La Audiencia Nacional reanuda este lunes el juicio contra Ausbanc y Manos Limpias

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional retomará este lunes el juicio contra Ausbanc y el sindicato Manos Limpias, que se interrumpió por la pandemia de coronavirus cuando acababa de empezar y se encontraba en pleno interrogatorio de la Fiscalía al que fuera presidente de la asociación de usuarios de banca Luis Pineda.

Tras levantarse la suspensión de los plazos procesales y reanudarse la actividad judicial, el tribunal acordó que se reanuden las sesiones de este macrojuicio y fijó como primeros días el 22 y el 23 de junio, ambos en sesiones de tarde a partir de las 16.00 horas, a los que seguirán el 20 y 21 de julio. La vista oral tendrá de nuevo lugar en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, reservada para juicios multitudinarios.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para Pineda 118 años y 5 meses de cárcel y para el secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, 24 años y 10 meses, al acusarles de delitos de organización criminal y extorsión, a lo que en el caso del primero añade estafa y blanqueo de capitales y le pide una multa de 10 millones de euros.

Para la que fuera abogada de la acusación popular en el ‘caso Nóos’, Virginia López Negrete, el Ministerio Público solicita 11 años y 11 meses de cárcel por organización criminal y extorsión. El fiscal, que además reclama la disolución de todas las sociedades vinculadas a Ausbanc y Manos Limpias, dirige su acusación contra siete personas más, para los que solicita penas que oscilan entre los 16 y los 66 años de prisión.

Este juicio mantuvo su celebración hasta el 13 de marzo, un día antes del decreto de estado de alarma. Los magistrados decidieron ese día suspender la sesión debido a que uno de los acusados, el que fuera tesorero de Ausbanc Alfonso Solé, comentó que su pareja había dado positivo en coronavirus, pese a lo cual él se presentó en la sala.

Ahora se retomará la vista oral justo un día después de que España haya retomado la normalidad y haya salido del estado de alarma. Para ello, el tribunal mandata citar a los acusados, sus abogados y a los testigos y peritos.

AMENAZAS, SUBVENCIONES Y CUOTAS

El fiscal José Perals detalla en su escrito de acusación cómo el principal acusado, Pineda, ideó la creación de una asociación «sin finalidad de lucro» que denominó Ausbanc pero que en realidad buscaba el enriquecimiento ilícito personal a través de tres canales principalmente: las cantidades que bancos y empresas pagaron ante las amenazas de realizar campañas públicas de desprestigio, las provenientes de subvenciones y las cuotas de los asociados adheridos –quienes además no podían participar en la toma de decisiones de Ausbanc–.

El Ministerio Público establece una estructura de la organización en cuya cúspide sitúa a Pineda por ser el encargado de buscar financiación y ocultarla bajo presuntos convenios publicitarios a cambio de publicidad favorable en sus revistas.

También la conseguía negociando con entidades bancarias a cambio de no presentar potenciales demandas contra las mismas. Estas actuaciones contaron desde 2012 con el beneplácito del entonces secretario general del sindicato Manos Limpias.

La actividad de Ausbanc y Manos Limpias se ha podido concretar en la estrategia que usaron Pineda y Bernad para intentar negociar la retirada de la acusación contra la Infanta Cristina en el ‘caso Nóos’ a cambio de un acuerdo que les beneficiara económicamente, presionando para ello al entorno de la defensa jurídica de la hermana del Rey.

Según el Ministerio Público, de toda esta estrategia era conocedora la abogada López Negrete, quien «seguía las instrucciones que le daba Bernad y enviaba la información que obtenía del caso a Pineda» y a otra de las imputadas, Rosa Isabel Aparicio.

EXTORSIÓN EN EL CASO DE LOS ERE

Este tipo de estrategia también fue empleada por Pineda y Bernad en otros casos como en la acusación de Manos Limpias en el caso de los falsos ERE de Andalucía, en concreto la extorsión a Unicaja para archivar el procedimiento contra su presidente, Braulio Medel, la presión ejercida al Banco Sabadell, a Volkswagen en el caso del trucaje de los motores diesel de sus vehículos, al Banco Santander y a La Caixa.

Según el relato de los hechos, la red consiguió un total de 808.000 euros entre los años 2003 y 2007 de BBVA, que acabó rompiendo el contrato con la asociación en 2012. Un año después comenzaron las noticias negativas contra la entidad que presidía entonces Francisco González relacionadas con la investigación del caso ‘Nóos’. En concreto los principales acusados junto con López Negrete buscaron la imputación en la causa del jefe de Responsabilidad y Reputación Corporativa de BBVA Antonio Ballabriga.

Dinámica similar se puso en marcha con Caja Madrid cuando tras la resolución del contrato iniciaron una campaña mediática y judicial contra su entonces presidente, el fallecido Miguel Blesa, personándose en la causa instruida en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid por la concesión de un crédito de 2,6 millones de euros de la caja al empresario Gerardo Díaz Ferrán. También sufrieron campañas negativas Crédit Services y Novagalicia Banco, que se negó a abonar un pago de 300.000 euros.

Sumados a estos, se dieron casos en los que los acusados iniciaron campañas negativas por motivos personales contra el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, o contra el subsecretario de Sanidad en época de Elena Salgado, Fernando Puig de La Bellacasa.

Igualmente, el Ministerio Público menciona en el escrito de acusación los litigios de Ausbanc contra Bankia, Gas Natural, Caja España, Banco Mare Nóstrum, Liberbank, Unicaja (que llegó a pagar más de un millón de euros a Pineda), Nissan, Barclays Bank, Caja Castilla La Mancha, CAM y Europistas, la empresa concesionaria de la autopista de peaje AP-1, Burgos-Armiñón y Banc March, entre otras.

El dinero recaudado se destinaba también a una serie de sociedades vinculadas a Ausbanc mediante facturas falsas y con el que se adquirieron bienes inmuebles. El fiscal destaca más de una decena de empresas y entidades mercantiles, algunas fuera de España, en cuyos puestos de dirección figuraban gran parte de los acusados.

BBVA, RTVA Y CAIXA GERAL SE RETIRARON

Antes del comienzo del juicio se retiraron de la acusación RTVA, BBVA y Caixa Geral. Radio Televisión de Andalucía y Canal Sur Radio y Televisión comunicó a la Audiencia Nacional que se retiraba del procedimiento contra Ausbanc y su presidente en el que participaba en calidad de actor civil perjudicado, si bien señaló que se reservaba la opción de reclamar por vía civil llegado el caso.

Por su parte, el BBVA renunció a participar como acusación particular en julio de 2019 al entender que su presencia no aportaba «nada en el estado final del juicio» e incluso podía llegar a «dificultar el proceso».

Caixa Geral, también personada en calidad de acusación, renunció un mes después de que lo hiciera BBVA. En su escrito ante la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional la entidad instaba no obstante a Fiscalía a seguir «sosteniendo las acciones penales y civiles en reclamación de la indemnización que a esta parte corresponda».