El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) acudirá este martes, 13 de octubre, al Congreso a reclamar, por tercera vez en cinco años, un copago más justo para los beneficiarios del sistema de Dependencia.
Fue en 2015 cuando la organización consiguió unas 740.000 firmas para presentar en la Cámara baja una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en la que reclaman que la capacidad económica del beneficiario, el patrimonio, la edad o el momento vital de aparición de la situación de dependencia se tenga en cuenta para la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas.
También quiere dejar exentos de copago a aquellos beneficiarios cuya capacidad económica personal no supere en 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 1.331 euros al mes; que la participación en el coste de los servicios supere el 60 por ciento, y que se garantice al menos una cantidad mínima para gastos personales no inferior al del 40 por ciento del IPREM correspondiente, es decir, de su capacidad económica.
Con esta medida quieren evitar que personas dependientes sean expulsadas del sistema por no poder afrontar este copago que, según ha indicado el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, en algunas comunidades autónomas es «elevadísimo» para las rentas y pensiones de este colectivo.
Pérez Bueno ha explicado que en algunos casos este copago está siendo «un elemento disuasorio» para las personas dependientes, cuando el servicio «se proclama como un derecho».
UN SISTEMA EN PEOR SITUACIÓN QUE EN 2015
Con una normativa estatal en este sentido, señala, las comunidades autónomas podrán después «mejorar» esta medida, o incluso «declarar la gratuidad», pero no podrán «salirse» de unas «líneas básicas» que debe cumplir todo el territorio nacional.
Pérez Bueno ha destacado la importancia de esta medida que, si ya lo era en 2015, ahora es más porque, según ha indicado, el sistema está «peor» que entonces.
CERMI impulsó esta ILP hace cinco años y la presentó en el Congreso donde consiguió ser tomada en consideración en el Pleno. «La inestabilidad política y la disolución de las cámaras ha impedido que se tramite», ha lamentado el presidente de la organización, quien ha señalado que es «la tercera vez» que va a defender este texto ante el Parlamento.
«En cinco años, el Parlamento no ha atendido ni tramitado esta demanda, absolutamente masiva de ciudadanos españoles, que ven con decepción que una demanda que se hace a través del mecanismo constitucional que tiene la ciudadanía no tiene respuesta», ha criticado Pérez Bueno.
«FRUSTRACIÓN» Y «ESTAFA»
«No deja de suponer un sentimiento de frustración y estafa hacia quienes confían en este mecanismo de participación política», ha añadido.
Este será el reproche que Pérez Bueno hará a los diputados de la Comisión de Sanidad y Consumo, durante su comparecencia del martes, según ha explicado.
Tras escucharle, los grupos presentes en el órgano deberán fijar su posición para cuando el texto pase a su debate en el Pleno del Congreso y se vote su toma en consideración. Si logra un apoyo mayoritario, comenzaría, por tercera vez, su tramitación en la Cámara baja.
