El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, comparece este jueves, a partir de las 16.00 horas, en la Comisión de Justicia del Senado para explicar el proyecto ‘Justicia 2030’ en el que se centrará sus planes al frente del Ministerio. Asimismo, se aprovechará este encuentro para informar sobre las gestiones realizadas por su departamento para paliar las consecuencias del estado de alarma declarado por la pandemia del coronavirus.
Será la primera vez que el titular de Justicia visite esta comisión de la Cámara Alta –a petición propia y por solicitud de los grupos parlamentarios–, a diferencia de la del Congreso a la que ha asistido ya en dos ocasiones, precisamente, para dar cuenta de las cuestiones que se tratarán este jueves.
Así, Campo explicará a los senadores los tres ejes que conforman el ‘Plan Justicia 2030’, cuyo objetivo es «ser más eficientes», por lo que está basado en la modernización y las nuevas tecnologías aplicadas a este servicio público, según explicó el pasado 17 de febrero en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
TRES EJES DEL ‘PLAN JUSTICIA 2030’
El primer eje del plan pasa por la «consolidación de garantías y derechos» en el que se incardina tanto la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), por la que se pretende dar a los fiscales la dirección de la instrucción de las causas penales, como la Ley Orgánica del Derecho de Defensa que es reclamada desde hace tiempo por la Abogacía. El Ministerio ya ha constituido los dos grupos de expertos que elaborarán los anteproyectos de ley que se presentarán próximamente en Consejo de Ministros.
El segundo eje del plan está destinado a la implementación «definitiva» del proyecto de oficina judicial y la consolidación del expediente judicial digital para que sea «seguro y accesible». La última línea de trabajo se dedicará a la transformación digital para garantizar el «acceso a la Justicia en iguales condiciones, en cualquier parte del territorio».
Por otro lado, el PP y Ciudadanos han solicitado la comparecencia del ministro de Justicia para que informe sobre la gestión y los planes de actuación de su departamento con respecto a la crisis sanitaria y socioeconómica provocada por el Covid-19.
Tal y como hizo en la comisión del ramo del Congreso de los Diputados el pasado 4 de mayo, Campo explicará las tres líneas de trabajo que se han establecido en coordinación con la denominada Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia –Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia y el Consejo General de la Abogacía Española– para evitar el colapso de los juzgados y tribunales una vez que se levante el estado de alarma.
DECRETO ANTI-COLAPSO DE JUSTICIA
El Gobierno aprobó el pasado 28 de abril un real decreto-Ley para adoptar las medidas procesales y organizativas más urgentes y necesarias para la reactivación de los tribunales. El Congreso dio el visto bueno a que este decreto anti-colapso de la Justicia la semana pasada se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Precisamente para abordar este decreto ha sido convocado también a la Comisión de Justicia por los senadores del Grupo Mixto. La norma ha sido muy criticada por los distintos colectivos profesionales del sector, como por los partidos políticos que se quejaron de que el ministro ha decidido las medidas sin consultar con ellos.
Sin embargo, Campo ha defendido en todo momento que los 28 artículos de esta norma temporal han sido «consensuados» con la Comisión de Coordinación de Crisis y que medidas polémicas como habilitar parte del mes de agosto fueron propuestas de algunas comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid gobernada por el PP.
Por otra parte, Justicia tiene previsto sacar adelante una ley para impulsar y mejorar la eficiencia de los procesos judiciales, con un especial énfasis en la transformación digital de la administración de Justicia.
Todo ello se complementará con la puesta en marcha un ‘plan de choque’, que prepara en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial, para la agilización de los órdenes social y contencioso-administrativo y de los juzgados de lo mercantil, que deberá ser aprobado por el Gobierno en un plazo máximo de 15 días desde que se levante el estado de alarma.
