La Guardia Civil, en su campaña de inspecciones sobre las explotaciones agrícolas, ha detenido a tres personas, dos en la localidad de Hormilleja (La Rioja) y una en la localidad de Fraga (Huesca), por delitos contra los derechos de los trabajadores.
En la localidad riojana de Hormilleja han sido detenidos un hombre y una mujer, de 41 y 42 años, naturales de Portugal, como presuntos autores en diferentes grados de participación, de un delito contra el derecho de los trabajadores y otro de lesiones.
Los detenidos captaban y trasladaban hasta La Rioja, mediante el engaño y abuso de situación de precariedad, a ciudadanos de diferentes nacionalidades y en riesgo de exclusión social, con el único fin de explotarlos laboralmente como temporeros en las diferentes campañas agrícolas.
Los investigadores tuvieron conocimiento de la situación de extrema precariedad que estaban pasando personas de 48 y 32 años, naturales de Brasil y Rumanía, que residían en el sótano de la vivienda de sus patronos en condiciones precarias e insalubres, sufriendo amenazas y en ocasiones agresiones físicas, agravándose su situación desde el inicio del estado de alarma al no poder trabajar ni cobrar salario alguno, teniendo que alimentarse de las sobras de comida que dejaban sus patronos, o las ayudas de vecinos y servicios sociales.
Los detenidos habían captado sus víctimas en Madrid, mediante el engaño y la falsa promesa de un trabajo digno en La Rioja, con buen salario, seguro médico, alojamiento y manutención. Una vez en La Rioja estos trabajadores sufrían descuentos desorbitados por el alojamiento y la manutención, y en ocasiones no recibían salario alguno por su trabajo.
OPERACIÓN LUMEA
En Fraga (Huesca) de la Guardia Civil junto con personal de la Inspección de Trabajo y Seguridad, llevaron a cabo varias inspecciones en explotaciones agrícolas al objeto de supervisar supuestas irregularidades cometidas en la contratación de temporeros para la campaña de recolección de la fruta.
El empresario detenido tenía varias fincas arrendadas en la zona de Fraga y contrataba personal para la recogida de fruta, aprovechándose de su situación irregular y la necesidad económica de estas personas que se habían desplazado a la localidad en busca de trabajo.
La situación de los contratados era muy vulnerable ya que algunos de ellos incluso pernoctaban a la intemperie y se les ofrecía dinero por trabajar en la campaña de recolección de fruta sin formalizar ningún tipo de contrato.
Llegado el momento de abonarles el salario acordado, el detenido retrasaba el pago, por lo que los empleados cansados de la situación y no pudiendo subsistir sin ningún ingreso, acababan dejando el trabajo sin llegar a cobrar y buscaban otros empleos.
El empresario aprovechaba que los propios trabajadores le informaban de que carecían de la documentación necesaria para trabajar en España, lo que hacía poco probable que denunciasen las irregularidades ante las autoridades, para no darlos de alta en la seguridad social, no formalizar ningún contrato, además de obligarles a superar la jornada laboral y no les facilitó ningún tipo de medida de protección frente al COVID-19.
Hasta el momento han sido localizadas diez víctimas de este empresario.
