La Generalitat Valenciana ha destacado que ha estado suministrando los datos sobre personas fallecidas en residencias a causa de la Covid-19 «de manera puntual y conforme a los criterios que ha ido marcando el Ministerio de Sanidad» a lo largo de la pandemia.
Este martes, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha lamentado el abandono del sistema sanitario público y del Ministerio de Sanidad a tenor de un informe presentado por este a las comunidades autónomas en las que se reconoce que los datos de muertes en residencias no permiten su difusión.
Fuentes de la administración autonómica valenciana han recalcado a Europa Press que la Generalitat ha proporcionado la información «puntualmente» y siguiendo los criterios que se han ido determinando desde el Ministerio.
De hecho, se han ofrecido ruedas de prensa diarias para informar de los datos de la evolución del coronavirus en la Comunitat Valenciana y, «de la misma manera», se ha remitido «puntualmente» al Ministerio, han incidido las mismas fuentes.
En el informe, el Ministerio de Sanidad reconoce, según la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, las dificultades del sistema de información que marcó como obligatorio a través de la Orden SND/275/2020 de 23 de marzo, por la que obligaba a las comunidades autónomas a suministrar los datos relacionados con la evolución de la epidemia en las residencias. «La inconsistencia de los datos así obtenidos es tal que el propio Ministerio concluye que difícilmente puedan ser objeto de difusión», sostienen n los directores.
En este documento, con resumen de datos hasta el 20 de junio, se concreta la cifra de 27.350 fallecimientos en residencias de los cuales, en 9.003 casos (32,9% de los fallecidos) se tiene la certeza de fallecimiento por Covid, en 9.830 se detectó sintomatología COVID pero no se llegó a confirmar (35,9%) y el resto (31,2%) se atribuyen a otras causas. En el mismo documento, se especifica que el número total de centros sobre los que se comunica su intervención, fue de 391 (5%) que acogían, en ese momento, a 31.406 residentes.
Los directores de Servicios Sociales sostienen que en el documento, hay «fechas incoherentes en el envío de la información, informes de centros intervenidos que no especifican las causas de la intervención, informes con ausencias de datos respecto de las causas de fallecimiento de residentes, errores en la suma de residentes en centros intervenidos, discrepancia de datos evolutivos... Incluso una comunidad no ha enviado los datos ni una sola vez».
