El Tribunal Supremo ultima su sentencia sobre la primera época de la trama Gürtel, que declaró al PP partícipe a título lucrativo de las actividades de la red corrupta liderada por Francisco Correa y que incluyó argumentos jurídicos sobre la existencia de una caja ‘b’ en el partido que fueron los que, en último término, provocaron la moción de censura que costó a Mariano Rajoy la Presidencia del Gobierno.
La resolución podría ser notificada este miércoles aunque aún quedan flecos por resolver, señalan fuentes jurídicas, que precisan que en todo caso los más de 1.000 folios redactados por el alto tribunal no tardarán en conocerse más allá del próximo jueves. Las mismas fuentes señalan que habrá una segunda sentencia, lo que quiere decir que habrá alguna modificación en relación con la dictada en mayo de 2018 por la Audiencia Nacional.
La clave de la resolución, más allá de la confirmación o no de las condenas de los implicados -entre los que se encuentra el extesorero del PP Luis Bárcenas– está en dos cuestiones que afectan al principal partido de la oposición: la sentencia deberá aclarar si mantiene que el PP se lucró con Gürtel y también si toca las frases atribuidas al magistrado progresista José Ricardo de Prada que dieron por sentada la existencia de una ‘caja B’ en el partido.
En concreto, el tribunal de Gürtel incluyó en su sentencia que la ‘caja B’ era «una estructura financiera y contable paralela a la oficial al menos desde 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Luis Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido».
La cuestión es si el tribunal respeta estos argumentos o por el contrario estima, como solicitaban varios de los recursos, que dichas expresiones supusieron una extralimitación teniendo en cuenta que constituyen el núcleo de otro procedimiento aún en instrucción en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en el caso denominado como de los «papeles de Bárcenas».
El diario digital El Español apuntaba este lunes que el tribunal se inclina por esta última interpretación, lo que aún a pesar de no tener consecuencia en las condenas tendría una importante trascendencia a nivel político.
Además, de confirmarse las condenas, la resolución supondrá que el Supremo ha rechazado los más de 400 motivos expuestos en los 42 recursos de los condenados –tanto personas físicas como jurídicas– y la Fiscalía.
De ser así se confirmarán las penas de cárcel impuestas a 29 de los 37 acusados en el juicio, entre ellos, al ‘cabecilla’ de la trama Gürtel, Francisco Correa, a 51 años y 11 meses de prisión y al que fuera su ‘número dos’, Pablo Crespo, a 37 años y medio de cárcel.
Se conocerá también si se confirma la pena de cárcel para el extesorero del PP Luis Bárcenas –en prisión provisional– a 33 años y 4 meses, y a una multa de 44 millones de euros; al mismo tiempo que se da firmeza a la condena al PP por haberse lucrado de los actos electorales de 2003 que sufragaron las empresas del grupo Correa en Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, donde se presentaban los exalcaldes Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda (también condenados), por lo que le obligó a pagar una multa de 245.000 euros como partícipe de los beneficios de la red corrupta.
La Audiencia Nacional dictó sentencia el 17 de mayo de 2018 en la que afirmó que en el juicio, que se celebró durante algo más de un año, quedó acreditado que entre 1999 y 2005 (primera época de Gürtel) se tejió entre el grupo de Correa y el PP una estructura de colaboración estable y consistente.
Una red que consistió en la prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, dentro de la normal actividad de dicho partido político en las comunidades de Madrid y Castilla y León, el ayuntamiento de la capital y de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón y en la localidad malagueña de Estepona.
La Sala de lo Penal de Supremo, que lleva meses deliberando sobre obre este asunto, está integrada por el magistrado Juan Ramón Berdugo, que es el presidente y ponente de la sentencia; Antonio del Moral, Andrés Palomo, Susana Polo y Eduardo de Porres.
LA MUJER DE BÁRCENAS PODRÍA ENTRAR EN PRISÓN
En la lista de condenados se encuentran la mujer del extesorero ‘popular’, Rosalía Iglesias, penada con 15 años y un mes de cárcel y que, de ver confirmada la condena podría entrar en prisión; así como la exministra de Sanidad y exmujer de Sepúlveda, Ana Mato, quien fue multada con 27.857 en la misma condición que el PP por beneficiarse de regalos, viajes y la organización de eventos familiares como cumpleaños y comuniones de sus hijos por parte de las empresas de Correa.
En su recursos, varias de las defensas solicitaron al Supremo la repetición del juicio pero con diferentes magistrados, pues reprochan que el tribunal que juzgó la Gürtel no tenía «apariencia de parcialidad», ya que De Prada, «coadyuvó» para el cambio de Gobierno a favor del PSOE con sus frases relativas a la ‘caja b’.
Añadían que la imparcialidad de este magistrado fue cuestionada con anterioridad por su «conocida amistad» con el ex juez Baltasar Garzón, primer instructor de la trama Gürtel, cuya actuación también fue puesta en duda por varios de los acusados.
La actuación en el juicio de otro de los magistrados de la Audiencia Nacional también sirvió a otras defensas para tratar de anular la condena de sus clientes, como la del que fuera secretario de Organización del PP en Galicia Pablo Crespo, que llegó a enviar un escrito a la Sala instando a que tenga en cuenta la investigación que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizó en su día al magistrado Julio de Diego por dormirse durante el juicio, aunque finalmente acordó no sancionarle.
