El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso interpuesto por más de 50 senadores del PP contra el decreto de la Comunitat Valenciana para la ampliación de la vivienda pública mediante los derechos de tanteo y retracto, según consta en el escrito.
En concreto, el tribunal ordena dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, así como a Les Corts y al Consell de la Generalitat para que puedan personarse y formular las alegaciones que consideren convenientes.
El PP recurrió el decreto al considerar que invade competencias exclusivas del Estado y que significa la «expropiación de un derecho fundamental» como es la propiedad privada.
El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, explicó al respecto que se trata de «una decisión arbitraria» del Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra que «atenta contra la propiedad privada» y aseveró que «cada vez que los socialistas, Podemos y Compromís van de la mano, siempre se ataca la propiedad privada de la gente».
Por su parte, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, argumentó que con este decreto de tanteo y retracto «la administración puede quedarse con viviendas libres y protegidas durante toda la vida y que hayan sido adquiridas por una ejecución hipotecaria, dación en pago o un reconocimiento extrajudicial». Supone, advirtió, «la expropiación de un derecho fundamental, la propiedad, y es inconstitucional porque invade competencias que son del Estado en exclusiva».
«Además, no solo afecta a las compraventas de inmuebles, también a la venta de acciones e inmuebles adscritas a actividades económicas. Supone burocratizar, paralizar inversión, no dar seguridad jurídica a los inversores y condenar a aquellos que quieren comprar y vender a estar supeditados a que la Generalitat tenga a bien ejercer su derecho al tanteo y retracto», añadió.
