”, reza el documento, firmado por el delegado de Transparencia, Juan Carlos Caballero. El escrito añade que el plan “no ha sido objeto de actualización alguna” y que, en ausencia del órgano, no existe ningún informe sobre su seguimiento ni sobre los posibles conflictos de intereses de los cargos públicos.
La respuesta llegó después de que el concejal de Compromís Ferran Puchades tuviera que recurrir a dos departamentos y a un recurso de amparo para obtener una contestación que el Ayuntamiento mantenía bajo llave. Durante estos tres años, el plan ha estado durmiendo en un cajón.
La sombra del conflicto de intereses y el caso Olano
La ausencia del comité resulta especialmente incómoda porque la Agencia Valenciana Antifraude ya había advertido al consistorio de “una falta de diligencia” al no comunicar el conflicto de intereses al Comité Ético, tal y como exige la ley de contratos del sector público. El caso se centra en Josep Marí Olano, concejal de Contratación que se ha abstenido en numerosos procesos para evitar choques con empresas con las que mantiene o ha mantenido relación profesional como abogado, aunque se ha negado a detallar cuáles por el secreto profesional.
El Comité Ético era la pieza clave para vigilar los conflictos de intereses en los contratos municipales. Sin él, el consistorio se queda sin ningún control interno.
Antifraude pidió al Ayuntamiento un informe sobre cómo había gestionado el posible conflicto. Nunca lo recibió. El consistorio alegó entonces que se habían adoptado medidas para abordar el conflicto, pero meses después admitió que el comité no existe. La opacidad ha disparado las alarmas: el Síndic de Greuges ha abierto una investigación y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (que vela por los fondos europeos) podría hacer lo mismo, ya que algunos de los contratos cuestionados se financian con dinero de la UE.
Desde Compromís, la portavoz Papi Robles ha cargado contra el gobierno municipal. “Si se hubiera puesto en marcha el comité, no tendríamos a Antifraude o a la Fiscalía pidiendo explicaciones”, denunció este miércoles. Robles reclama un informe público sobre los contratos firmados por Olano y acusa a PP y Vox de haber “dejado el plan en un cajón para seguir con el oscurantismo”. También apunta al edil de Vox José Gosálbez, quien trabaja con el colegio de Ingenieros y oculta su contrato, según la coalición.
El Escenario Valenciano
La decisión (o la inacción) de María José Catalá no es un mero desliz administrativo. Refleja la dinámica del pacto entre PP y Vox en el Ayuntamiento de València: mientras los populares controlan las delegaciones clave, Vox mantiene una cuota de poder que incluye la Concejalía de Contratación, hoy en el foco. La opacidad no ha generado de momento ninguna crisis de gobierno, pero sí ha dado munición a la oposición de Compromís y PSPV, que ven en el caso Olano un patrón de comportamientos poco transparentes.
A escala nacional, el caso añade una nueva arista a la imagen del PP valenciano, ya sacudido por la gestión de la DANA que lidera Carlos Mazón en la Generalitat. Aunque Catalá se mueve en un ámbito municipal, la falta de controles anticorrupción en una de las principales ciudades de España —y el hecho de que el asunto haya escalado hasta un organismo estatal— no pasa desapercibida para la dirección nacional del partido. Lo que ocurre en València tiene ecos en Génova, y lo saben.
La proyección es clara: Compromís mantendrá la presión con preguntas en el pleno y la Fiscalía podría acabar entrando en el expediente si el Servicio Nacional confirma irregularidades. Además, el Ayuntamiento deberá decidir si, tras tres años de silencio, constituye por fin ese Comité Ético. De lo contrario, el mensaje institucional seguirá siendo el mismo: no hay órgano que vigile porque no se ha querido crear.
Ficha del Caso
- El caso: El Ayuntamiento de València reconoce por escrito que no ha creado el Comité Ético previsto en su Plan de Integridad Municipal de 2023, pese a que la Agencia Antifraude lo exigía para evaluar los conflictos de intereses del concejal Olano.
- Datos importantes: Plan aprobado en mayo de 2023, tres años sin constitución del órgano. Respuesta firmada por el delegado de Transparencia. Investigaciones abiertas por el Síndic de Greuges y posible intervención del Servicio Nacional Antifraude.
- Resumen: La ausencia del comité de integridad deja sin control los contratos municipales, envuelve de opacidad al gobierno de Catalá y aventra consecuencias administrativas y penales si los fondos europeos resultan afectados.
