La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, está revisando su programa de desradicalización yihadista que calcula puede ser susceptible de aplicarse a una población reclusa de 243 internos, de los que 50 sitúa como «líderes» con capacidad de captar a futuros terroristas. El objetivo es introducir nuevos indicadores para prevenir la radicalización de los internos.
«Sin lugar a dudas la prisión puede ser un lugar adecuado para captar a personas que entraron sin ser terroristas y que pueden salir siendo terroristas. Nos preocupa, pero ha hecho que nos hayamos esforzados en evitar esas situaciones», ha comentado el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, en una entrevista.
Según los datos de la institución, España tiene en prisión en estos momentos a 117 condenados por terrorismo yihadista, a los que habría que sumar los preventivos, entre ellos los tres detenidos y pendientes de juicio por los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017, hace ahora tres años.
«Lo que ocurre es que desde hace ya algunos años el tratamiento que se hace a este fenómeno ha dado lugar a que, además del seguimiento y control de esos 117 condenados, también en prisión se trate de profundizar en aquellas personas privadas de libertad que puedan hacer labores de captación dentro de prisión», ha indicado Ortiz.
En ese sentido, ha señalado que existe un grupo cifrado en 50 reclusos que pueden ser «personas con capacidad de liderazgo para aglutinar a otros presos en principio sin ideología yihadista». «Además», continúa Ortiz, «nos preocupa también que otras personas, ingresando con otros delitos que no tienen nada que ver con terrorismo, puedan ser susceptibles de ser captados, esos son también 76».
«En definitiva, la suma actual sobre la que estamos trabajando es de 243 personas en relación con este fenómeno yihadista«, ha reconocido Ortiz antes de apuntar al programa de desradicalización para erradicar esta problemática, aunque depende como otros de la «voluntariedad» del preso. El programa, dice, está siendo objeto de revisión «sobre todo para detectar nuevos indicadores de radicalización».
Dicha revisión se está llevando a cabo en colaboración con la Secretaría de Estado de Seguridad, con la Universidad Autónoma y con el Instituto de Ciencias Forenses de la Seguridad. «Lo que estamos haciendo es revisar nuestro programa, nuestra forma de actuación, para ser mejores», ha defendido.
Este trabajo penitenciario es una referencia en el contexto europeo, según apunta Ortiz, que recuerda que técnicos de la administración española fueran requeridos para elaborar un programa de formación en la materia celebrado en Turquía, lo que interpreta como que se está trabajando «en la línea correcta» al tomar decisiones como evitar que presos con condenas por yihadismo convivan en los mismos centros.
