La Xunta de Galicia ultima una ley pionera contra el acoso digital con testimonios de víctimas

La conselleira de Política Social e Igualdade recaba el testimonio de una menor y su madre para dar forma a la primera ley autonómica contra la violencia digital. La norma, que se espera aprobar antes de fin de año, incluirá servicios gratuitos de asesoramiento y apoyo psicológic

La Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego) recaba testimonios de víctimas de violencia digital para impulsar la primera ley autonómica contra el acoso en internet.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, se ha reunido con una madre y su hija menor que sufrió difusión de imágenes íntimas para recoger aportaciones a la futura Ley de Violencia y Acoso Digital.
  • ¿Quién está detrás? La Xunta de Galicia, gobernada por el PPdeG con mayoría absoluta, impulsa una norma que aspira a ser pionera en España.
  • ¿Qué impacto tiene? La ley, prevista para finales de 2026, incluirá asesoramiento gratuito, mecanismos para borrar la huella digital y apoyo psicológico especializado, además de un plan de formación para técnicos ya en marcha.

La reunión, celebrada en Santiago de Compostela, se enmarca en una ronda de contactos que la Xunta mantiene con víctimas, especialistas y profesionales vinculados a la protección de menores. La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, destacó la importancia de escuchar directamente a quienes han sufrido este tipo de situaciones para construir una respuesta normativa ajustada a la realidad. El objetivo es articular medidas de prevención, detección y atención específicas ante una problemática cada vez más presente entre adolescentes.

La reunión con las víctimas: un paso esencial en la elaboración de la ley

La madre, Judith de la Fuente, relató cómo su hija, una menor de apenas 12 años, fue víctima de la difusión de fotografías íntimas obtenidas por otro menor tras amenazar a sus padres. El caso tuvo un profundo impacto emocional en la adolescente, que continúa afrontando las consecuencias psicológicas. Judith de la Fuente lamentó que el presunto agresor, también menor de edad, no haya tenido que afrontar responsabilidades penales, una circunstancia que, a su juicio, deja desprotegidas a muchas familias.

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“Las víctimas necesitan apoyo y que los agresores no salgan impunes”, defendió durante el encuentro, en el que trasladó a la Administración autonómica la necesidad de reforzar los mecanismos de protección y acompañamiento. La reunión contó con la presencia del director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba; una agente del Equipo Mujer-Menor de la Guardia Civil, Graciela Pérez; la psicóloga Cristina Lage; y el presidente de la asociación Alar, Fernando Trueque.

La futura Ley de Violencia y Acoso Digital, tal y como ha avanzado la Xunta, aspira a convertirse en pionera en España . A la reunión asistieron también los representantes de la Guardia Civil y de asociaciones que trabajan con menores, en un gesto que la conselleira definió como “un paso imprescindible” para diseñar herramientas útiles.

La ley gallega aspira a ser la primera norma autonómica en España que aborda de forma integral el acoso digital con un enfoque centrado en la víctima.

Medidas previstas: asesoramiento, borrado de huella digital y prevención

Entre las medidas ya anunciadas por el Ejecutivo gallego figura la creación de un servicio gratuito de asesoramiento para las víctimas y sus familias, un espacio virtual de información especializada y mecanismos para facilitar el borrado de la huella digital derivada de contenidos difundidos sin consentimiento. También se contemplan programas de intervención psicopedagógica para prevenir conductas adictivas relacionadas con el uso de las tecnologías.

Además, la conselleira recordó que este mismo mes de junio se puso en marcha el primer plan de formación específico para personal técnico, una iniciativa que dotará a profesionales de los servicios sociales, educativos y de atención a las víctimas de herramientas para detectar y abordar estas situaciones. La Xunta confía en que la norma permita ofrecer una respuesta más eficaz frente al ciberacoso, la difusión no consentida de imágenes íntimas, las amenazas en redes sociales, la violencia sexual digital o el control mediante dispositivos tecnológicos.

El Laboratorio Gallego

Con el PPdeG gozando de una sólida mayoría absoluta en el Parlamento de Galicia, la tramitación de esta ley no debería encontrar obstáculos legislativos significativos. La oposición, encabezada por el BNG y el PSdeG, todavía no se ha pronunciado formalmente sobre el texto, pero el contexto político gallego hace prever un respaldo amplio a una iniciativa de marcado carácter social. La Xunta de Alfonso Rueda explota así un filón que aúna consenso y proyección más allá de San Caetano.

La dimensión nacional de esta ley es inmediata: hasta ahora no existe en España una normativa autonómica que regule de manera integral la violencia digital. Si la Xunta logra aprobarla antes de finales de 2026, se convertirá en un referente que otras comunidades podrían replicar o que incluso podría inspirar futuras modificaciones del Código Penal o de la Ley de Protección del Menor. No es casualidad que la Consellería de Política Social esté recogiendo testimonios directos: el modelo gallego aspira a ser más empírico y menos abstracto que los debates que suelen darse en el Congreso de los Diputados. La proyección temporal apunta al próximo período de sesiones, en otoño, cuando la Xunta podría presentar el borrador definitivo ante el Parlamento autonómico.

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Ficha del Caso

  • El caso: Una menor gallega de 12 años sufrió la difusión de imágenes íntimas por otro menor, que no tuvo consecuencias penales. Su madre ha trasladado su experiencia a la Xunta para ayudar a diseñar una ley de protección.
  • Datos importantes: La ley incluirá asesoramiento gratuito, borrado de huella digital y apoyo psicológico. El plan de formación para técnicos ya está en marcha desde junio de 2026.
  • Resumen: Galicia se sitúa a la vanguardia legislativa en España con una norma que parte del testimonio directo de las víctimas y que podría marcar el camino para otras regiones y para la política nacional de protección digital.