El PSOE y Unidas Podemos siguen sin manifestarse en un tema que poco a poco se ha vuelto a convertir en objeto de debate. La ocupación ilegal de viviendas ha crecido cada año en España. Los datos policiales resaltan que desde 2013 este fenómeno no ha hecho más que crecer. Ese año fueron 7.739 los casos denunciados; y en 2018 ya hablamos de 12.214. Ahora, con el vídeo de una okupa que directamente le decía a los propietarios que hablaran con su abogado el tema se ha vuelto a poner sobre la mesa y el PSOE y Unidas Podemos siguen sin responder. La clave, según detallan fuentes del Gobierno, es que es un tema sensible del que se pueden beneficiar los fondos buitre y los bancos que posean inmuebles con inquilinos que ya no puedan pagar el alquiler.
Los socialistas y miembros de Unidas Podemos estudiarlo y, sobretodo, evitar casos de abuso. Si después de que la exalcaldesa de la capital Ana Botella hubiera vendido al fondo buitre Blackstone las viviendas de protección oficial hubiera habido una ley express que permitiera expulsar a los okupas de forma rápida y sin contemplaciones, el daño a estos inquilinos hubiera sido mayor. Este ejemplo es el que se detalla desde ambas formaciones para ilustrar que reformar la ley que regula la ocupación ilegal de viviendas es un arma de doble filo.
Los bancos y los fondos buitre están ansiosos porque se aborde una reforma más cercana a las opiniones de Vox. Cuando el presidente del partido, Santiago Abascal, asegura que hay que echar «de una patada en el culo» a los okupas se fija en casos particulares que, obviamente, indignan a toda la opinión pública. Sin embargo, desde Podemos especialmente, no quieren que se deje en un segundo plano las consecuencias que podría tener reformar la ley sin tener en cuenta que hay muchos grandes fondos de inversión que se apropian de viviendas en las que ya viven inquilinos y, tras subirles el alquiler, les muestran la puerta de salida de forma forzosa.
Es un tema sensible, complicado, que desde PP y Vox ven con meridiana claridad. Es por esto que hasta el momento y en plena crisis tanto Podemos como el PSOE entienden que no es el momento de debatir sobre este asunto. Sin embargo, desde las formaciones conservadores aseguran que ahora, en plena crisis, es probable que sigan en aumento los casos de okupación, una lacra que afecta a muchos particulares.
ENTRE DELINCUENTES
El problema actual es que la ley es muy laxa. Si el propietario se percata del momento en el que se ha producido la okupación de su casa, lo tiene fácil. Si llama a la policía en las primeras 48 horas los agentes podrán echarle sin orden judicial. El problema llega cuando se pasa ese periodo de tiempo y cambian la cerradura, algo que ya conocen los que suelen usurpar viviendas y aplican con rigurosidad.
El Partido Popular ya propuso un proyecto de ley que buscaba poder echar a los okupas en cuestión de 24 horas. Al mismo tiempo, se contemplaba endurecer las penas por este tipo de delito y alejarse de la multa que se impone con la ley actual (ya que es considerado una falta) e imponer penas de prisión de hasta tres años de cárcel, además de las sanciones económicas.
El caso es que ahora si un okupa entre en una casa, cambia la cerradura y se apalanca durante 48 horas, los procesos judiciales pueden prolongarse hasta dos años, con el consiguiente desgaste y coste económico. Al mismo tiempo, cuando el propietario recupera la vivienda lo suele hacer en condiciones deplorables y tiene que hacer frente a los costes de la reparación. Como pidan una pizza a domicilio, el pescado ya está vendido y tienen por delante dos largos años de procesos judiciales para disfrutar de la vivienda, eso sí, con el propietario pagando sus correspondientes impuestos.
