Unidas Podemos ha registrado este viernes una iniciativa en varios parlamentos autonómicos y ayuntamientos (como el caso de la Comunidad de Madrid, Cataluña, Extremadura y Murcia) que solicita la ampliación de las medidas de regulación de las casas de apuestas, de cara a proteger a la población de la «desigualdad» y el «problema de salud pública» que generan estos negocios.
Las iniciativas registradas, que se despliegan en una Proposición No de Ley (PNL) a nivel autonómico y una moción en el plano municipal, recogen medidas como la limitación de concesiones de nuevas autorizaciones de juego para casas de apuestas presenciales en función de la tasa de población.
También demanda el establecimiento de una distancia mínima entre casas de apuestas y ciertas zonas consideradas «de riesgo», como centros educativos, centros de rehabilitación y hospitales, junto al refuerzo de las inspecciones en estos establecimientos para controlar la entrada de menores.
LAS CCAA DEBEN IMPLICARSE
En el marco de la prevención, se pide a las instituciones públicas que impulsen «centros sociales autogestionados por la juventud» para garantizar el derecho al ocio «digno y accesible» a todos los jóvenes, así como la planificación de actividades informativas en centros estudiantiles para informar del riesgo que suponen el juego y las apuestas.
En Unidas Podemos explican que, si bien el Ministerio de Consumo que lidera Alberto Garzón ya ha llevado a cabo medidas «importantes en la regulación de la publicidad de las casas de apuestas», es «necesario» que las comunidades autónomas y los ayuntamientos se «impliquen y actualicen las normativas en el marco de sus competencias a los tiempos actuales».
Esta acción conjunta en los territorios ha sido impulsada desde las organizaciones juveniles Rebeldía y Jóvenes IU con el objetivo de frenar la proliferación de las casas de apuestas en los barrios y sus consecuencias para la salud y la economía de los vecinos, algo que reclaman desde hace tiempo movimientos sociales y vecinales.
IMPACTO EN LOS JÓVENES
En este sentido, el coportavoz de Infancia y Ocio de Jóvenes IU,Dani Yoldi, ha asegurado que las casas de apuestas «son una lacra para la juventud y para la clase trabajadora» y que el 25 por ciento de los jugadores tiene «algún problema de ludopatía».
Por su parte, la portavoz de la organización Rebeldía, Diana Peinado, ha subrayado que «ahora es el turno de las CCAA» para implementar «una batería de medidas» que lleguen a los ámbitos donde el Ministerio no tiene competencias.
Alberto Garzón explicó recientemente que, en 2019, el 40 por ciento de los nuevos jugadores de apuestas tenía menos de 26 años, un dato que consideró alarmante.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 3 de noviembre el decreto de Comunicaciones Comerciales de las actividades del juego, que regula la publicidad del juego y las apuestas ‘online’. Su imcumplimiento contempla multas de hasta un millón de euros y la suspensión de la actividad empresarial.
DECRETO MADRILEÑO
Mientras, la Comunidad de Madrid aprobó en febrero el decreto de suspensión de concesión de nuevas autorizaciones de apertura de establecimientos de juegos colectivos de dinero y azar, salones de juego y locales específicos de apuestas en la región.
Pauta, por ejemplo, el control físico de acceso en estos establecimientos y medidas de inspección para velar por la prohibición de menores y de personas inscritas en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego.
La suspensión de autorizaciones es una medida transitoria hasta que vea luz verde la modificación de la Ley del Juego Regional y el decreto de planificación del sector.
