La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado este viernes tramitar suplicatorio al Congreso de los Diputados para continuar el procedimiento penal contra la diputada de Junts per Catalunya (JXCat) Laura Borrás, contra quien abrió una causa el pasado mes de diciembre por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en la etapa en la que fue directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
Según la instrucción realizada, las irregularidades aparecen en 18 contratos de esta organización, por valor de 259.863 euros, que fueron adjudicados a su amigo Isaías Herrero, que está siendo igualmente investigado por el alto tribunal. No obstante, el instructor detalla que la malversación está aún por cuantificar.* A este efecto, el presidente de la Sala Segunda (de lo Penal), Manuel Marchena, ha dirigido un oficio al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para que traslade el suplicatorio para proceder contra Borrás a la presidenta del Congreso de los Diputados. La petición se acompaña de una exposición razonada del instructor de la causa en el Supremo, el magistrado Eduardo Porres, que es quien ha instado el suplicatorio. Dicho juez citó para el pasado 14 de febrero en el Supremo a Laura Borrás para prestar declaración voluntaria, en calidad de investigada en la causa, tal como la Ley le permite, pero la diputada optó por no acudir a la citación.
Tras analizar de forma pormenorizada toda la instrucción, Porres concluye que Borrás tenía la condición de autoridad y «actuó abusando de las funciones que legalmente tenía encomendadas».
Así, cometió prevaricación al dictar resoluciones que dieron lugar a la «omisión injustificada de los trámites esenciales del procedimiento administrativo», lo que en espera de poder escucharla en declaración «carece de toda explicación jurídica y evidencia la exclusiva voluntad de favorecer los intereses» de su amigo Hererro, ocasionando con ello un resultado materialmente injusto. Igualmente, encuentra indicios de malversación -por un valor total que según Porres aún no se ha cuantificado- y de fraude administrativo y también documental.
ORIGEN DE LA CAUSA
La investigación a la diputada de JxCat nace de la instrucción que abrió un juzgado de Maresa en 2017 contra Isaías Herrero por un presunto delito de falsificación de moneda al que después se sumaron falsedad documental y tráfico de drogas. En el marco de esta causa, los investigadores analizaron las conversaciones telefónicas del «amigo» de Borrás de las que se desprendía la necesidad de preparar unas facturas.
El juzgado de Manresa finalmente se inhibió a favor del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, donde continuó la investigación y se confirmó el «modus operandi seguido en el periodo 2014-2017 consistente en dividirla contratación del servicioen contrato menores de menos de 2018», explica la resolución. Fue este tribunal el que elevó la causa al Supremo dada la condición de aforada de Borrás como diputada en el Congreso.
La prueba clave se encontró en una la cadena de correos electrónicos enviados en 2013 y 2014 en los que Borrás señala de «forma muy explícita» a Herrero como debía proceder. Además, los investigadores constataron que una de las empresas que licitaron para conseguir uno de los contratos presuntamente irregulares, Lab Hermeneia, había sido creada con anterioridad por la diputada catalana, aunque finalmente la adjudicación fue para una de las empresas de Hererro, que presentó un presupuesto de 100 euros menos.
Según la investigación del Juzgado de Barcelona, que se recoge en la exposición razonada del magistrado Eduardo de Porres dirigida al Congreso, hay indicios racionales de que durante los años 2013 a 2017, la ILC adjudicó a Heerro 18 contratos menores por importe total de 259.863 euros, de forma directa o indirecta a través de diferentes sociedades.
Además, se han encontrado indicios Borrás y Herrero habrían actuado de común acuerdo mediante el fraccionamiento ilegal de esos contratos y la falsificación de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas independientes.
«TRAPIS» Y FALSA APARIENCIA DE TRANSPARENCIA
Así, el amigo de Borràs aportaba al procedimiento de adjudicación tres presupuestos de los que algunos eran falsos o simulados, al no ser realizados por las entidades ni por las personas físicas indicadas y que además incluían conceptos o importes adecuados para que fuera él quien resultara adjudicatario, bien directamente o bien a través de las entidades investigadas, muchas de ellas cooperativas.
Así lo explica de forma pormenorizada la exposición razonada de Porres, que se extiende a lo largo de 66 páginas que detallan de forma pormenorizada cada uno de los contratos y la intervención de las empresas implicadas.
Todo ello se acredita con el testimonio de varios testigos y con el análisis de una serie de correos electrónicos intercambiados entre los dos investigados y otros empresarios implicados, que permiten al instructor afirmar que hay indicios de delito cometidos por Borràs. Uno de ellos es el de 28 de febrero de 2013 en el que la dirigente de JxCat le pide al informático que le pase los presupuestos del ‘Portal de las Letras Catalanas’ para mirarlos «conjuntamente» y hacer «los retoques que sean necesarios».
El hecho mismo de falsear los presupuestos presentados, según señala Porres, «permite concluir que ha existido un claro perjuicio para el erario público al resultar imposible determinar el trabajo realmente realizado y su valor económico, en base a unos conceptos e importes inventados y que finalmente se trasladaban a las facturas presentadas al cobro, directamente e indirectamente por Isaías Herrero», añade la exposición del Supremo.
También reproduce los e-mail enviados el 18 y 19 de julio de 2015 en el que Herrero pregunta si ocurre algo con las facturas y Borràs contesta que «hay que hacer tres presupuestos por cada una, pero que no sufra porque el dinero lo tiene reservado y es para esto».
En otros mensajes cruzados entre el 27 y 28 de febrero de 2017 Herrero explica que ya tiene hechos dos de los tres presupuestos y que el «el del portal» lo ha elaborado «contemplando los 40.000 euros, siendo a la hora de facturar cuando se harán las pertinentes particiones de no más de 18.000 euros».
En este momento, Borràs indica que «el presupuesto tiene que quedar detallado como si fueran profesionales independientes para los totales que no pueden superar, como ya sabe, los 18.000 euros más IVA».
Otra de las conversaciones que se tienen en cuenta es en la que Herrero reconoce a su socio, en noviembre de 2017, que «con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la Cooperativa, yo facturo unos trapis por allí», en alusión al ILC y que tiene que hacer «dos presupuestos buenos y cuatro no buenos…». Además, manifiesta que la situación cambiaría en cuanto Borràs dejara la institución.
