La purga que ha iniciado el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ha complicado la vida al Gobierno. El PSOE se ha enfrentado con la Guardia Civil, con partidos políticos, con periodistas, con fiscales y también con algunos jueces, ya que hay importantes grupos en estos sectores que directamente han pedido la dimisión del ministro. Pese a que la decisión que motivó la purga en el cuerpo chocaba con el criterio de algunos magistrados, Marlaska ha huido hacia adelante. Y tanto él como su compañero y ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se han visto obligados a cerrar filas en torno al partido y evitar salir en defensa de sus antiguos compañeros: los jueces.
Marlaska dio el pistoletazo de salida a la purga en la Guardia Civil con el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos tras conocer que éste había elaborado un informe que buscaba conexiones entre las protestas del 8M y el número de infectados para acreditar que el Gobierno era responsable de agravar la pandemia. Tanto Campo como Grande-Marlaska saben perfectamente que la policía solo tenía obligación de informar a la magistrada que instruye el caso, pero el hecho de que de los Cobos no hubiera comunicado al ministro su investigación fue suficiente para que Marlaska le cesara, tal y como se desprende de un documento filtrado.
Pese a lo irregular de la situación, ya que tanto Campo como Marlaska son conscientes de esta realidad, ambos han preferido cerrar filas en torno al partido. Se han escudado con los colores del PSOE y han ignorado lo que ya saben: que el policía obró en todo momento bajo órdenes de la jueza, a pesar de que el informe que había elaborado de los Cobos era bastante chapucero.
La línea de defensa socialista ha pasado a una nueva dimensión y ahora directamente tachan a todos los policías que Marlaska ha cesado como «policía patriótica del PP». Sin embargo, muchos dentro de la oposición apuntan a que si tanto el ministro de Interior como el de Justicia mantuvieran sus puestos como magistrados, hubieran adoptado un discurso muy diferente. Tanto, que incluso podrían haber cerrado filas ante lo que es uan realidad: que en una investigación judicial, los policías solo responden ante el juez que instruye el caso.
Ahora se conoce que Marlaska también cesó en enero de 2020 al anterior director general de la Guardia Civil, Féliz Azón, por no informarle de un caso contra los comités de defensa de la república (CDR), tal y como ha desvelado en exclusiva El Confidencial. Algo que arroja más leña al fuego sobre la idea de que el titular de que el socialista rige el ministerio del Interior con puño de hierro y todos sus movimientos y ceses pasan por buscar fidelidad absoluta en la cúpula de los cuerpos de seguridad del Estado.
Hay asociaciones de jueces y de fiscales que han levantado la voz contra el Gobierno y contra las decisiones de Marlaska. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) fueron los primeros en estallar contra las decisiones del ministro del Interior. Pero a Marlaska poco le ha importado enfrentarse con sus antiguos compañeros de profesión. Al igual que a Campo, ya que ambos están defendiendo al partido frente a los continuos ataques que les tachan de haberse entrometido en las competencias del poder judicial.
«¿Dónde está la injerencia en el poder judicial?», se ha preguntado el ministro de Justicia. Pero siempre cerrando filas en torno al PSOE. Ambos han asumido el rol que les corresponde como diputados y miembros de partido y han dejado atrás su pasado como magistrados. Aunque ello les haya llevado a enfrentarse con algunas asociaciones judiciales.
