El Defensor del Pueblo ha pedido que «se facilite una despedida» al menos de un grupo reducido de familiares en residencias durante la pandemia, tras recibir «muchas» quejas estos meses de personas afectadas por no haber podido despedirse de sus seres queridos.
«Llama mucha gente y lo dice: ‘No hemos podido despedirnos’. Escucharlo es francamente duro», ha asegurado el Defensor del Pueblo en funciones Francisco Fernández Marugán, este jueves 26 de noviembre durante su intervención en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo en el Congreso de los Diputados.
El Defensor del Pueblo ha indicado que las «carencias» en las residencias ya se producían desde antes de la pandemia que, cuando llega, «desborda» la situación: «insuficiencia de medios, carencia en la asistencia sanitaria, falta de información y transparencia, y problemas de derivación a los hospitales».
Entre las recomendaciones, Fernández Marugán ha sugerido que se replantee la «prohibición absoluta» de salidas de mayores de las residencias pues puede resultar «desproporcionada», así como la restricción total de visitas de familiares. «Nos lo cuentan: ‘No nos han dejado ir, se ha muerto sin que lo veamos. Es una situación espantosa», ha señalado el Defensor del Pueblo.
En esta línea, la institución ha propuesto a las comunidades autónomas que permitan a los mayores no contagiados volver a casa de sus familiares, aunque sea temporalmente, sin perder la plaza.
Para el Defensor del Pueblo, las residencias de mayores en España han sido «un caldo de cultivo» para la propagación del coronavirus y, por ello, ha indicado que hay que hacer «un esfuerzo enorme» y ha advertido de que en algunos centros no existe «el nivel de información» que debería.
En cuanto a la actuación política, Fernández Marugán considera que «el virus ha ido por delante de la acción administrativa» pues los primeros protocolos de las autoridades «no consiguieron atajar el brote porque llegaron cuando el coronavirus ya estaba en las residencias».
Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha denunciado que no fue «ético ni legal» excluir a los mayores de residencias de la atención hospitalaria. «Nadie por razón de edad, discapacidad o grado de dependencia debe ser excluido de atención clínica. Nadie. Hacer lo contrario no es ético ni legal», ha enfatizado.
A su juicio, es necesario «un cambio cualitativo» en el modelo residencial en España, con «entornos más pequeños» que garanticen una «mayor calidad de vida». También sugiere incrementar la capacidad inspectora y revisar las ratios de personal.
