Este lunes, 27 de abril de 2020, se cumplen siete años del doble crimen de Almonte (Huelva), en el que fueron asesinados un padre y su hija de ocho años en el domicilio familiar en 2013. La familia de las víctimas sigue reclamando justicia al no existir a día de hoy ningún inculpado ni condenado por las dos muertes. El único encausado por estos hechos, Francisco Javier Medina, resultó absuelto tras un veredicto del tribunal del jurado de no culpabilidad y con tres sentencias absolutorias.
Ante esto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Palma del Condado ordenó la reapertura de la causa tras ratificar el Tribunal Supremo la absolución del único acusado, al tiempo que un nuevo equipo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se puso al frente de la nueva investigación pero, por el momento, no hay avances destacables en la misma.
Además, en este periodo, Medina, junto a algunos de sus familiares, ha intentado personarse en la nueva causa como acusación particular y después como acusación popular, siendo dichas peticiones denegadas por el juzgado de instrucción y por la Audiencia Provincial.
Igualmente, en todo este tiempo han sido numerosas las concentraciones, convocadas por el movimiento de apoyo a la familia de las víctimas ‘Corazones Verdes’, para reclamar justicia para Miguel Ángel y María, los cuales fueron declarados hijos predilectos a título póstumo de Almonte, llevando una plaza el nombre de padre e hija.
Las pocas expectativas de la familia de las víctimas están puestas en la nueva investigación, así como en el trabajo pericial que realice el experto forense Francisco Etxeberría –autor de los informes que determinaron que los restos óseos hallados en la finca familiar de José Bretón eran humanos–, para analizar la manta y el vestido de la menor hallados en la vivienda.
De hecho, este pasado 17 de marzo estaba prevista su asistencia al juzgado palmerino para hacer el juramento hipocrático para este estudio que finalmente no pudo llevarse a cabo al decretarse el estado de alarma. De hecho, la familia espera que el perito pueda acudir a otro juzgado para hacer este trámite y agilizar, en la medida de lo posible, la ejecución del análisis.
En concreto, desde la familia han indicado que la situación actual por la que atraviesa el país, ha llevado a postergar hasta que el estado de alarma lo permita, el trabajo pericial que el doctor Etxeberría pretende llevar a cabo bajo el conocimiento del Juzgado de Instrucción competente.
En esta fecha tan señalada, la familia ha remarcado en un comunicado, remitido a Europa Press, que «en un estado democrático y avanzado no puede permitirse el lujo de meter en un nicho a una niña de ocho años asesinada junto a su padre y mantener en libertad a su asesino. «Después de siete años de los crímenes que estas familias han tenido que padecer para el resto de sus vidas, nos parece absolutamente sorprendente que el Estado español continúe ciego, sordo e inmóvil ante los terribles y espantosos asesinatos de una niña de ocho años y de su padre cuando se encontraban tranquilamente en su casa», han remarcado.
Tras recordar que están «asoladas» por «la desgracia de los crímenes y de la injusticia», se preguntan «hasta cuándo el Estado va a proseguir en su incompetencia y aberrante dejadez ante unos hechos tan dantescos».
«Somos conscientes del desgaste que padecemos, porque tanta lucha en este largo periodo sólo nos ha arrojado bofetadas judiciales y por increíble que parezca insultos, vejaciones y humillaciones con la connivencia del Estado mirando hacia otro lado y sin querer proteger a las víctimas verdaderas, ya que denuncia tras denuncia las autoridades competentes no han movido ni un solo dedo por ampararnos», han lamentado.
De todas maneras, han dejado claro su disposición a seguir luchando para «exigir al Estado que tenga la vergüenza de dar una respuesta a sus ciudadanos, a unas madres y abuelos víctimas y rotos por el dolor ante el que ni siquiera han obtenido el consuelo de la justicia material».
«¿Dónde está el Estado para proteger la vida de sus ciudadanos? ¿Dónde está el Estado para garantizar un derecho constitucional básico como es la inviolabilidad del domicilio? El Estado español tiene al asesino de María y Miguel Ángel suelto por las calles, riéndose de las víctimas, compartiendo y gozando de la vida, mientras estas familias tienen que deambular como almas perdidas en busca del aliento ante una lápida, porque el Estado español no le ofrece ni el pañuelo con el que recoger sus lágrimas rotas por el dolor», han subrayado.
Del mismo modo, la familia ha señalado que han transcurrido «siete años desde que María y Miguel Ángel reposan en un cementerio, mientras su asesino ríe, camina, duerme, sueña, disfruta de la vida con la connivencia de un Estado imperturbable al que los asesinatos de dos ciudadanos inocentes y tremendamente buenos les ha importado lo mismo que un cero a la izquierda».
PIDEN JUSTICIA
Así las cosas, ante esta «injusticia», han reiterado que seguirán con su lucha para que «María y Miguel Ángel reciban algún día la merecida justicia que no tienen, pero mientras, el Estado seguirá manchado de su sangre, el Estado continuará teniendo en su expediente a dos muertos encima de la mesa».
Para la familia, «resulta indignante cuando tenemos que escuchar en cada ejercicio anual a las autoridades competentes anunciar si este año o el anterior ha bajado la cifra de delitos violentos o por homicidio o asesinato atribuyéndose de esta manera dicha circunstancia como un mérito, contabilizando a las personas como números y no como casos personales detrás de los cuales hay un drama familiar, hay un dolor irrefrenable».
El tiempo pasa y «el Estado calla, consiente, otorga y ningunea a las víctimas», prosiguen desde la familia, cuya representación legal lleva el despacho sevillano Bidón Abogados.
Al mismo tiempo, han hecho un llamamiento a la Unidad Central Operativa (UCO) para que «no desista ni un ápice en su labor dentro de la nueva investigación implementada como siempre nos ha constado su laborioso quehacer», pero que «somos conscientes un sistema absurdo como es el tribunal del jurado incompetente se ha encargado de vapulear y estropear su enorme trabajo profesional con la misma facilidad de quien levanta un lápiz».
Por ello, la familia ha criticado el sistema del tribunal del jurado porque deja «en manos de ocho personas incompetentes para ello el trabajo riguroso y profesional de la UCO», por lo que «dónde queda la credibilidad de este cuerpo cuya versión queda relegada por la de ocho iletrados», se han preguntado.
Por todo ello, en el séptimo aniversario de los crueles asesinatos de María y Miguel Ángel quieren «alzar la voz más que nunca» porque la gente de buena voluntad, entre la que se encuentra el movimiento de apoyo a esta causa Corazones Verdes, tenga «en su mente y en su memoria la presencia de María y Miguel Ángel».
«Pedimos que esa presencia en sus corazones nunca decaiga, para que su asesino, aunque no tenga conciencia y goce de la impunidad que le regala el Estado, sepa que no hay tiempo capaz de callar la sed de justicia ni viento con fuerza para llevarse el peso de la memoria», han concluido.
