La mayoría de los grupos parlamentarios del Senado se han posicionado en contra de la moción presentada por Ciudadanos para acabar con el «privilegio» de los aforamientos políticos, ya sea por considerar que es solo un «parche» y debería abarcar otros aforamientos o por entender que no es el momento adecuado para abordar una reforma constitucional.
La moción, presentada el pasado 14 de octubre para su debate en sesión plenaria, insta al Gobierno a reformar los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución para eliminar los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Ejecutivo; y a las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas, a modificar sus respectivos estatutos para acabar con el aforamiento de sus diputados y de los integrantes de los gobiernos regionales.
Los ‘naranjas’ argumentan que el aforamiento es un «privilegio» que se sustancia en una quiebra del principio de igualdad ante la ley y en el derecho al juez natural y que, en el caso de los aforamientos políticos, «genera dudas sobre la imparcialidad e independencia del Poder Judicial». Además, sostienen que en España hay demasiados aforados políticos –más de 2.000– frente a los diez de Francia, uno en Portugal e Italia, o ninguno en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. «Se trata, pues, de una anomalía universal», dicen.
La portavoz de Cs en el Senado, Lorena Roldán, ha defendido igualmente durante la sesión plenaria de este miércoles que se trata de «un trato de favor que, además de ser injustificado, lo que hace es acrecentar la distancia entre representantes y representados», y en este sentido ha recordado recientes encuestas que reflejan que «los ciudadanos perciben a los políticos como un problema».
«Dejemos de ser un problema para España», ha dicho a sus señorías, instándoles a apoyar la moción. «Espero que por una vez todos nos pongamos del lado de la regeneración (democrática) y no del inmovilismo (político) y de los corruptos, sea quien sea y caiga quien caiga», ha exhortado.
Sin embargo, Roldán solo ha recabado el apoyo explícito del Grupo Mixto por boca del senador de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, que ha valorado la moción como una forma de profundizar «un principio fundamental en un Estado democrático, que es la igualdad de los ciudadanos ante la ley», si bien ha propuesto una enmienda para que la reforma constitucional se haga de manera «inmediata», la única enmienda aceptada.
A IMAGEN Y SEMEJANZA DE VENEZUELA
Desde el PP, la senadora Teresa Martín, ha adelantado su ‘no’ a la moción, alegando que «en la actualidad no se da el clima político que se necesita» para abordar una reforma constitucional. En su opinión, ahora hay que centrarse en la lucha contra el coronavirus y la reconstrucción posterior y en que hay «un Gobierno con una deriva autoritaria» que intenta «acabar por la puerta de atrás el régimen del 78.
«Sería peor que abrir la caja de Pandora», ha advertido. «No es el momento de reformar la Constitución, sino de ponerla en valor y defenderla de los ataques sistemáticos de los que esté siendo objeto por parte del Gobierno», ha sostenido. Para la ‘popular’, la Carta Magna es el principal «cortafuegos» para que «los socios de Sánchez no nos moldeen a la imagen y semejanza de su querida Venezuela».
El encargado de darle la réplica ha sido el senador socialista José Aurelio Aguilar, que ha reprochado al PP que lo que le preocupa no es el sistema de elección de los vocales del CGPJ, «porque cuando tenían mayoría absoluta lo renovaron sin ningún problema», sino que ya no tienen esa fuerza parlamentaria. «Asuman de una vez la realidad electoral y vuelvan a la senda del consenso constitucional», ha conminado.
LAS FOTOS DE COLÓN, POLONIA Y HUNGRÍA
Desde el grupo socialista, Estefanía Martín, ha coincidido con Roldán en que «los aforamientos son una figura anacrónica, anómala e injusta» que genera un sentimiento entre la ciudadanía de «desigualdad ante la justicia». No obstante, ha invitado a Ciudadanos sumarse a la propuesta que hicieron el PSOE y el propio Pedro Sánchez en su momento para una supresión limitada de los aforamientos políticos, de modo que solo se mantengan para los delitos cometidos en el ejercicio del cargo.
De acuerdo con Martín y con Aguilar, la razón de que el Gobierno del PSOE propusiera esa reforma parcial obedece a las recomendaciones del Consejo de Estado, conforme al cual –han citado– una supresión absoluta de los aforamientos políticos puede «distorsionar» el funcionamiento de los poderes del Estado porque en España existe la acción popular, una figura que no hay en otros ordenamientos jurídicos.
Tal insinuación ha desatado la indignación de la portavoz ‘naranja’ que ha calificado la enmienda socialista de «tomadura de pelo», esgrimiendo que si el aforamiento continúa para los delitos cometidos en el ejercicio del cargo ampara la corrupción. «Qué broma es esta», ha espetado. «No vamos a participar en ningún tipo de pasteleo en cuanto a regeneración democrática», ha remachado.
Martín y Roldán también se han cruzado reproches sobre el «tufo populista» de sus respectivas propuestas, reproches que se han convertido en un encontronazo dialéctico con la senadora de Adelante Andalucía María del Pilar González, que ha hablado por el grupo parlamentario de Izquierda Confederal. González ha señalado a la portavoz ‘naranja’ que la moción es «populista» en el sentido positivo del término, esto es, «la constatación de la desigualdad entre el pueblo y la élite».
Así, ha explicado que la Izquierda Confederal apoya el sentido de la moción, pero no el «discurso» de Roldán, que «se ha quedado en la foto de Colón». «Pues la Unión Europea dice que ustedes están en la foto con Hungría y Polonia, secuestrando al Poder Judicial. Sinceramente, no están ustedes para dar lecciones estos días», ha contestado, aludiendo a las críticas europeas a la reforma planteada por PSOE y Unidas Podemos en el Congreso para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Roldán ha descrito esta reforma como «un paso gigante en la dirección equivocada» porque, según ha sostenido, ahonda en la práctica de que «cuando un partido llega al poder empieza un proceso de parasitación y apropiación de unas instituciones que no son suyas, sino de todos los españoles, y eso produce desafección» hacia la clase política.
UNA MOCIÓN INSUFICIENTE
González ha afeado asimismo a Ciudadanos que, de los más de 250.000 aforamientos que hay en España, de los cuales más de 2.000 corresponden a políticos, solo proponga eliminar estos últimos, dejando fuera los de las fuerzas de seguridades estatales y autonómicas, jueces y fiscales y la Casa Real. «¿Claro que queremos hablar de la supresión de los aforamientos pero tenemos que empezar por los elegidos democráticamente?», ha cuestionado.
En la misma línea se ha pronunciado Idurre Bideguren, senadora del grupo parlamentario de ERC y Bildu. «Estamos a favor de suprimir los aforamientos pero todos los aforamientos, para que todos seamos iguales ante la ley», ha planteado, mencionando específicamente la «inasumible» impunidad del Rey. Por ello, ha considerado que la iniciativa ‘naranja’ «es un paso pero no deja de ser un parche».
Imanol Landa, del PNV, ha avanzado igualmente su rechazo al ver desestimada su enmienda para acabar también con los demás aforamientos. A su juicio, es «inexplicable» que Ciudadanos pretenda acabar con los de senadores, diputados y miembros del Gobierno y sus pares autonómicos, «amparados por las normas más relevantes del ordenamiento jurídico: La Constitución y los estatutos de autonomía», y pretenda mantener los demás, que vienen de normas menores. «No nos dejaremos llevar por postureos mediáticos», ha zanjado.
