El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha acordado fijar el próximo 28 de octubre, a las 16.00 horas, para la celebración del Pleno extraordinario en el que se adoptará una postura institucional en relación con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) dirigida a modificar la mayoría parlamentaria necesaria para renovar este órgano.
La decisión se ha adoptado después de que un total de siete vocales del órgano de gobierno de los jueces que pidieron la semana pasada la celebración de un Pleno extraordinario para fijar la respuesta ante la reforma.
El aplazamiento de esta reunión, que se esperaba celebrar a principios de esta semana, ha sido adoptada «de conformidad con la totalidad de los solicitantes», según ha informado el CGPJ, y teniendo en cuenta «las dificultades que el actual estado de alarma vigente en Madrid entraña para cualquier desplazamiento».
Además, se cita a los vocales, la mayoría de los cuales ejercen sus funciones en otras comunidades, teniendo en cuenta que un día después, el 29, todos los vocales deben permanecer en Madrid para asistir al Pleno ordinario.
El escrito lo suscribieron siete vocales designados a propuesta del PP, que son José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Nuria Díaz Abad, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández., Juan Martínez Moya y María Ángeles Carmona; si bien otros vocales también creían necesario responder a los planes del gobierno en una sesión extraordinaria del Consejo.
Los citados vocales realizaron su al amparo del artículo 600.2 de la LOPJ, que señala que el CGPJ «deberá celebrarse sesión extraordinaria si lo considerare oportuno el Presidente o si lo solicitaren cinco vocales».
La reforma ha causado una fuerte respuesta tanto en la oposición como en el ámbito judicial, ya que todas las asociaciones excepto Jueces para la Democracia y también en ámbitos de la cúpula judicial se ha calificado incluso de inconstitucional el intento de acabar con la mayoría reforzada para designar a los vocales del CGPJ. A ello se añade el método parlamentario elegido, la propuesta de ley, que elude los informes preceptivos del propio CGPJ, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado.
